Chiquita Brands International, una de las multinacionales más destacadas en la industria de la producción y distribución de bananas, ha sido el centro de un conflicto legal que se extiende por más de dos décadas.
Con una historia que comenzó en 1870, la compañía se ha establecido como una de las mayores productoras y distribuidoras de bananas en el mundo, jugando un papel fundamental en el desarrollo agrícola de América Latina, especialmente en Colombia.
Colombia, históricamente marcada por décadas de violencia y conflicto armado, ha sido escenario de graves enfrentamientos entre guerrillas, paramilitares y otros grupos armados.
En este contexto de inestabilidad, muchas empresas, entre ellas Chiquita Brands, han tenido que enfrentar diversas controversias legales, particularmente relacionadas con pagos realizados a grupos armados durante el conflicto. Enfrentando acusaciones de financiar a los paramilitares, la empresa bananera ha estado bajo el escrutinio internacional durante años, lo que ha resultado en una serie de demandas judiciales que aún siguen generando impactos tanto en el ámbito judicial como en la percepción pública.
La situación alcanzó un nuevo escenario cuando, en 2007, Chiquita Brands fue multada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos con 25 millones de dólares tras admitir pagos a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Chiquita Brands ha sostenido que dichos pagos fueron efectuados bajo coerción y no de manera voluntaria, como una medida estrictamente necesaria para garantizar la seguridad de sus empleados y operaciones en un contexto de violencia extrema.
La empresa ha afirmado que estos pagos no fueron una forma de apoyo a los grupos armados, sino una respuesta a las amenazas y extorsiones a las que se vio obligada a hacer frente para resguardar la integridad de su personal. Sin embargo, estos pagos fueron interpretados por muchos como una implicación directa y voluntaria en el conflicto armado, lo que alimentó aún más la controversia en torno a su actuación en el país.
El acuerdo con las víctimas y la resolución
El 10 de junio de 2024, un juez federal de Florida dictó una sentencia en favor de las familias de las víctimas que demandaron a Chiquita Brands por su presunta responsabilidad en las muertes ocasionadas por los grupos paramilitares en la región. Según la información reportada por el periódico El Tiempo, el fallo, que implicó una condena de 37 millones de dólares, impulsó a Chiquita Brands a buscar una solución negociada para evitar la extensión del litigio. Con este fin, la organización alcanzó un tratado con un abogado que representa a más de 2,500 familias de afectados, por un pago de 12,8 millones de dólares.
La negociación no solo marca una importante compensación económica para los perjudicados, sino que también demostró la disposición de Chiquita Brands por resolver un conflicto que ha durado más de una década. A través de esta resolución, Chiquita Brands buscó cerrar un trámite judicial largo y complejo, y sentar las bases para seguir adelante, con el compromiso de abordar las consecuencias legales de sus decisiones pasadas en un contexto complejo en materia de seguridad, de una manera pragmática y constructiva.
Una sospecha detrás de los testimonios de los testigos implicados en el caso
Uno de los aspectos más complejos y discutidos en el caso ha sido la acusación de manipulación de declarantes. Según informes, varios testigos clave, incluidos exmiembros de las AUC, habrían sido contactados por abogados para que declararan en contra de la compañía a cambio de remuneraciones. Dichas acusaciones han dado lugar a un debate sobre la imparcialidad del proceso judicial, ya que la alteración de testimonios pone en duda la legitimidad de las pruebas presentadas en el juicio. El letrado que llegó al acuerdo con Chiquita Brands, ha señalado a otro defensor involucrado en el caso, como el responsable de esta presunta conspiración para coaccionar testimonios. Añadiendo de esta manera una capa adicional de complejidad, lo cuál dificulta aún más la defensa de la entidad.
La presencia de testigos falsos no solo pone en duda la integridad del juicio, sino que también afecta la percepción pública de la empresa. Aunque Chiquita Brands sigue defendiendo su postura de que los pagos a los paramilitares fueron hechos bajo coacción y para proteger a su personal, las acusaciones de manipulación de testigos han puesto en la mira la validez de las pruebas contra la compañía, así como todo el proceso judicial.