Los grandes retos del siglo XXI exigen estrategias cada vez más innovadoras y ambiciosas. La pandemia de covid-19 es quizás la prueba más vigente.
En materia de salud pública y para abordar otra importante problemática mundial, Colombia ha incorporado en su legislación el Convenio Marco para el Control del Tabaco (FCTC, por sus siglas en inglés), creado para hacerle frente a la epidemia del tabaquismo, que cada año causa más de 8 millones de muertes y tiene un costo cercano a los dos billones de dólares (1,8 del PIB mundial).
Sobre esto, la subdirectora de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud y Protección Social, Heidy García Orozco, comentó que el tratado empezó a gestarse en 1999 y se suscribió en febrero de 2005 por un grupo inicial de 40 países.
“Actualmente 168 de los 193 Estados Parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han adherido, convirtiéndolo en uno de los pactos de más rápida aceptación en la historia de las Naciones Unidas”, mencionó García Orozco.
Afirmó también que “en el marco de las Conferencia de las partes, escenarios de encuentro global realizado cada dos años, el protagonismo de Colombia ha ido creciendo, proporcionalmente a los resultados que esta estrategia integral ha tenido no solo en materia de posicionamiento interno como asunto de interés público intersectorial, sino por los logros alcanzados”, aseguró la funcionaria.
Entre otros, destacó que, por ejemplo, actualmente el porcentaje de consumidores es el más bajo desde que se tienen registros.
“Hoy en Colombia hay 30 % menos fumadores que en 2008 cuando se adoptó el convenio”, resaltó.
Ahora, si bien el panorama es alentador, teniendo en cuenta que se avanza en la discusión y formulación del nuevo Plan Decenal de Salud Pública (PDSP), los esfuerzos deben orientarse justamente, según los expertos gubernamentales, de los conglomerados científicos y sociedades civiles, en mantener la tendencia a la baja en el consumo profundizando las medidas más costo efectivas.
“Todo esto se logrará si se maximizan, entre otras acciones, los ejercicios de transparencia para evitar la interferencia local, regional e internacional de la industria tabacalera en la toma de decisiones de política pública y en la implementación de las buenas prácticas para ello”, precisó García.
Por último, la subdirectora mencionó que, mientras se prepara la próxima conferencia, Colombia tendrá que avanzar entre otros aspectos, en formalizar sus mecanismos de coordinación intersectorial.
“Esto, para que el trabajo del Ministerio de Salud y Protección Social cuente con el impulso permanente y articulado de los entes territoriales, los prestadores de salud, la Cancillería, las autoridades aduaneras y el sector de comercio, industria y turismo, que son también actores decisivos en esta apuesta por la salud y la vida”, concluyó. (GRS-Prensa).