Función de Advertencia de la Contraloría General al Departamento para la Prosperidad Social por riesgo inminente de pérdida de recursos públicos en programa de infraestructura social destinado a comunidades pobres y vulnerables
· El ente de control señala debilidades en la gestión del proyecto “Fortalecimiento para el desarrollo de Infraestructura Social y Hábitat”.
· Al revisar la ejecución presupuestal (avance financiero) del cuatrienio 2019-2022, se observa que $1,06 billones dejaron de invertirse en proyectos de Infraestructura Social para las comunidades más pobres y vulnerables de Colombia.
· La CGR advierte sobre riesgos como incremento en los costos de los proyectos y considerables retrasos: por ejemplo, proyectos por un valor superior a los $287 mil millones siguen en ejecución después de más de 6 años de su inicio.
· Hay incumplimiento en los objetivos de los proyectos, falta de ejecución de recursos y riesgo de obras abandonadas y obsoletas.
Bogotá, 19 de marzo 2024.- La Contraloría General de la República identificó un riesgo inminente de pérdida de recursos públicos en la ejecución del Programa “Fortalecimiento para el desarrollo de Infraestructura Social y Hábitat para la inclusión social a nivel nacional-FIP Nacional” y emitió una ADVERTENCIA ORDINARIA GENERAL al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, y a las Entidades Territoriales involucradas, a fin de que adopten medidas para evitar que se materialicen los riesgos expuestos en esta función de advertencia y, por ende, se configuren posibles detrimentos al patrimonio público.
Varios son los riesgos detectados en este programa de infraestructura social, orientado a la satisfacción de necesidades de población en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, en procura de contribuir a la reducción de la desigualdad:
– Atención inadecuada e inoportuna a las comunidades con mayores índices de pobreza monetaria y pobreza multidimensional, donde se desarrollan los proyectos, impidiendo disminuir la desigualdad, el mejoramiento de la calidad de vida, la competitividad local, generación de empleo e Ingreso.
Utilización ineficiente e ineficaz de los recursos públicos asignados al Proyecto. Situación que es una tendencia en las últimas 5 vigencias.
Incremento en los costos de los proyectos (mayor recurso público invertido), ya que los tiempos de obra triplican los establecidos contractualmente, incumpliendo los principios de la gestión fiscal y la función administrativa, lo que puede generar un detrimento patrimonial.
No todos los Entes Territoriales cuentan con rubros en sus presupuestos para el sostenimiento de las obras ejecutadas, circunstancia que puede generar un abandono de obras o que las mismas se conviertan en obsoletas.
Fallas en la asistencia técnica que debe prestar Prosperidad Social a las entidades territoriales, lo que genera atrasos en la asignación de los convenios y en la puesta en marcha de las iniciativas.
Debilidades en la ejecución contractual de los proyectos, muchos de ellos se mantienen aún en ejecución transcurridos más de 6 años desde su inicio, además de las adiciones presupuestales que sobre dichas iniciativas se han adelantado por parte de Prosperidad Social, sin que a la fecha las obras de infraestructura hayan sido entregadas a las comunidades que debían beneficiarse con las mismas.
Estos riesgos inminentes podrían conducir a la pérdida de recursos y la afectación negativa de intereses públicos, advertencia soportada en el análisis del procesamiento de información de 1.301 convenios con entidades territoriales, por un monto de $1,92 billones, que hace parte de las conclusiones de un Estudio Sectorial sobre la eficiencia y eficacia del proyecto, adelantado por la Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social, que se orientó a evaluar el apoyo financiero, la asistencia técnica y la ejecución presupuestal, en el periodo comprendido en el cuatrienio 2019 a 2022.
Entre las principales conclusiones de esta función de advertencia destacan, con criterios de trascendencia social y alta connotación económica:
1. Incumplimiento en los objetivos de los proyectos: varios proyectos de infraestructura social no cumplen con su objetivo afectando directamente a las comunidades más vulnerables y pobres del país. Esto se pudo observar en el resultado del análisis de la muestra realizada a 132 convenios, en dónde se evidenció que el tiempo promedio desde la firma del convenio hasta la firma del acta de inicio de obra es 1.8 años, es decir 22 meses.
A su vez, el tiempo promedio desde la firma del convenio hasta la entrega de la obra es de 3,95 años. Por otra parte, el tiempo promedio de obra es de un poco más de 2 años, que, comparado con los plazos establecidos en los contratos, los cuales tienen un tiempo promedio de ejecución entre 6 y 12 meses, exceden en tres veces lo pactado, lo que genera vulneración al principio de planeación y un claro incumplimiento de los principios de eficacia y eficiencia en la gestión contractual de la inversión pública.
En relación con la duración de los proyectos analizados, de los 1.301 convenios, se resalta que: 504 (38,71%), tenían duración de 1 a 2 años, 198 (15,21%), entre 2 y 3 años, 179 (13,75%), entre 4 y 5 años, 179 (13,75%), entre 5 y 6 años, 45 (3,46%0), alrededor de 6 años o más. Es decir, el 43,4% de los proyectos tardan en promedio casi 4 años para llegar a su fin.
De los convenios suscritos entre Prosperidad Social y las Entidades Territoriales, de las vigencias 2016 y 2017, los cuales corresponden a proyectos para ejecutar en municipios categoría 6, la gran mayoría de obras del sector “vías y transporte”, presentan un tiempo promedio de obra en circunstancias de normalidad de entre 6 a 12 meses, no obstante, lo anterior, después de 7 años aún se encuentran en estado de “Ejecución”.
Se trata de proyectos que suman un valor superior a los $475,000 millones, con recursos obligados de cerca de $189,000 millones, sin que los mismos, después de transcurridos más de 72 meses de ejecución, es decir, un término 10 veces superior al promedio, hayan sido entregados al servicio de la comunidad.
A diciembre del 2023, se han dejado de entregar proyectos con duración en obra de más de 6 años por un valor superior a los $287,000 millones. Se identificó que 12 proyectos de la vigencia 2017, tienen una ejecución presupuestal por debajo del 22%”.
2. Inejecución de Recursos: Para el periodo 2019 – 2022, el valor del presupuesto inicial fue de $3,7 billones, y el presupuesto final fue de $1,97 billones. Es decir, el proyecto presentó una reducción de $1,73 billones, equivalentes al 46,76%. Al revisar la ejecución presupuestal (avance financiero) del cuatrienio, se observa que $1,06 billones dejaron de invertirse en proyectos de Infraestructura Social para las comunidades más pobres y vulnerables de Colombia.
Según el Informe de Cierre Presupuestal 2023, se dejaron de ejecutar $680.000 millones, esto es, el 76,33% del presupuesto asignado, los cuales no fueron comprometidos y no figuran como reserva presupuestal.
3. Incremento de costos y retrasos en la ejecución: Se ha observado un incremento en los costos de los proyectos debido a retrasos significativos en su ejecución, generando además adiciones presupuestales en los mismos, lo que podría generar un detrimento patrimonial para el Estado, si se tiene en cuenta que los precios contratados en una vigencia no se mantienen incólumes en el mercado, debido al IPC y los costos adicionales que pueden impactar el costo total del proyecto.
4. Riesgo de obras abandonadas y obsoletas: Existe el riesgo de que algunas obras no logren prestar servicio a las comunidades debido a la falta de recursos suficientes para su mantenimiento y sostenibilidad, lo que podría derivar en un posible daño patrimonial.
El estudio realizado por la CGR permite inferir que el 54% de los municipios, no cuentan con rubros presupuestales para el sostenimiento de las obras, circunstancia que genera riesgos que afectan directamente los objetivos planteados en la asignación, ejecución y permanencia del proyecto. El 24% de los municipios indagados manifiestan inconformismo en relación con obras en circunstancia de abandono.
5.Adiciones Presupuestales: Para los convenios asignados a las Entidades Territoriales en los años 2020, 2021 y 2022, se presentaron adiciones presupuestales por cerca de $384,000 millones, que representan el 36% del valor inicial de los mismos, presentándose adiciones en 29 convenios, siendo los más significativos 19 convenios, todos con fecha de suscripción del 26/08/2021, fecha de inicio el 26/08/2021 y fecha de terminación el 31/07/2023, con un valor inicial del de $22.173 millones; con adiciones por $20.790 millones, equivalentes al 93,76% del valor inicial, lo cual generó un valor total final por $42.964 millones. Los 19 convenios fueron contratados con la “Empresa para el desarrollo territorial PROYECTA”, por un monto de $816.000 millones.
Información suministrada por la Contraloría General de la República