Un análisis jurídico, realizado por la firma de abogados Mendoza, sobre el proyecto de resolución que define el proceso para el otorgamiento de un permiso de ocupación, sobre áreas marítimas para el desarrollo de proyectos de generación de energía eólica costa afuera, determinó que tales permisos son solo una parte de los retos que enfrenta la puesta en marcha de estos proyectos energéticos en el país.
La resolución, publicada para comentarios por el Ministerio de Minas y Energía (MME) junto con la Dirección General Marítima y Portuaria (Dimar), tiene el objetivo de realizar la primera ronda de asignación de áreas en el primer trimestre de 2023, en línea con el trabajo que viene haciendo el Gobierno para el cumplimiento de los compromisos del país con la transición energética.
Sin embargo, “al hacer el análisis del proyecto de resolución, no solo se requiere un enorme esfuerzo regulatorio por parte del MME y la DIMAR, sino que también se requiere coordinar a estas entidades con la Creg, la Ani, la Upme y la Anla, de tal manera que se logre una implementación orgánica de esta nueva fuente de energía renovable”, señala Mateo Mendoza, experto en estructuración de proyectos de generación de energía renovable y socio de la firma de abogados Mendoza.
En ese sentido, Mendoza describe que se requieren varios aspectos entre los cuales menciona brindar seguridad jurídica a los desarrolladores e inversionistas, construyendo un modelo contractual para las concesiones marítimas; revisar con la ANI la necesidad de expandir el plazo de las concesiones portuarias del país, que le permitan a los desarrolladores de los proyectos eólicos costa afuera tener relaciones a largo plazo (al menos 30 años) con los operadores portuarios que van a ser esenciales para la operación logística de estos proyectos costa afuera.
De igual manera, se debe definir si se va a priorizar o no la conexión de dichos proyectos al Sistema Interconectado Nacional, pues por tratarse de proyectos que requieren al menos 5 años para su desarrollo (con los recursos que eso implica), no podría esperarse que soliciten conceptos de conexión al Sistema Interconectado Nacional sino hasta que su desarrollo arroje resultados positivos, en cuyo caso la asignación de capacidad de transporte debería priorizarse, con la difícil tarea que eso conlleva en materia de inversión en infraestructura y un tratamiento no discriminatorio para la conexión de otras tecnologías al SIN.
También hay que considerar aspectos como la financiación de estos proyectos, que conlleva a la necesidad de revisar cuáles podrían ser los ingresos que se puedan contratar a largo plazo y que permita viabilizar estos proyectos en el país; y el monitoreo y manejo de los impactos ambientales y sociales en áreas donde la información con la que cuenta el Estado es incierta.
De acuerdo con el proyecto de resolución, los proyectos de energía eólica costa afuera constarán de tres fases: una fase de exploración, que es la etapa del permiso de ocupación temporal el cual será otorgado por la Dimar hasta por 5 años. Durante esta fase se hará la medición y recolección de datos e información necesaria para establecer la viabilidad del proyecto y, de existir dicha viabilidad, se desarrollarán las actividades necesarias para la obtención de licencias y permisos para su construcción, respecto de las cuales, según Mendoza “aún no hay claridad”.
La segunda fase es la de concesión, la cual también debe otorgar la Dimar hasta por 30 años prorrogables por 15 más, en la cual se construirá y operará el proyecto. Esto conlleva también la necesidad de tener un cierre financiero que vale la pena evaluar en la propuesta de regulación de DIMAR.
La tercera fase es la de desmantelamiento, la cual debe darse dos años antes del vencimiento de la concesión, y consiste en la ejecución de un plan que cumpla con los requerimientos de las autoridades ambientales, todavía no previstos, para que la terminación del proyecto genere el menor impacto ambiental posible.
“Si bien como firma apoyamos los esfuerzos adelantados por el MME, creemos que es muy importante coordinar un plan regulatorio que acote las dudas de aspectos tan importantes como los que aquí hemos mencionado antes de dar inicio a la asignación de áreas, para así generar confianza a los desarrolladores e inversionistas de estos proyectos y evitar tropiezos que pueden resultar costosos en el mediano y largo plazo”, concluye Mateo Mendoza.