El pulso que mantiene en vilo a Colombia, con el Gobierno de un lado y diversos sectores sociales con una miríada de demandas por el otro, pone al país ante la peor crisis de su historia reciente en la que todos tienen que perder.
Lo que comenzó como una manifestación más contra el Gobierno del presidente Iván Duque, expresada en las calles en un contundente rechazo a su proyecto de reforma tributaria, tiene dos semanas después a algunas regiones del país prácticamente paralizadas por bloqueos en las carreteras y en un estado próximo a la anarquía.
En la dinámica actual, el malestar ya no se expresa solo por la fuerza del Comité Nacional de Paro que hundió la reforma tributaria y tiene en la mira la de la salud, sino que parte de convocatorias espontáneas, en su mayoría de jóvenes, bien sean estudiantes o desempleados en las grandes ciudades contra la violencia policial y la falta de oportunidades, o de vecinos de un pueblo cualquiera contra problemas locales.
A diferencia de lo ocurrido en Chile, donde las protestas que comenzaron en 2019 tenían un foco en el rechazo a la Constitución heredada del régimen de Pinochet, en Colombia el abanico de reivindicaciones está atomizado y las partes invocan la Constitución de 1991 como garantía de sus derechos y obligaciones.
DIÁLOGO DESCONECTADO
La primera reunión del Gobierno con el Comité de Paro concluyó el lunes sin acuerdos, lo que era de esperarse dada la complejidad del panorama, pero el tiempo pasa y juega en contra de todos por el daño que el vandalismo y los bloqueos causan al país, el desgaste de las partes y el cansancio de la gente.
“Las manifestaciones que están en la calle desbordan la capacidad de representación del Comité de Paro y así hubiera habido un acuerdo seguramente mucha gente que está en la calle no se sentiría representada”, dijo a Efe el analista político Jorge Iván Cuervo, docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia.
Para Cuervo, las partes tendrán que buscar formas de acercar al diálogo “a otros actores sociales que están en la calle, que no se sienten representados por un comité y por un método de negociación muy tradicional”, de Gobierno y sindicatos a la vieja usanza, porque “lo que hay en la calle es mucho más que eso”.
“Eso indica que las manifestaciones en la calle van a seguir hasta que no haya mensajes mucho más claros de parte del Gobierno de que cambien las cosas”, agrega.
En ese análisis coincide con Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de la Universidad del Rosario, quien explica que “el Gobierno se quedó sin margen de maniobra para liderar temas políticos” y el Comité de Paro “no tiene control sobre el paro”.
“Son dos actores cada vez más desconectados de la realidad de la gente”, afirma Jaramillo y añade que el primer intento de diálogo fue un “encuentro de dos voluntades que cada vez reflejan menos el estado de ánimo de la gente que está cansada de la pandemia, que está cansada en algunos casos de las manifestaciones, que repudia los actos de violencia de lado y lado y que siente que hay una crisis de liderazgo de parte y parte”.
CONDENA A LA VIOLENCIA
Las protestas han estado marcadas por una violencia policial desbordada y de individuos armados contra manifestantes, episodios que dejan hasta el momento al menos 27 personas muertas, según la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, y que es necesario acabar para poder avanzar hacia una solución negociada.
Para los expertos consultados por Efe, en el rechazo contundente a la violencia y abusos policiales, Duque tiene que tomar la iniciativa para mandar un mensaje claro al país de que ese comportamiento no será tolerado y de esta forma ayudar a bajar la tensión.
En ese sentido, Cuervo considera fundamental que Duque reconozca que han ocurrido “abusos de la fuerza pública, hacer un llamado a la moderación en el uso de la fuerza e incluso crear una comisión independiente de esclarecimiento de los hechos con el acompañamiento de Naciones Unidas”.
Al respecto, Jaramillo opina que Duque debe actuar con la “grandeza” que requiere su cargo y hacer “un acto de contrición, pedir perdón” como jefe de Estado y reconocer los abusos de la fuerza pública, algo similar lo que hizo el presidente estadounidense, Joe Biden, cuando pidió perdón a la familia de George Floyd, porque ese gesto además de enaltecer la democracia, desarma los espíritus.
DAÑO COLECTIVO
La agitación que vive el país deja pérdidas para todos y pocas ganancias para algunos, especialmente para los sectores radicales que, de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2022, pueden capitalizar la situación.
“El Gobierno ha ganado al tener el comunicado de apoyo de las cortes y de los partidos políticos, pero ha perdido mucha imagen internacional y queda como un Gobierno represivo, ha perdido margen de negociación dentro de su propio partido y capacidad de regulación de lo social”, considera Cuervo.
La crisis causa un daño enorme a la reputación de Colombia, que con la firma de la paz con las FARC se había esforzado por mostrar al mundo una imagen diferente de la violencia guerrillera, del narcotráfico y los paramilitares y, como en la leyenda griega de Sísifo, tendrá que volver a comenzar tras el amplio rechazo internacional a los abusos policiales.
Para Cuervo, el Comité de Paro ha ganado visibilidad porque muestra firmeza al mantener la protesta, pero al mismo tiempo pierde imagen porque es incapaz de encarrilar una negociación, mientras que la gente que está en las calles “gana al poner unos temas en la agenda”, pero también pierde “en la medida en que la protesta se ha ido degradando” con vandalismo, bloqueos y violencia.
“Ganan los extremos, que están borrando a los más moderados”, opina por su parte el profesor de la Universidad del Rosario, quien explica que mientras el Centro Democrático, partido de Gobierno, pide más fuerza contra las protestas, entre los manifestantes hay quienes no están dispuestos a ceder para alcanzar un acuerdo.
Jaime Ortega Carrascal
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