“Existe una crisis humanitaria de la salud en el país”

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DECLARACIÓN A LA OPINIÓN PÚBLICA

Marzo 6 de 2025. En el marco de la MESA DE CRISIS del sector salud, convocada por la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la Sociedad Colombiana de Anestesiología y reanimación SCARE, Assosalud, Los Colegios Médicos de Cundinamarca y Bogotá, Antioquia, Cauca y Santander, otras Organizaciones de trabajadores y pacientes, asociaciones de usuarios y grupos académicos y de expertos, hemos realizado hoy revisión y análisis de la afectación del sistema de salud, así como lo relacionado con denuncias de corrupción en el sector de la salud.

Los representantes de los diferentes actores del sector declaramos que existe una crisis humanitaria de la salud en Colombia por las siguientes razones:

  1. Las organizaciones de pacientes declaran que existe una vulneración masiva del derecho a la salud expresada en más de 1.600.000 PQR recibidas, que llevándolos al total de la población, representan 4 millones de pacientes afectados por barreras de acceso en el último periodo, ante la absoluta omisión de las autoridades de cumplir con el mandato a garantizar el derecho a la salud para todos y todas en el territorio nacional. Las barreras, expresadas en la interrupción de medicamentos y tratamientos, falta de citas, procedimientos y demás atenciones, ponen en peligro la salud y la vida de los enfermos y lamentablemente ya se han expresado, con la muerte de algunos de ellos.
  2. Las organizaciones Médicas, de profesionales y trabajadores del sector declaran que las condiciones de calidad y seguridad en la atención de los pacientes por falta de insumos y medicamentos están afectadas. Las deudas con las IPS han afectado el pago a una gran parte de los más de 800.000 trabajadores del sistema de salud. Las condiciones de empleo para los trabajadores del sector son precarias y más 65% de los médicos y profesionales están contratados por prestación de servicios, quienes además tienen sobrecarga de trabajo e incertidumbre, lo que afecta de su salud mental. En los últimos meses a 33% de los profesionales de salud contratados por prestación de servicios les han sido disminuidos sus honorarios y un 18% han sido removidos de sus cargos.
  3. El giro directo no está dando respuesta oportuna ni eficiente a las IPS y deja por fuera a los profesionales y trabajadores de salud por lo que este mecanismo debe ser implementado con este propósito. El incumplimiento en el pago a los trabajadores afecta las condiciones de habilitación, elemento que debería ser considerado para que se tomen las medidas pertinentes de solución.
  4. En cuanto a la situación de las Clínicas y Hospitales del país presentada por algunos de sus representantes, declaran que hoy en el sistema de salud tenemos un cierre de servicios asistenciales por falta de recursos económicos en las IPS, que llega a la cifra de más de 26.000 cierres temporales y 9.055 cierres definitivos entre 2023 y 2024 (semestre I) y más de 1.200 en semestre II de 2024 siendo las regiones más afectadas Bogotá, Cundinamarca, Norte de Santander, Valle y Atlántico, siendo los más afectados, los servicios de mediana complejidad con un 55%. Un 85% de estos cierres ocurrieron en IPS privadas. La cifra de IPS cerradas en el año 2023 asciende a 2.400 y en 2024 a 1.462, lo cual evidencia una gran afectación en la capacidad instalada del sistema de salud, según cifras recogidas directamente de las secretarias territoriales de salud del país.
  5. La ANDI ha evidenciado las consecuencias de la desfinanciación del sistema de salud en la cadena de valor y muestra que, a tercer trimestre de 2024, la cartera vencida de las IPS llegó a 85,5%, la de la industria farmacéutica a 32,5%, la de las organizaciones de dispositivos médicos a 37,9% y la de la cámara de gases medicinales a 69%. Analizados los estados financieros de 1.004 IPS que están publicados en la página de la Supersalud y que constituyen una muestra representativa, estos evidencian que en los últimos 3 años el deterioro en la rotación de cartera y el apalancamiento en proveedores ha sido una constante. Ahora bien, al proyectar el ejercicio en el tiempo, se puede identificar el punto de inflexión a partir del cual las IPS dejarían de tener caja para su operación corriente y ese punto ocurre cuando la rotación de cartera pasa de 180 días (estimación para el cierre de 2024) a 198 días, momento en el cual la afectación de la caja de las IPS va a llegar al límite, poniendo en riesgo su operación, lo que claramente pone en riesgo la prestación de los servicios de salud a los pacientes y usuarios del sistema en todo el país. La ANDI afirma que, en comparación con los recursos presupuestados en ADRES, para 2025 se requieren 4,2 Billones de pesos adicionales para presupuestos máximos corrientes, sin incluir la suficiencia de la UPC ordenada por Corte Constitucional y que está por el orden de 11 billones de pesos por lo que los recursos para garantizar el derecho a la salud en el 2025 son insuficientes.
  6. Asocajas reitera la necesidad de declarar una alerta temprana ante la vulneración del goce efectivo del derecho a la salud derivada de la crisis financiera que ha afectado el acceso a los servicios de salud de manera progresiva.
  7. Exministros y centros de pensamiento del sector salud, alertaron sobre los mínimos Constitucionales que deben ser garantizados en el trámite de una reforma a la salud que involucra un derecho fundamental y que involucran la financiación requerida, hoy ausente, pues el Proyecto de Ley en trámite, no cuenta con aval fiscal. La no definición de una transición clara y segura para los actores del sistema, pacientes y demás actores del sistema y la falta de participación ciudadana amplia y democrática han sido una constante. La implementación del modelo de salud para los maestros es una muestra de lo que podría darse en el sistema general de salud.
  8. Sobre el trámite de la reforma de salud lamentamos que el Congreso de la República no de prelación a las voces y propuestas de los actores, pacientes y trabajadores, de los expertos y demás actores del sistema, sino que prevalezcan mecanismos transaccionales que deberían ser erradicados. Para este Gobierno el trámite de la reforma está por encima del derecho a la salud de los colombianos y mientras avanza la reforma en el Congreso, la crisis se agudiza, mueren pacientes, se cierran servicios e IPS y los médicos, profesionales y trabajadores sufren graves consecuencias.

POR LO ANTERIOR ELEVAMOS PETICIÓN PERENTORIA A

  1. El Gobierno Nacional para que cumpla las órdenes emitidas en los años 2024 y 2025 por la Honorable Corte Constitucional e incorpore y convoque a hacer parte de las mesas ordenadas por la Honorable Corte Constitucional a las organizaciones científicas, de profesionales y trabajadores y pacientes abajo firmantes.
  2. Al Señor Procurador general de la Nación para que en cumplimiento de su misionalidad convoque a los diferentes actores del sistema y para que tome las decisiones en lo que respecta a actuaciones de funcionarios públicos que no cumplan con su deber de garantizar y proteger el derecho a la salud de los residentes en Colombia y para que garantice que los mismos den cumplimiento a las ordenes de la Corte Constitucional.
  3. A la defensora del Pueblo para que asuma con la mayor rigurosidad la defensa del derecho fundamental a la salud y emita las alertas que correspondan, evitando muertes por vulneración de este derecho fundamental.
  4. A la Corte Constitucional para que declare el Estado de cosas Inconstitucional y ordene las medidas necesarias para superar la crisis, ordene la creación de un mecanismo colectivo que garantice el seguimiento y cumplimiento de las ordenes emitidas y así mismo ordene al Ministerio convocar a los grupos y agremiaciones de profesionales a las que se hace referencia en el punto 1.
  5. A la Fiscalía general de la Nación, Contraloría General de la república y Auditoria General de la Nación y superfinanciera para que adelanten las investigaciones y hagan el seguimiento a los recursos de la salud en aras de llegar al fondo de presuntos actos delictivos o desviación de recursos que puedan estar cometiéndose en detrimento de los recursos para garantizar el derecho a la salud de los residentes en Colombia.
  6. A la Academia organizada en Universidades, centros de pensamiento, grupos expertos en el sector, Responsables de IPS, así como colectivos de trabajadores y usuarios de todo el país para que se unan a esta Mesa en acciones conjuntas y colectivas a fin de exigir al Gobierno Colombiano que en cumplimiento de sus funciones garantice el derecho a la salud para todos y todas. Alertamos a la ciudadanía en general para que se solidarice con esta causa y se sumen a las acciones que se orienten a la defensa del derecho fundamental a la salud.
  7. A los medios de comunicación para que se unan a esta campaña y nos acompañen visibilizando la crisis humanitaria de la salud.

Suscriben

Dr. Agamenón Quintero- presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas Dra. Olga Lucía Herrera – presidente de la Sociedad Colombiana

Dr. Mauricio Echeverri D – presidente Assosalud

Dra. Clemencia Mayorga – Presidente Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá Dr. Fabio Bolívar – Presidente Colegio Médico de Santander

Dra. Sofía Bedoya – Presidenta Colegio Médico del Cauca

Dr. Jorge Quintero – Presidente Colegio Médico de Antioquia Denis Silva y Linda Castro – Pacientes Colombia

Néstor Álvarez – Pacientes Colombia

Hermana María Inés Delgado – asociación enfermos hepáticos y renales Álvaro Molina – Mesa Asociación Usuarios

Dr. Jorge Toro – UNIPS

Anwar Rodríguez y Paul Díaz – ANDI Patricia Guzmán – Asocajas

Dr. Augusto Galán – Así Vamos en Salud

Dr. Jorge Enrique Enciso Sánchez – Federación Colombiana de sindicatos médicos Dr. Joaquín Enrique Villamizar – Fenalsalud