Con una inversión que supera los 27 mil millones de pesos, el Gobierno ya desarrolla seis proyectos del programa ‘Basura Cero’ en el país, que benefician a más de 336 mil personas de los departamentos de Bolívar, Boyacá, Guainía, Norte de Santander, Vaupés y Vichada.
El proyecto, que es liderado por el Ministerio de Vivienda, se basa en un acompañamiento a las entidades territoriales en articulación con las comunidades organizadas y organizaciones de recicladores de oficio.
Según se indicó, este acompañamiento ha permitido tener un proyecto con concepto viable para el municipio de Nuquí, Chocó, por un valor de $ 1.960 millones de pesos, que son financiados con recursos 100 % de la nación; un proyecto con concepto técnico favorable en La Mojana sucreña para la gestión integral de los residuos sólidos por valor de $ 24.715 millones de pesos; 4 proyectos en trámite de evaluación para los municipios de Acandí, Bahía Solano (Chocó), La Ceja (Antioquia) y Arauquita (Arauca) por valor $65.505 millones de pesos.
Como complemento a la gestión de los residuos sólidos, por el mecanismo de viabilización del Ministerio, en lo acumulado del Gobierno del Cambio, se han terminado obras de 14 proyectos convencionales de aseo en zonas urbanas por un valor total de $ 34.728 millones, de los cuales $ 24.442 son aportados por la nación y dichos proyectos están ubicados en 8 departamentos del país.
Así mismo, se tienen 33 proyectos en proceso de viabilización de proyectos no convencionales de aseo en zona urbana por valor total de $ 95.456 millones ubicados en 17 departamentos.
‘Basura Cero’ es un programa del Gobierno nacional que se implementó en el Plan Nacional de Desarrollo, más específicamente en el artículo 277 que estableció:
• “ARTÍCULO 227. PROGRAMA BASURA CERO. Créese el Programa Basura Cero, en cabeza del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en un término máximo de 1 año a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el cual articulará las instancias de Gobierno nacional, las entidades territoriales, las empresas de servicios públicos y la sociedad civil; garantizará la participación de la población recicladora y sus organizaciones, impulsando su inclusión e inserción socioeconómica; determinará los aspectos regulatorios, de supervisión y control, y las inversiones requeridas para avanzar en la eliminación del enterramiento hacia la implementación de parques tecnológicos y ambientales, de tratamiento y valorización de residuos, promoción del desarrollo tecnológico, conservación del ambiente y mitigación del cambio climático; definirá́ un plan estratégico para el cierre definitivo de los botaderos a cielo abierto y las celdas transitorias, promoviendo soluciones que prioricen el tratamiento y aprovechamiento de residuos; e impulsará la economía circular”.
(Con información del Ministerio de Vivienda)