El movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) alertó este viernes sobre “un mayor deterioro” de las libertades en el país, especialmente de la libertad de expresión y el derecho de asociación.
En una declaración, el PCIN rechazó la decisión gubernamental “arbitraria” de cancelar la personalidad jurídica a la Asociación de Periodistas de Nicaragua “Dr. Pedro Joaquín Chamorro Cardenal”, integrada en su mayoría por comunicadores críticos con el Gobierno del presidente Daniel Ortega.
También a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, dedicada a la protección y promoción de la libertad de prensa y de expresión, y que cerró hace un año para no someterse a la Ley Reguladora de Agentes Extranjeros.
La ilegalización de ambas ONG, según el PCIN, constituye “un mayor deterioro de las libertades en Nicaragua, especialmente de la libertad de expresión y el derecho de asociación”.
Destacó que ambas organizaciones han contribuido al sano debate de las ideas mediante la propuesta de un pensamiento crítico, necesario para la construcción de un verdadero estado de derecho.
“Desde nuestra organización exigimos la reversión de estas y otras acciones que violentan los derechos fundamentales de la sociedad y trasgreden las normas establecidas”, señaló ese gremio, integrado, entre otros, por periodistas que se han marchado al exilio alegando razones de seguridad.
SE SOLIDARIZAN CON VÍCTIMAS
“Expresamos nuestra solidaridad con las víctimas de estos actos condenables, especialmente con quienes sufren la privación de su libertad por motivaciones políticas”, concluyó.
La Fundación Violeta Barrios de Chamorro era dirigida por la opositora Cristiana Chamorro, que intentó desafiar a Ortega en las elecciones de noviembre de 2021 y que el 11 de marzo pasado fue declarada culpable de delitos financieros por un juez afín a los sandinistas, según organismos humanitarios.
La Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría oficialista y a petición del Ejecutivo, ilegalizó el jueves 25 ONG nicaragüenses, entre ellas Operación Sonrisa, la asociación de periodistas, y otras defensoras de las mujeres, de los indígenas y de los derechos humanos.
Según el Ministerio de Gobernación, las 25 ONG ilegalizadas no reportaron sus estados financieros con sus desgloses detallados de los ingresos, egresos, balanza de comprobación y detalle de donaciones (origen, proveniencia y beneficiario final); ni sus juntas directivas, lo cual es rechazado por los afectados.
Con la anulación de esas 25 organizaciones, suman 112 las ONG locales que han sido canceladas desde diciembre de 2018, ocho meses después de que estallara una revuelta popular por unas controvertidas reformas a la seguridad social calificada como un intento de golpe de Estado por el régimen de Ortega.
El Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobernación, también ha cancelado los registros y números perpetuos de cuatro ONG estadounidenses y seis europeas, y cerrado temporalmente el club de ciudadanos españoles residentes en Nicaragua, Casa España.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
Yahoo Noticias Agencia EFE Foto internet EFE