“La Segunda Marquetalia les desea una Feliz Navidad”. La pancarta sigue colgada en la entrada de un pueblo rural del suroeste de Colombia, en el conflictivo departamento de Nariño, muchos meses después de esa festividad.
Los milicianos de esa disidencia de las FARC, que impone su dominio en esta zona, están iniciando complejas negociaciones de paz con el gobierno colombiano.
Las plantaciones de hoja de coca para la fabricación cocaína se extienden por toda la localidad de Zavaleta y atraviesa los jardines de las casas de ladrillo.
– “El Patrón” –
Bajo el calor de la tarde, batallones de motocicletas recorren la calle principal del pueblo. Con pistolas al cinto, brillantes cadenas de oro y miradas desconfiadas a los desconocidos, entre el estruendo de equipos de sonido, cocaleros y guerrilleros empiezan a copar los bares de billar como “El Patrón”, con la efigie del abatido capo del narcotráfico Pablo Escobar.
Pronto se abren también prostíbulos que muestran a vedettes en bikini en sus fachadas.
En este ambiente ‘western’ aun reina el orden. “En Zavaleta, el orden es la Segunda Marquetalia”, dice el responsable de una organización de agricultores.
La policía y el ejército están ausentes, atrincherados en sus bases, a decenas de kilómetros de distancia, a lo largo de la carretera principal.
Dirigida por Iván Márquez, líder de las antiguas FARC, la Segunda Marquetalia fue fundada en 2019 por miembros de esa guerrilla marxista que retomaron las armas luego de la firma del histórico acuerdo de paz de 2016.
Durante un tiempo en declive, la disidencia consiguió en menos de dos años unificar a una miríada de grupos rebeldes en Nariño bajo el paraguas de las Guerrillas Unidas del Pacífico, a costa de una sangrienta guerra en 2023 contra el Estado Mayor Central (EMC), el principal grupo escindido de las FARC.
Desde entonces, la Segunda Marquetalia domina esta región del Pacífico.
El departamento de Nariño, con 1,6 millones de habitantes, concentró el 27,3% de las víctimas del conflicto en todo el país en 2023, según el centro de estudios Indepaz. Entre 2016 y 2024, allí se cometieron una treintena de masacres y 130 líderes sociales fueron asesinados en el mismo periodo.
– “Inversiones conjuntas” –
En 2022, la región estaba muy por delante al resto del país en cuanto a cultivo de coca (95.000 hectáreas de un total de 230.000).
Patrocinada por cárteles mexicanos, el “ascenso y consolidación en la sociedad” de la Segunda Marquetalia “ha sido impresionante”, considera Elizabeth Dickinson, analista del International Crisis Group (ICG).
“Aquí se cultiva coca en acuerdo con la Segunda Marquetalia”, asegura un líder campesino, a un paso de los laboratorios donde los trabajadores llevan en la espalda bolsas llenas de la preciada hoja.
La sustitución de cultivos de coca fue un compromiso del Estado en los acuerdos firmados con las FARC en 2016. Pero para “hacer el tránsito a las economías lícitas”, dice Walter Mendoza, jefe negociador de la Segunda Marquetalia, “se requiere transformar los territorios en profundidad y con hechos reales”.
El grupo afirma trabajar “con y para” los agricultores y habla de “inversiones conjuntas para el bienestar de la comunidad”.
Los expertos describen un “control coercitivo” de la población.
El periodista local Winston Viracacha lo describe como un “pacto” entre las dos partes.
“Los campesinos llevan a cabo diversos proyectos en beneficio de ambas partes. Son gestionados por las juntas de acción comunal, consejos comunitarios en común acuerdo con la guerrilla”, que vigilan junto a las comunidades que los recursos económicos entregados por los campesinos y finqueros sean destinados a “pagar salarios de los operarios de las máquinas y otros transportes utilizados en las obras de infraestructura que se pueden ver en estas regiones, donde la guerrilla mantiene el orden y el control social”.
La Segunda Marquetalia, que desde junio decretó un cese al fuego, no parece interesada en enfrentarse al ejército y la policía. Le interesa “evitar que en la zona donde se encuentran aumente la violencia. Por eso se apoyan con la población para establecer reglas de comportamiento social en estas regiones olvidadas por el estado colombiano”, resume Viracacha.
– “Capaz de perdonar” –
También en Tumaco, ciudad costera conocida por su extrema pobreza y la violencia de los grupos armados, el dominio de los disidentes se mantiene sin enfrentamientos, constató la AFP.
“Desde 2023 vivimos en paz, los turistas pueden venir tranquilos”, asegura Duván Mosquera, concejal de la urbe que acompañó a la AFP en una visita a El Bajito, un barrio con vistas a una playa que antaño fue un degolladero donde se encontraban cadáveres mutilados.
“Ningún extranjero podía poner un pie aquí”, recuerda, alabando esta inesperada “tranquilidad” mientras deambula por las grises calles arenosas, entre niños traviesos.
En Viento Libre, otro barrio de sangrienta historia, Damián, un “miembro urbano” de la Segunda Marquetalia, evoca un pasado de “fronteras invisibles”, asesinatos y tiroteos.
“Los grupos armados están ahora unidos. Ya no causan problemas a las autoridades. (…) Estamos comprometidos con la paz”, afirma este joven de 28 años que vive en una de estas humildes chozas de madera sobre pilotes con vistas al manglar rodeado de basura.
“He perdido familiares en esta guerra”, dice el concejal Mosquera. “Hace poco un familiar fue encontrado en un puente con disparos en la cabeza (…) Y soy capaz de perdonar a aquella persona que le quitó la vida para que avancemos en esto de la paz”, concluye.
Hervé BAR
Yahoo Noticias Agencia AFP