Por presuntas irregularidades en la celebración del convenio interadministrativo por valor de $ 6.000 millones, suscrito con la Empresa para el Desarrollo Urbano de Occidente para restaurar un sector de la carretera oriental conocido como la calle 30, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación contra servidores públicos por establecer de la alcaldía de Soledad, Atlántico.
El ente de control averigua si la modalidad contractual escogida para reparar un tramo de 180 metros de pavimento entre la carrera 1ª. y el puente Simón Bolívar, corresponde a un convenio interadministrativo, por cuanto la participación del contratista no respondería a los criterios de colaboración y cooperación, lo que podría indicar una posible elusión en la selección objetiva del contratista.
Además, busca establecer si el convenio celebrado para “aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la mejora y rehabilitación del desarrollo urbano”, habría sido redactado de esa forma “para dar apariencia de legalidad (…) a sabiendas (…) de la prohibición legal para contratar directamente obras” mediante convenios interadministrativos.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Barranquilla decretó la práctica de pruebas con el fin de esclarecer los hechos objeto de esta indagación.