La directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Tamara Taraciuk, pidió este viernes al ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, evidencias de que los 11 muertos que dejó un operativo ejecutado esta semana por el Ejército en el sur del país son disidentes de las FARC y no civiles, como ha denunciado la comunidad.
En un derecho de petición, Taraciuk pidió al ministro precisar “el número de personas ‘neutralizadas’ y, si pertenecían a un grupo armado, el grupo armado al que pertenecían y su identificación”.
El presidente colombiano, Iván Duque, informó el lunes que “se logró la neutralización de 11 integrantes de disidencias de las FARC y la captura de cuatro criminales más en Puerto Leguízamo (Putumayo)”, entre ellos una mujer embarazada.
Sin embargo, las denuncias que han llegado de la zona desde entonces preocupan a las organizaciones sociales que temen que se trate de una masacre, e incluso de un nuevo caso de “falsos positivos”, más que de un operativo militar contra las disidencias.
Las organizaciones sociales denuncian que entre los muertos se encuentran Brayan Santiago Pama, un menor de 16 años; Didier Hernández Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda (aldea) El Remanso; su esposa, Ana María Sarria Barrera, y Pablo Panduro Coquinche, gobernador indígena del Cabildo Kichwa, y otras dos personas.
Al respecto, el ministro de Defensa recalcó esta semana que el “operativo no fue contra campesinos, sino (contra) disidencias (de las) FARC”, que “no fue contra inocentes indígenas, sino (contra) narcococaleros”.
“A los ‘inocentes civiles’ se les incautó: arsenal de guerra; granadas, fusiles, proveedores, cartuchos, entre otros”, agregó el ministro en Twitter el miércoles.
En esa línea, la directora en funciones para las Américas de HRW pidió al ministro detallar “cuál fue la cantidad de material incautado y en qué consistió”.
También le preguntó a Molano sobre las evidencias para “informar, como lo hizo” en las redes sociales, “que las personas neutralizadas eran ‘narcocaleros’ y que se trataba de ‘criminales”.
INVESTIGACIÓN DEL CASO
La Procuraduría colombiana (Ministerio Público) pidió explicaciones al Ejército sobre el operativo militar y la institución tiene de plazo hasta este viernes para responder a las solicitudes y ayudar a esclarecer lo acaecido.
Sin embargo, el miércoles el Ejército se reafirmó en su relato de que se trató de un operativo militar contra las disidencias de las FARC en el que el objetivo del ataque era Carlos Emilio Loaiza, alias “Bruno”, parte de la comisión financiera del comando de frontera de la llamada Segunda Marquetalia.
El mayor general Juan Carlos Correa Consuegra, comandante de la división de Aviación de Asalto Aéreo del Ejército, aseguró que “en el momento en que se está realizando la maniobra (de captura de este líder), se generó el combate porque las estructuras se dan cuenta y se empieza a generar un intercambio de disparos”.
A su llegada a la vereda fueron recibidos con “combates fuertes y fuego nutrido”, agregó Correa, quien insiste en que “esta operación cumplió en todo su desarrollo -cuya preparación fue de 10 días- con los protocolos”.
Además, resalta que la operación se hizo a las 6.30 de la mañana, y “no había ninguna actividad” de civiles.
Eso en respuesta a la versión de organizaciones campesinas e indígenas de la zona que aseguran que en el momento de la incursión militar la comunidad celebraba un bazar en una caseta comunal, adyacente a una cancha de fútbol, con el propósito de recolectar fondos para atender necesidades de la aldea El Remanso.
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