ONG palestinas, declaradas ahora “terroristas” por Israel, defienden su trabajo y afirman que esta nueva norma es solo un paso más en el hostigamiento que afronta la sociedad civil palestina que denuncia la colonización israelí.
“Parte de la institucionalización de una larga campaña para manchar a la sociedad civil palestina, intentar retraer nuestros recursos, cerrar nuestras oficinas básicamente, muchos intentos ha habido”, resume a Efe la joven Assel al Bayeh, investigadora legal de Al Haq, una de las ONG más conocidas local e internacionalmente.
Expone entre ellos la prohibición de viajar que ha tenido durante años su director, Shawan Yabarin, que le impide salir de Cisjordania ocupada, cuyos accesos controla Israel, además de las redadas en oficinas o las apelaciones a donantes para que recortaran la financiación.
Pero la designación de ahora “es una escalada”, dice.
“Podría ser fácilmente arrestada y procesada por ser la directora de un grupo terrorista”, asume Sahar Francis, al frente de Addameer, otra de las organizaciones afectadas.
Todas tienen en común que nacieron hace más de tres décadas, participan activamente en foros internacionales -algunas documentan para la investigación abierta de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra en territorio ocupado- y hoy la mayoría recibe subvenciones europeas.
Son: Al-Haq (1979); la Unión de Comités de Trabajo Agrícola (1980) y las organizaciones Unión de Comités de Mujeres Palestinas, establecida en 1986; el Centro de Investigación y Desarrollo Bisan (1989) Addameer, la Asociación de Derechos Humanos y Apoyo a Prisioneros (1991), y Defensa Internacional de la Infancia (1991).
Israel alega que son “brazo civil” del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), considerado grupo terrorista también por Estados Unidos y la Unión Europa, y les acusa de desviar fondos.
Las Agencias de la ONU y la Unión Europea no ha encontrado “fundamento” hasta ahora en estas acusaciones y piden más pruebas.
EL CASO DE JUANA RUIZ
Las alegaciones por terrorismo comenzaron con los testimonios obtenidos tras las detenciones de empleados de los Comités de Trabajo para la Salud -otra organización previamente legalizada- entre ellos, la española Juana Ruiz, arrestada en abril.
Estas fueron presentadas en mayo a los gobiernos, muchos de ellos donantes a través de programas de cooperación, y a un reducido grupo de medios, entre ellos Efe.
La ONU y la Unión Europea consideró que no “eran suficientes” y solicitó “pruebas” sobre estas denuncias, hasta ahora no presentadas.
El 22 de octubre, el Ministerio de Defensa israelí aplicó la ley antiterrorista de 2016 -solo vigente en su territorio- pero el pasado domingo la convirtió en orden militar, aplicable en zona ocupada.
Las acciones se precipitaban como el proceso judicial de Juana, que terminó el miércoles, a falta de sentencia que se presentará el 17 de noviembre, con un “acuerdo de culpabilidad” para reducir su pena. Para Israel, una prueba de que las alegaciones son verdad.
El abogado defensor, Avigdor Fledman, aclaró a Efe que Juana solo admitió los dos cargos relativos a ella, “nada más” que “brindar servicio a una entidad ilegal” y “recibir dinero y traerlo ilegalmente a Cisjordania”, como parte de su trabajo como recaudadora de fondos para la ONG.
En ningún caso “admitió” los antecedentes que, aunque Fledman intentó impugnar en la vista del miércoles a la que asistió Efe, aparecen como contexto en el escrito final del acuerdo en el que mencionan a todas las ONG y se vinculan con el FPLP.
Estos hechos, hasta ahora, no han sido juzgados o probados judicialmente, ni el caso de Juana ni en el del resto de implicados.
DISUADIR APOYO INTERNACIONAL
Francis regresaba de España el mismo día que su organización pasó a ser “terrorista”. Allí había hablado del caso de Juana, y de que consideraba su detención como un aviso a navegantes, sobre todo, para los donantes.
“Pensé que no irían tan lejos”, asegura, por las “débiles” alegaciones presentadas hasta ahora.
“Como fallaron en silenciar a la sociedad palestina por la vía diplomática y atacando a las ONG, el último paso legal que tenían en sus manos era activar esa ley antiterrorista que es israelí y no deberían ser aplicada en territorio ocupado”, añade.
Las ONG por el momento siguen operando. Bayeh confía en el trabajo, que auditan desde que reciben los fondos”, y en sus donantes: “Saben que son esfuerzos políticos para criminalizar a la sociedad civil después de los intentos fallidos de retraer nuestros recursos”, valora.
Francis coincide pero intuye que “afectará a todo el sector de derechos humanos y desarrollo a nivel internacional”.
“¿En serio Europa va a permitir que esto ocurra, que se crea que todos sus programas y dinero que invirtió al final hayan apoyado el terrorismo?”, se pregunta.
Laura Fernández Palomo
Yahoo Noticias Agencia EFE Foto internet EFE