La Contraloría informó que detectó, en auditorías, 30 hallazgos fiscales por $132.025 millones de regalías en La Guajira. Del total, 95% ($125.739 millones) fueron declarados de impacto nacional. Tal y como lo describió ese organismo, hay proyectos “con evidente falta de planeación, obras que no prestan el servicio para el cual fueron hechas, urbanizaciones de vivienda sin terminar, escenarios recreativos y deportivos que fueron entregados y se encuentran en mal estado y abandonados”.
De la millonaria cifra, se calcula que $37.000 millones corresponden a resultados de la Actuación Especial sobre el Ocad Paz. Por el otro, el mayor detrimento patrimonial detectado y declarado de impacto nacional alcanza los $15.616 millones que resultan de la implementación de un sistema de producción agrícola y pecuario para fomentar la agricultura campesina, familiar y comunitaria (ACFC) en el municipio de Dibulla.
Dentro de los hallazgos fiscales que determinó la Contraloría están los más de 14 mil millones que están detrás del proyecto de construcción y adecuación de escenarios recreativos y deportivos en la zona rural y urbana en el municipio de Jagua del Pilar. La obra, a pesar de haber sido entregada, no se encuentra a disponibilidad del uso de la comunidad. “Se encuentra en mal estado y en condición de abandono”, dice la entidad.
Al listado de obras se suma la construcción del colector de redes de acueducto y obras complementarias del corregimiento El Pájaro, del Municipio de Manaure. El proyecto, que supera los $11.384 millones de pesos en costos, se encuentra suspendido. La obra tiene un avance del más del 90%, sin embargo, por un conflicto de deudas con la empresa AIRE, se ha impedido que haya energía para el funcionamiento de la obra. Se encuentra suspendido desde junio del 2022.
Le sigue a este escándalo los $10.103 millones de pesos que fueron destinados a la construcción de viviendas de interés prioritario en los municipios de Riohacha y Manaure.
“Este detrimento correspondió a la ejecución de una obra que no prestó los servicios para los que fueron aprobados los recursos. De igual manera, esta obra sufre de una suspensión y tiene cerca de 700 viviendas construidas que no prestan servicio”, dice la Contraloría en su comunicado.
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