En 10 años se han invertido $11,4 billones en atención de emergencias y desastres y megaproyectos para reducir riesgos
En medio de la fotografía actual que se presenta por las afectaciones del fenómeno de La Niña en el país, en donde los eventos son reiterativos, los puntos críticos están identificados desde hace años y se conocen en su mayoría los riesgos, un ejercicio liderado por la Contraloría identificó inversiones que superan los $11.4 billones en la última década.
Sin embargo, proyectos a cargo del Fondo Adaptación y la Ungrd están empantanados y no logran terminarse. Y la nueva ola invernal trae otra vez tragedias y damnificados.
A pesar de la falta de información oficial unificada, la CGR logró identificar que, en el 2021 y primer trimestre de 2022, se habrían presentado 1.038 calamidades declaradas y 8.756 emergencias generadoras de afectaciones, dejando 297 fallecidos y 1.121.333 damnificados.
En el mismo periodo se habría generado una inversión de $1.18 billones en atención, que corresponden a $670.074 millones invertidos únicamente en atención de emergencias y calamidades e inversiones en obras de emergencias por más de $516.717.
Cundinamarca sería el departamento más afectado por las lluvias, con afectación del 70% del territorio, dejando más de 15 fallecidos, obligando a declarar calamidad pública departamental, con una inversión para atención que supera los $23.000 millones.
A la fecha el proyecto de atención de emergencias y desastres con mayor inversión es la reconstrucción del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, superando una inversión de $94 mil millones del orden nacional y $7 mil millones en atención de damnificados.
Bogotá, 23 de mayo de 2022.
Al cumplirse una década de la puesta en marcha de la política nacional de gestión del riesgo de desastres, y justo cuando varias regiones del país afrontan una nueva situación de emergencia invernal en puntos críticos identificados desde hace varios años, la Contraloría General de la República consolidó la información de los recursos invertidos en tales actividades en este tiempo (de 2012 a 2022), y encontró que pasan de los 11,4 billones de pesos, pero que su impacto está lejos de ser el esperado.
Estos recursos se han destinado través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Fondo Adaptación en obras y proyectos para la reducción del riesgo.
De $9.4 billones que le fueron aprobados al Fondo Adaptación desde el 2012, se han asignado $8.1 billones y contratado $7.7 billones, para la ejecución de cinco megaproyectos: Canal del Dique, La Mojana, Gramalote, Jarillón de Cali y Río Fonce, en seis sectores (vivienda, educación, salud, acueducto, transportes y reactivación económica).
Ninguno de estos proyectos se ha concluido y se han presentado atrasos e incumplimientos reiterados.
Así mismo, no se ha terminado ninguno de los proyectos para la atención de necesidades de las comunidades afectadas.
Durante las vigencias 2019, 2020 y 2021, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha comprometido recursos por $3.3 billones, representados en 255 proyectos, de los cuales 44 han sido terminados (el 17,2%), 80 están en ejecución y 131 en proceso de contratación.
Por otra parte, se ha podido identificar que, en los últimos 18 meses, sólo con destino a la atención de eventos, cuyo impacto en vidas, bienes, medio ambiente ha resultado altamente representativo, se ha destinado una inversión que supera los $1.18 billones de recursos del orden nacional y territorial.
Esta es la situación que ha podido identificar la Contraloría General de la República de proyectos a cargo de la UNGRD y el Fondo Adaptación:
Proyectos de la UNGRD
*En Puerto Venecia – Municipio de Achí (Bolívar), se destaca un contrato para mitigar el riesgo y evitar las afectaciones por erosión que se viene presentando desde el año 2020 y que tenía como fin evitar las afectaciones de la siguiente ola invernal por $11.782 millones, cuyo valor inicial fue $6.886 millones y se adicionó en más del 50% por $4.671 millones.
Se trata de una obra de emergencia que además de reportar una suspensión de 143 días, muestra un avance de apenas el 75%, no se ha terminado y su costo ha sido del doble de lo proyectado.
La Fase 4 del proyecto de Protección de la orilla del Río Magdalena en Salamina (Magdalena) que buscaba mitigar el riesgo de inundación de las comunidades de Salamina y el Piñón, contaba inicialmente con recursos por $37.000 millones y se necesitó generar nuevos recursos por $29.760 millones con el fin de lograr una solución definitiva.
Sin embargo, los habitantes manifiestan que se ha incrementado el riesgo de inundación y se informó a la Contraloría que el pasado 10 de mayo se generó un colapsó del espolón del kilómetro 2.1 de la vía Salamina – El Piñón.
Así mismo las obras de emergencia por $19.852 millones, para el control de eventos de inundación que sucedieron en el año 2020 en Cara ‘e Gato, jurisdicción del municipio de San Jacinto del Cauca, sur de Bolívar, que buscaban generar una solución definitiva a la amenaza de riesgo para los municipios de Ayapel, San Marcos, San Benito de Abad, Caimito, Sucre, Guaranda y Majagual, solo iniciaron su ejecución en septiembre de 2021 y el 3 de marzo pasado se conoció que una creciente súbita del río Cauca, provocada por las fuertes lluvias que se registran en el interior del país, rompió 40 metros del jarillón de la primera fase y se generó la consecuente inundación sin que el proyecto se haya culminado.
Proyectos del FONDO ADAPTACIÓN
El macroproyecto La Mojana inicialmente fue estimado en $600.000 millones, se ajustó a $341.000 millones, de los cuales sólo se han asignado $220.000 millones para las obras de mitigación.
A la fecha no se ha finalizado, pero el Fondo Adaptación indica que se han invertido $934.000 millones, justificando dicho monto con las inversiones realizadas en el mejoramiento de calidad de vida de las comunidades vulnerables en los sectores de vivienda, educación, salud, reactivación económica, acueducto y transporte.
Si bien las inversiones del Fondo Adaptación, la UNGRD y las Entidades Territoriales superarían los $1.2 billones, el Gobierno Nacional ha anunciado una inversión de $2.5 billones para obras de solución a inundaciones en la subregión de La Mojana, que cubre los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba, Sucre.
Ya se emitió el primer CONPES 4076 de Declaración de Importancia Estratégica Regional (DIER), el cual contempla inversiones por más de $1,8 billones para mitigar el riesgo de desastres.
Gramalote es otro megaproyecto que surge de la ola invernal 2010-2011. Su valor estimado fue de $163.800 millones, pero se ajustó a $328.600 millones. Aún no ha sido finalizado y ha presentado inconvenientes con temas como sus vías de acceso e internas, no tiene zonas de parqueo, presenta fallas en la plaza de mercado, falta de visualización de la actividad económica de sus pobladores y se han retardado los tiempos de entrega en más del doble de lo planeado.
Aunque existen compromisos de finalización desde el año 2018, de acuerdo con los informes de seguimiento de la CGR, en la actualidad no hay un compromiso o fecha para su finalización. De 1007 viviendas sólo se han construido 844, con un contrato que ya finalizó su fecha de ejecución.
El Macroproyecto Jarillón de Cali suscribió en el año 2015 el Convenio Interadministrativo 001, con el que se establecieron las responsabilidades del Plan Jarillón, con una inversión de $975.000 millones, donde el Fondo de Adaptación es responsable de la financiación y de los proyectos de vivienda.
Como contrapartida, a la Alcaldía de Cali le correspondió la reubicación de 8.777 familias, a la Corporación Autónoma del Valle del Cauca CVC la reconstrucción de 26,1 km de dique y a las Empresas Municipales de Cali (EMCALI) la protección de las plantas de agua potable y alcantarillado.
A la fecha el macroproyecto no se ha culminado.
La CVC tiene contratadas obras de realce y reforzamiento de 25,6 km del Jarillón y ya se culminaron 22 km. Está pendiente por parte de la Alcaldía de Cali la reubicación de 1.500 familias, sin embargo, no se tiene claridad sobre los recursos para cumplir este compromiso y en el caso del Fondo Adaptación están pendientes 580 soluciones de vivienda.
Recolección de información con las oficinas de gestión de riesgo
En medio de los anuncios del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en los que indica que el fenómeno de La Niña, de acuerdo a los análisis propios y de otros centros internacionales de predicción climática, tendría una posibilidad superior al 50% de quedarse hasta el segundo semestre de 2022, la Contraloría General de la República, a través de la Delegada para la Participación Ciudadana, luego de desarrollar seguimiento a los recursos invertidos para emergencias y desastres en el país, consolidó la información correspondiente a los recursos invertidos en emergencias, desastres, proyectos y megaproyectos ejecutados para la reducción del riesgo, una década después de entrar en vigencia la Ley 1523 de 2012.
Para este efecto, el organismo de control realizó un trabajo articulado con las oficinas de gestión del riesgo de los 32 departamentos del país, el Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo.
Así mismo, con el trabajo conjunto se consolidaron los recursos territoriales invertidos en las emergencias presentadas y la recurrencia de eventos y puntos críticos en cada región del país, así como la información y cuantificación de la capacidad física instalada y el valor de las ayudas en especie dadas desde el nivel central.
En los últimos 15 meses, se han presentado 1.038 calamidades
Con el seguimiento realizado junto a las oficinas de gestión del riesgo de los 32 departamentos del país, la CGR logró consolidar información de más del 75% de los municipios del país, identificando que entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de marzo de 2022, se habrían presentado 1.038 calamidades declaradas, 8.756 emergencias generadoras de afectaciones, dejando 297 fallecidos, 1.121.333 damnificados, afectaciones en la malla vial del 78% de los Departamentos, y afectaciones en viviendas, centros de salud, instituciones educativas, acueductos y sistemas de alcantarillado y miles de hectáreas afectadas.
Para la atención de dichas emergencias y calamidades se habría generado una inversión de $1.18 billones, que corresponden a $670.074 millones destinados únicamente a la atención de emergencias y calamidades y obras de emergencias por más de $516.717 millones.
Teniendo en cuenta los recursos invertidos, personas fallecidas, damnificadas y afectadas y daños causados por los eventos, uno de los departamentos más afectados por el fenómeno de La Niña en el primer trimestre de 2022 sería Cundinamarca, donde la afectación ha alcanzado el 70% del territorio dejando más de 15 fallecidos, obligando a declarar calamidad pública departamental, con una inversión para atención que supera los $23.000 millones.
Necesaria coordinación
A pesar que el 24 de abril de 2022 se cumplieron diez años de haberse sancionado la Ley 1523 de 2012, con la que en Colombia se estableció una política pública para la gestión del riesgo, que fortaleció el Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres, con este trabajo articulado que pudo hacer la Contraloría General de la República con las oficinas de gestión de riesgo departamental se dan los primeros pasos para lograr una coordinación institucional y unificar información que permita tomar las decisiones correctas.
Para la CGR, es necesario contar con toda la información que permita realizar los diagnósticos del riesgo, con sus causas, efectos sociales, ambientales, financieros, y así desarrollar una articulación efectiva y eficaz encaminada a gestionar de forma adecuada el riesgo y la ejecución efectiva de los recursos.
De igual manera, el ente de control realizó un llamado a tomar las decisiones que sean necesarias para que se genere información consolidada a través del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres y de un Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo, debidamente articulada y coordinada.
Finalmente la Contraloría General solicitó al Gobierno Nacional y a las entidades que conforman el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, de quienes depende la ejecución de los megaproyectos y proyectos para la reducción del riesgo, a que en forma articulada propendan por la ejecución y cumplimiento de las acciones de prevención y mitigación del riesgo para las personas, las tierras y la infraestructura, las actividades económicas, así como el medio ambiente para las que fueron dispuestas.
La CGR seguirá ejecutando la estrategia de seguimiento a los recursos invertidos en emergencias y desastres, a fin de que los recursos no sean sólo para gastos en atención, sino que la prevención y mitigación se conviertan en el eje central de la gestión del riesgo y las entidades cumplan con sus funciones dentro del marco de direccionar, coordinar y ejecutar las acciones y recursos implementados y destinados para mejorar la calidad de vida de la población vulnerable.
Con información suministrada por la Contraloría General de la República
Con foto tomada de la FM