En el último año se registraron 104 accidentes con artefactos explosivos, un aumento del 3% respecto al año anterior, con un preocupante incremento del 200% en víctimas menores de edad según cifras oficiales.
En lo corrido de 2025 se han presentado 36 víctimas por minas antipersonal y municiones sin explosionar.
La presencia de artefactos explosivos en zonas escolares pone en riesgo la vida de miles de niños, niñas y adolescentes, aumentando la afectación de la permanencia escolar, el rezago académico y el reclutamiento forzado. Más de 46.000 estudiantes en Norte de Santander vieron afectado su derecho a la educación.
En el marco del 4 de abril, Día Internacional de Sensibilización contra las Minas Antipersonal, la Fundación Barco refuerza su compromiso con la Educación en el Riesgo de Artefactos Explosivos (ERAE) a través de su iniciativa Pasos Seguros, que en 2024 impactó a más de 4.300 personas en 12 municipios de Colombia.
La creciente amenaza de las minas antipersonal, municiones sin explosionar y trampas explosivas, producto de las situaciones de orden público que se viven en lugares como Norte de Santander y Cauca, sigue cobrando vidas y afectando el desarrollo de comunidades enteras en Colombia.
Por eso, en el marco del Día Internacional de Sensibilización contra las Minas Antipersonal, la Fundación Barco hace un llamado sobre la importancia de realizar Educación en el Riesgo de Artefactos Explosivos para insistir con las comunidades en la adopción de comportamientos seguros frente a estos artefactos.
Este problema, que no es aislado, hace parte de una crisis humanitaria de gran magnitud que afecta a miles de familias del país. Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, actualmente se registra el mayor desplazamiento masivo en 28 años, con más de 50.000 personas víctimas. La región del Catatumbo es una de las más afectadas, donde el uso de minas antipersonal por parte de grupos armados se ha convertido en un mecanismo de control territorial.
Con corte al 31 de marzo de 2025, la Oficina del Consejero Comisionado de Paz reportó 36 accidentes con minas antipersonal y municiones sin explosionar, dejando a 12 víctimas civiles. A esto se suma que, en el último año, se registraron 104 accidentes con artefactos explosivos, un aumento del 3% respecto al año anterior y un alarmante incremento del 200% en las víctimas menores de edad.
Uno de los impactos más devastadores de este conflicto es su efecto sobre la educación y la niñez de Colombia. La presencia de artefactos explosivos en las cercanías de instituciones educativas y el riesgo de los enfrentamientos armados han obligado a la interrupción del calendario escolar. Solo en Norte de Santander, por ejemplo, 46.000 estudiantes se vieron afectados por la suspensión de clases a raíz de la intensificación de la violencia.
Por si fuera poco, la crisis humanitaria también ha generado el desplazamiento de docentes, el deterioro de la infraestructura escolar y el aumento en el riesgo de reclutamiento forzado de menores de edad por parte de grupos armados. Esto, al mismo tiempo, contribuye a agravar las cifras de deserción escolar y el rezago en el aprendizaje.
Este panorama es aún más alarmante si se tiene en cuenta que la violencia no se limita a una región. Según la Defensoría del Pueblo, hay 14 regiones en emergencia humanitaria, impactando principalmente a comunidades campesinas, afrocolombianas, indígenas, y a niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Además, existen 10 grupos armados organizados con presencia en 809 municipios del país, lo que representa el 73% del territorio nacional.
Ante esta situación crítica, la Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal (ERM) se convierte en una herramienta clave para la protección de la población. En contextos donde el desminado humanitario no es viable a corto plazo, la pedagogía en comportamientos seguros es vital para mitigar el riesgo de accidentes y salvar vidas. La Fundación Barco, ha venido trabajando en ERAE desde hace varios años en sitios que históricamente han sido afectados por el conflicto armado.
“Hacemos un llamado a autoridades nacionales, regionales y territoriales para que prioricen la implementación de programas de Educación en el Riesgo de Artefactos Explosivos dirigidos especialmente a niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Garantizar la continuidad educativa en entornos seguros es una responsabilidad compartida que requiere de estrategias integrales de prevención y del fortalecimiento institucional. Solo así podremos reducir el impacto del conflicto en la niñez y asegurar que la educación siga siendo un derecho fundamental. Desde la Fundación Barco reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando por una Colombia libre de minas y con entornos educativos seguros para la niñez”, destacó Alfonso Otoya, director de la Fundación Barco.
Durante 2024, llegó a 12 municipios de 7 departamentos, formando a 4.315 personas en talleres de ERAE e implementando estrategias pedagógicas en 57 instituciones educativas, con la capacitación de 72 docentes y 1.042 estudiantes para incentivar comportamientos seguros que mitiguen el riesgo por artefactos explosivos, a través de herramientas innovadoras y el uso de tecnologías de la información y la comunicación, como videojuegos, visores de realidad virtual y la serie web Lalo y Lulú dan Pasos Seguros, se ofrecen consejos fundamentales para la prevención en territorios afectados y se contribuye a la reducción de accidentes por minas antipersonal.