El Amazonas colombiano: un enjambre de corrupción

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A $26.474 millones de pesos llega el monto total de 10 procesos de responsabilidad fiscal y 2 indagaciones preliminares que adelanta la Contraloría General de la República en el departamento de Amazonas, en casos emblemáticos donde se investigan irregularidades que produjeron presuntos daños patrimoniales a entidades como el Departamento de Amazonas, el Municipio de Leticia, INVÍAS, la Financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER) y el Fondo Nacional de Turismo – FONTUR.

El anuncio lo hizo en visita a Leticia el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, quien entregó los detalles de los procesos e indagaciones así:

1- Entidad Afectada: Municipio de Leticia.

Cuantía del daño imputado: $ 9.581 millones

La Contraloría General de la República adelanta Proceso de Responsabilidad Fiscal por irregularidades evidenciadas en el Contrato No. 504 del 08 de noviembre de 2018, suscrito entre el municipio de Leticia – Amazonas y la Unión Temporal Faro y cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN MUELLE FLUVIAL DE PASAJEROS DEL MUNICIPIO DE LETICIA – AMAZONAS” por un valor de $12.600 millones y con un plazo de ejecución de doce (12) meses.

El proceso de responsabilidad fiscal tuvo su origen en un hallazgo producto de auditoria adelantada por la Unidad de Seguimiento y Auditoria de Regalías de la CGR, donde se cuestiona la no amortización del anticipo, el pago de obra no ejecutada y un avance de la misma de tan sólo el 13,23%. 

En desarrollo de este proceso, ya fue imputada responsabilidad fiscal y se decretaron medidas cautelares contra los presuntos responsables. Y se vinculó en debida forma a las compañías aseguradoras para garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio.

Presuntos Responsables Fiscales:

1.    JOSÉ HUBER ARAUJO NIETO, en su condición de alcalde del municipio de Leticia – Amazonas en el periodo 2016 a 2019.

2.    JORGE LUIS MENDOZA MUÑOZ, en su condición de alcalde del municipio de Leticia – Amazonas para el periodo 2020 a 2023. 

3.    ARGEMIRO PERDOMO SANTOS, en su condición de secretario de Planeación e Infraestructura desde el 05 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2019. 

4.    VICTOR JULIO SEGURA RUIZ, en su condición de secretario de Planeación e Infraestructura desde el 03 de enero de 2020 a 2021.

5.    TRAING TRABAJOS DE INGENIERÍA S.A.S., representado legalmente por Edgar Eduardo Santacruz Morales como miembro de la Unión Temporal FARO. 

6.    INGENIERÍA W.H. S.A.S, representada legalmente por Winston Onésimo Hernández Casallas como miembro de la Unión Temporal FARO. 

7.    INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FARO S.A.S., representada legalmente por Luis Carlos Falla González como miembro de la Unión Temporal FARO. 

8.    CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S., representada legalmente por Rodrigo José Piedrahita Amín, como miembro del Consorcio INTERFLUVIAL. 

9.    HERGOMS S.A.S., representada legalmente por Jhonattan Alejandro Camargo Ávila, como miembro del Consorcio INTERFLUVIAL.

2 – Entidad Afectada: INVIAS

Cuantía del daño imputado: $2.023 millones

La Contraloría General de la República adelanta Proceso de Responsabilidad Fiscal por valor de $2.023 millones, en virtud del daño al patrimonio público denunciado por irregularidades detectadas en la ejecución del Contrato de Obra No. 688 de 2015, celebrado entre el INVÍAS y el CONCORCIO PILCAS, cuyo objeto era realizar obras de adecuación y rehabilitación del muelle de la ciudad de Leticia – Amazonas, por un valor de $4.031 millones y por un término inicial de ejecución de cuatro (4) meses.

Este proceso de responsabilidad fiscal tuvo origen en un hallazgo producto de la auditoria adelantada por la Gerencia Departamental de la CGR en el Amazonas, por el cual se imputó Responsabilidad Fiscal por las siguientes cuatro irregularidades: 

1.    Mayores Cantidades de Obra Pagadas en el Contrato de obra 688 de 2015.

2.    Pago del ítem de gestión socioambiental sin legalización de los debidos soportes de su causación

3.    Irregularidades en el recaudo por impuesto de estampillas Pro-Universidades estatales y Pro-Universidad de la Amazonía.

4.    Sobrecostos del ítem de movilización y desmovilización de equipos.

Igualmente, se decretaron medidas cautelares y se vincularon aseguradoras para garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio.

3 – APERTURA DE PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR IRREGULARIDADES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS DOMICILIARIAS DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE LA URBANIZACIÓN MANGUARÉ

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

Entidad Afectada: Alcaldía de Leticia – Departamento Del Amazonas.

Cuantía del daño imputado: $ 301 millones

La Contraloría General de la República abrió Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal por presuntas irregularidades evidenciadas en la ejecución del contrato de obra civil de fecha 28 de abril de 2018, cuyo objeto fue la construcción del sistema de aguas lluvias del proyecto de vivienda de la urbanización Manguaré, en el Municipio de Leticia, por un valor de $301 millones, celebrado entre la Alcaldía de Leticia y la firma Constructora Arbech S.A.S.

La apertura de este Proceso de Responsabilidad Fiscal tuvo su origen en la Auditoria y la Indagación Preliminar adelantada por la Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico, en virtud de una denuncia relacionada con irregularidades en la construcción del sistema de aguas lluvias domiciliarias del proyecto de vivienda de la Urbanización Manguaré.

Las obras realizadas no cumplieron con la finalidad del contrato, debido a que no tienen un sistema eficiente de aguas lluvias por cuanto el agua se empoza y el drenaje no es el adecuado por las condiciones del terreno. Así mismo, no cumplieron con los requerimientos realizados por FONADE, lo que conlleva a que las viviendas sigan sin ser entregadas de manera formal a sus beneficiarios.

4 – APERTURA INDAGACIÓN PRELIMINAR DEPARTAMENTO DE AMAZONAS – NO FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL-CDI DE LA URBANIZACIÓN ÑIA NEE MEECH

Entidad Afectada:  FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A -FINDETER

Valor inicial del presunto daño al patrimonio público: $1.248 millones.

La Contraloría General de la República abrió Indagación Preliminar por las irregularidades derivadas del Contrato de obra pública No.PAF-EUC-O-023-2016 celebrado entre Findeter y el Municipio de Leticia, cuyo objeto era la “ejecución de estudios, diseños integrales, construcción y puesta en funcionamiento de un centro de desarrollo modalidad familiar- ubicado en la urbanización ÑIA NEE MEECH en el Municipio de Leticia”; por un valor de $1.248 millones. 

La apertura de la Indagación Preliminar se originó por hallazgo fiscal detectado con ocasión de auditoria adelantada por la Contraloría Delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional. 

Se indaga la no funcionalidad de la obra y abandono de la misma.  

5 – APERTURA INDAGACIÓN PRELIMINAR DEPARTAMENTO DE AMAZONAS- SUMINISTRO DE KITS DE ALIMENTOS COVID-19

Entidad Afectada:  Municipio de Leticia.

Valor inicial del presunto daño al Patrimonio Público: $237 millones 

La Contraloría General de la República inició Indagación Preliminar por las irregularidades evidenciadas en la ejecución del Contrato N.º 250 del 26 de marzo de 2020 por un valor de $1.000 millones, cuyo objeto es el “Suministro de kit de alimentos como apoyo humanitario a población en condición de vulnerabilidad y afectados por la emergencia sanitaria COVID-19”; suscrito entre el Municipio de Leticia y Álvaro Silva Herrera – Comercializadora Getsemaní. 

La apertura de la Indagación Preliminar tuvo su origen en la alerta temprana detectada por la Unidad de Reacción Inmediata, Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata – DIARI-, llevada a cabo en virtud de las presuntas irregularidades en la contratación celebrada por el Municipio de Leticia, con ocasión de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19.

De acuerdo con la alerta detectada, hay un faltante de más de 2.000 kits de alimentos para ayuda humanitaria, que no fueron entregados a las comunidades. 

6 – PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE UN SENDERO PEATONAL ENTRE LA ZONA ALTA DE PUERTO NARIÑO Y LA COMUNIDAD INDÍGENA DE SAN MARTÍN DE AMACAYACU – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

Entidad Afectada: FONDO NACIONAL DEL TURISMO -FONTUR.

Valor inicial del presunto daño al Patrimonio Público: $ 4.896 millones

La Contraloría General de la República adelanta Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal por irregularidades evidenciadas en la ejecución del Convenio de Cooperación No. FNT063-2015 de fecha 22 de abril de 2015, cuyo objeto era “la construcción de un sendero turístico – Ecovía – desde el municipio de Puerto Nariño hasta San Martín de Amacayacu, en el departamento del Amazonas.”, celebrado entre el Fondo Nacional del Turismo (FONTUR), con el Municipio de Puerto Nariño por valor de $4.896 millones. 

La apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal se originó por el hallazgo fiscal, detectado con ocasión de auditoria adelantada por la Contraloría Delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional. 

En este proceso, el reproche fiscal que dio origen al detrimento patrimonial al erario es consecuencia, en primer lugar, de la suscripción del Acta de recibo definitivo de las obras objeto del Contrato No. FNT 002-2016, pese a que las mismas no fueron terminadas en su totalidad y, en segundo lugar, de los defectos de calidad que presentan las obras que efectivamente fueron construidas

Las obras se encuentran inconclusas.  

7 – PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL SOBRE IRREGULARIDADES DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

Entidad Afectada: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS. 

Valor inicial del presunto daño al Patrimonio Público: $391 millones 

La Contraloría General de la República adelanta Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal por irregularidades evidenciadas en la ejecución del contrato de obra No. 001400 de 2018, cuyo objeto era la gestión Integral de los residuos sólidos y el relleno sanitario del Municipio de Puerto Nariño Departamento del Amazonas, celebrado entre el Departamento del Amazonas y las firmas Globaldeck S.A.S y otros, por valor de $782 millones y un plazo de ejecución de 8 meses. 

Este proceso de responsabilidad fiscal tuvo origen en un hallazgo producto de auditoria adelantada por la Gerencia Departamental de la CGR en el Amazonas.

Se adelanta por motivo de debilidades en la etapa de planeación y en la Supervisión e Interventoría, en donde no se informó a tiempo sobre la falta de la licencia ambiental con el respectivo procedimiento contractual; generando que, a pesar del desembolso del anticipo, finalmente no se cumpliera con el objeto contratado y fines de la contratación, ocasionando así un detrimento al patrimonio del Estado.

8 – PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL SOBRE IRREGULARIDADES EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

CUANTÍA TOTAL: $ 7.797 MILLONES

Entidad Afectada: DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

La Contraloría General de la Republica adelanta cinco (5) procesos de responsabilidad fiscal por valor de $ 7.797 millones, por irregularidades en el programa de alimentación escolar en el departamento de Amazonas. 

Los procesos objeto del reproche fiscal son los siguientes:

1.    Valor inicial del daño al Patrimonio Público: $ 2.917 millones

Irregularidades dentro del contrato No. 2232 del 23 de diciembre de 2019, suscrito entre la Gobernación del Amazonas y el Consorcio Alimentación Infantil 2020, derivadas de pagos sin legalizar debido a que no se suministraron los soportes de entrega de “complementos alimenticios” por parte del contratista. El objeto del contrato se relaciona con El PLAN DE ALIMENTACION ESCOLAR -PAE.

2.    Valor inicial del daño al Patrimonio Público: $1.885 Millones

Irregularidades dentro del contrato No. 2232 del 23 de diciembre de 2019, suscrito entre la Gobernación del Amazonas y el Consorcio Alimentación Infantil 2020, derivadas de la ausencia de soportes respecto a la amortización del anticipo, igualmente por la no devolución de los rendimientos financieros causados por dicho concepto. El objeto del contrato se relaciona con El PLAN DE ALIMENTACION ESCOLAR – PAE.

3.    Valor inicial del daño al Patrimonio Público: $1.838 Millones

Presuntas irregularidades dentro del contrato No. 547 del 22 de febrero de 2021, suscrito entre la Gobernación del Amazonas y la Unión Temporal Katawa, derivadas de pagos sin legalizar debido a que no se suministraron los soportes de ejecución de marzo-agosto de 2021, ausencia de soportes respecto a la amortización del anticipo, igualmente por la no devolución de los rendimientos financieros causados por dicho concepto. El objeto del contrato se relaciona con El PLAN DE ALIMENTACION ESCOLAR – PAE. Los recursos pertenecen al Presupuesto General de Rentas y Gastos de la Entidad 2020.

4.    Valor inicial del daño al Patrimonio Público: $ 860 Millones

Presuntas irregularidades en la ejecución del contrato No. 2236 de 2019, para el suministro de víveres en los internados del Amazonas porque no hay soportes en la ejecución de los recursos del anticipo y la devolución de los rendimientos financieros.

5.    Valor inicial del daño al Patrimonio Público: $ 296 millones 

La Contraloría General de la República adelanta Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal por irregularidades evidenciadas en el contrato No. 1621 de fecha 28 de diciembre de 2018, cuyo objeto era “suministro de ración servida de acuerdo a programa de alimentación escolar PAE para alumnos registrados en el SIMAT de las instituciones educativas priorizadas”, por valor de $4.468 millones y un plazo de ejecución de 11 meses.  

Este proceso de responsabilidad fiscal tuvo origen en hallazgo producto de auditoria adelantada por la Gerencia Departamental de la CGR en el Amazonas.

El reproche fiscal se generó por concepto de pago irregular de manipuladoras, irregularidades en la ración industrializada y mal manejo del anticipo.

Igualmente, se ignora el procedimiento que utilizó el Departamento para realizar el seguimiento y supervisión respecto de las cantidades requeridas de alimentos, para los estudiantes de las diferentes Instituciones Educativas del Amazonas.

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

En una Auditoría de Cumplimiento a la gestión adelantada en el departamento del Amazonas sobre los recursos del Sistema General de Participaciones Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP APSB) ejecutados en las vigencias 2020 y 2021, la Contraloría General de la República identificó un total de 14 hallazgos administrativos, 14 disciplinarios, 4 penales, 1 que da lugar a Indagación Preliminar y 8 hallazgos fiscales por valor de $ 9.245 millones.

Estos hallazgos dieron lugar a su vez a la apertura de 8 procesos de responsabilidad fiscal por este mismo monto en contratos relacionados con proyectos como la Optimización del Acueducto de Tarapacá, la construcción del acueducto de Puerto de Santander, la Optimización del sistema de Alcantarillado de Puerto Arica y la Optimización del sistema de acueducto de alcantarillado de Puerto Santander

Entre las principales deficiencias encontradas en la auditoría adelantada por la Contraloría Delegada para el Sector de Vivienda y Saneamiento Básico y la Gerencia Departamental de la CGR en el Amazonas, se destacan las siguientes:

  • Deficiencias significativas en el cumplimiento de las competencias y obligaciones del ente territorial en relación con la eficiente inversión de los recursos del SGP APSB frente a la realización y terminación de los contratos de obra y/o proyectos de infraestructura, especialmente en las Áreas No Municipalizadas, debido a que la mayoría se encuentran con pagos de anticipos pero sin culminar las obras y también en otros casos las obras no se realizaron de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas o se presentaron deficiencias en la etapa de planeación y diseños, llevando a que, en el momento todos los proyectos no estén finalizados y sin prestar un servicio adecuado a las distintas comunidades destinatarias de la inversión pública.  
  • Deficiencias y presuntas omisiones en las labores de supervisión e interventoría especialmente en el caso de los contratos de los proyectos de infraestructura ejecutados en las distintas Áreas No Municipalizadas, donde en algunos casos a pesar de ser evidente el incumplimiento del objeto contractual no se han realizado las acciones y/o gestiones para declarar los posibles incumplimientos de los contratos.
  • Se evidencian serias debilidades en el control y aplicación de las normas que rigen las etapas precontractual, contractual y post contractual, lo que se refleja en deficiencias en los estudios previos y diseños técnicos de algunos proyectos. De igual manera, se observan deficiencias significativas en el seguimiento y control a los contratos suscritos por la entidad territorial durante las vigencias auditadas que conllevaron a que se causaran presuntos daños fiscales por pago de obras no ejecutadas y/o anticipos hasta el momento no legalizados.  
  • La situación actual de los proyectos y contratos de obra genera una afectación en la adecuada y eficiente prestación de los servicios de acueducto y saneamiento básico, afectando el resultado de los indicadores estratégicos del servicio que presentan un nivel muy bajo de prestación del mismo en la mayoría de las Áreas No Municipalizadas.

Por estas irregularidades, la Gerencia Departamental de la CGR en el Amazonas abrió 8 Procesos de responsabilidad Fiscal, así:

*Contrato 1375/2017 Optimización del Acueducto de Tarapacá 

Proceso de Responsabilidad Fiscal en cuantía de $449.223.716

El sistema de acueducto del área no municipalizada de Tarapacá no presta funcionalidad y no ha atendido la necesidad que se pretendía suplir con el desarrollo del proyecto materializado en el contrato no. 1375 de 2017, con lo cual se configura un presunto detrimento patrimonial al estado, que asciende a la suma total invertida en la ejecución de las obras por valor de $449.223.716.

*Contrato 2179/2019 Construcción del acueducto de Puerto Santander.

Proceso de Responsabilidad Fiscal en cuantía de $967.300.022

Contrato suspendido del cual la Gobernación informa que se encuentra en proceso de modificación. Las obras contratadas no se han ejecutado; el avance es 0%: no se ha invertido el anticipo y no se puede justificar mantener suspendido el contrato, con el argumento que se va a modificar, lo cual es un hecho incierto.

*Contrato 2176/2019 Optimización sistema del alcantarilladode Tarapacá

Proceso de Responsabilidad Fiscal en cuantía de $948.363.458 (Pagos al contratista – anticipo 50%)

El sistema de alcantarillado del área no municipalizada de Tarapacá no presta funcionalidad y no ha atendido la necesidad que se pretendía suplir con el desarrollo del proyecto, con lo cual se configura un presunto detrimento patrimonial al estado que asciende a la suma total invertida en la ejecución de las obras, por valor de $948.363.458.

*Contrato 2174/2019 Optimización del sistema de alcantarillado de Puerto Arica

Proceso de Responsabilidad Fiscal en cuantía de $1.092.744.698 (Pagos al contratista – anticipo 50%)

El contrato no ha cumplido la funcionalidad. Adicionalmente la interventoría certificó un avance físico de las obras del 100% y en las visitas realizadas por la CGR, se evidencio que es menor a ese porcentaje. Se configura así un detrimento patrimonial al estado que asciende a la suma total invertida en la ejecución de las obras por valor de $ 1.092.744.699

*Contrato 840/2019    Optimización del sistema de acueducto y alcantarillado de Puerto Santander

Proceso de Responsabilidad fiscal en cuantía de $2.255.951.970

Las obras realizadas en el marco del contrato de obra 0840 de 2017, no están en funcionamiento, ni cumplen con las especificaciones que plantea la Resolución 0330 de 2017 (actualización del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico -RAS). Tampoco cumple con las condiciones técnicas que impone el contrato en mención, lo que representa un presunto daño fiscal en cuantía de $2.255.951.970, correspondiente a las actas parciales de obra pagados al contratista y certificados por parte del supervisor del contrato.

*Contrato 1016/2017 Contrato de interventoría, Supervisión, Seguimiento Técnico y administrativo al contrato 840/2017 Sistema de acueducto y alcantarillado de Puerto Santander

Proceso de Responsabilidad Fiscal en cuantía de $229.719.400

Las obras realizadas en el marco del contrato de interventoría 1016 de 2017, no están en funcionamiento, ni cumplen con las especificaciones que plantea la resolución 0330 de 2017 (actualización RAS). Tampoco cumple con las condiciones técnicas que impone el contrato en mención, lo que representa un presunto daño fiscal en cuantía de $229.719.400, correspondiente a las actas parciales del contrato de interventoría.

*Contrato 048/2018 Abastecimiento y ampliación cobertura El Chochal; Santa María y el Internado en La Chorrera

       Proceso de Responsabilidad Fiscal en cuantía de $2.967.021.839

Se presentaron errores de diseño que obligaron a reformular el proyecto con adición de recursos, sin embargo, las obras no han sido ejecutadas ni la comunidad ha recibido beneficio alguno. No se han terminado las obras del pozo profundo que sirve de captación, no funcionan los paneles del sistema fotovoltaico, no se han realizado las pruebas de presión en la red, y en general, no se ha logrado ampliar la cobertura del servicio de acueducto en las áreas dispersas del corregimiento chorrera.

*Contrato 0819/2020 Construcción de cerramiento y lecho de secado de lodos en la PTAR Manguare – Municipio de Leticia.

      Proceso de Responsabilidad Fiscal en cuantía de $334.833.804

No se ha dado la construcción de la estructura del lecho de secado de lodos y el suministro de una electrobomba, inversiones previstas en el marco del contrato 0819 de 2020.

Esto se debe a que en la actualidad no se está realizando tratamiento de secado y disposición alguno a los lodos (biosólidos) que produce la PTAR, lo que advierte una inminente saturación de la tolda de lodos de la planta, situación que pone en riesgo tales inversiones.

LOS TRES ELEFANTES BLANCOS

La Contraloría General de la República alertó sobre la situación de tres proyectos que se desarrollan en el departamento del Amazonas, tienen un avance técnico de más del noventa por ciento y corren el riesgo de quedar como elefantes blancos.

El primero es el proyecto de Nueva infraestructura para el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. La institución educativa tuvo un valor inicial de $31.797 millones correspondientes a la obra, más $1.780 millones de interventoría. Ha tenido dos adiciones por valor de $7.794 millones de pesos y actualmente tiene un costo de $ 41.332 millones, recursos provenientes de regalías.

Pese a que a la fecha el proyecto presenta un avance de ejecución financiera del 97.02% y física de 97.27%, la obra presenta falencias en su ejecución, que van desde falta de servicios públicos, inundaciones y goteras en temporada de lluvias, falta de acabados, grietas, filtraciones y humedad en los salones, entre otras.

Aunado a lo anterior, el colegio está en funcionamiento y la población estudiantil no cuenta con agua potable y conexión energética. Las barandas que fueron instaladas en los segundos pisos de la Institución Educativa presentan riesgo para los estudiantes que cursan 3 y 4 primaria, porque no se cuenta con malla de seguridad.  

Ante estas anomalías, la administración departamental anunció que se está estudiando la posibilidad de dar por terminado el contrato ante el incumplimiento presentado por el Grupo Empresarial Líbano S.A.S.

Proyecto energético con múltiples suspensiones y prórrogas

Está también el proyecto “Desarrollo de soluciones energéticas hibridas para el abastecimiento de energía eléctrica”, suscrito por la administración departamental con el Consorcio Amazonas, en el año 2015, con el fin de atender las necesidades de energía eléctrica en las comunidades indígenas de Macedonia, San Martín de Amacayacu y 20 de Julio, del municipio de Puerto Nariño.

A este proyecto, le restan solo 4 meses para la entrega final de la obra y presenta un avance técnico del 68.74%. Tuvo un valor inicial de $ 26.869 millones, adiciones por $2.866 millones, y un costo total de $ 29.736 millones. 

A la fecha ha tenido 7 suspensiones, 17 ampliaciones y 8 prórrogas, avaladas por la interventoría y las cuales se relacionan, entre otros factores con la reubicación del lote adjudicado en la comunidad indígena de Macedonia, lo cual conllevó al ajuste de los estudios y diseños en forma integral.

Pese a que la administración departamental muestra interés en entregar la obra a las comunidades indígenas, la misma se encuentra suspendida desde el mes de septiembre de 2022, como consecuencia de la falta de recursos para dar por terminado lo que resta del proyecto, por diferencias de carácter jurídico y administrativo entre la administración y el contratista.

Muelle Fluvial de pasajeros: tiene avance físico del 14% y financiero del 50%

Este contrato de obra suscrito en noviembre de 2018 con la Unión Temporal Faro tenía un plazo inicial de ejecución de 12 meses y a la fecha ha tenido 3 suspensiones, 22 ampliaciones y una prórroga.

El proyecto, que beneficiará a 55.355 habitantes de Leticia y Puerto Nariño tiene un valor de $13.671 millones, de los cuales $12.600 millones corresponden al contrato de obra y $ 1.071 millones a interventoría.

A la fecha la obra se encuentra suspendida, desde el 18 de octubre del 2021, debido a que se deben realizar ajustes técnicos a los estudios y diseños iniciales. El proyecto se encuentra en un proceso de ajuste técnico y presupuestal ante el Sistema General de Regalías.

Pese a que la obra debió ser entregada el 4 de diciembre de 2019, el avance físico es de tan solo el 14 por ciento, mientras que el financiero es del 50 por ciento. 

Actualmente la administración municipal está tramitando un proceso sancionatorio por el anticipo, el cual está para fallo.

Con información suministrada por la Contraloría General de la República

Con foto tomada de elimpulso.com