Las autoridades confirmaron el domingo que 13 trabajadores que brindaban seguridad en una de las instalaciones de una empresa minera en el noroeste de Perú y que habían sido secuestrados días atrás fueron hallados muertos.
El Ministerio del Interior señaló en su cuenta de X, antes Twitter, que se dispuso el despliegue de unidades de élite de la policía especializadas en el combate al crimen organizado e investigación de secuestros con el fin de “ubicar y capturar a los responsables de estos execrables crímenes”.
La minera privada Poderosa había informado más temprano en un comunicado que un equipo de búsqueda y rescate de la policía recuperó la madrugada del domingo los cuerpos de los trabajadores que, según denunció, fueron secuestrados “por criminales aliados a la minería ilegal” en la ciudad de Pataz.
La empresa indicó que las víctimas habían sido secuestradas el 26 de abril en medio de un ataque a las operaciones de un minero artesanal contratado por la empresa para tareas de explotación y que, a su vez, los había subcontratado para tareas de vigilancia y seguridad.
Imágenes de medios locales difundidas por redes sociales dejan ver lo que serían los cuerpos de las víctimas halladas en un socavón minero, cubiertos con plásticos y enumerados. Las fotografías no han sido confirmadas por las autoridades.
El Congreso de Perú se solidarizó con los familiares de las víctimas y, en un mensaje en X, exigió al gobierno acciones “inmediatas y efectivas” contra la delincuencia. “Captura y sanción a los responsables”, señaló.
Poderosa es una minera de capital privado dedicada a la extracción de oro desde 1980. Está ubicada en una zona remota de Los Andes, en el municipio de Pataz, en la región de la Libertad, un área en la que empresarios y pequeños comerciantes, así como proveedores de servicios, han denunciado constantes extorsiones.
Poderosa refirió que hasta el momento “suman 39 los colaboradores, mineros artesanales y sus trabajadores ultimados por las bandas criminales”.
En diciembre de 2023 un ataque con explosivos en la mina Poderosa dejó nueve fallecidos y 15 heridos, un hecho que el gobierno adjudicó a la minería ilegal.
El gobierno decretó en marzo pasado un estado de excepción para la región de La Libertad con el fin de combatir al crimen organizado. Para las ciudades de Pataz, Virú y Trujillo, la medida contempla restricciones a derechos como el de la inviolabilidad de domicilio y la libertad de asociación y reunión, entre otros. Pataz es una zona afectada por la minería ilegal y delitos relacionados, como la extorsión.
Yahoo Noticias Agencia AP