En 2025, Colombia avanza con grandes obras de infraestructura, pero enfrenta riesgos por demoras, decisiones ambientales y tensiones en la financiación pública y regional.
Proyectos estratégicos como la Primera Línea del Metro, troncales 5G y grandes iniciativas aeroportuarias envían señales mixtas al mercado en cuanto a gobernanza, tiempos y estabilidad.
Bogotá, junio de 2025 – El panorama de infraestructura en Colombia durante 2025 está marcado por una importante actividad en todas sus etapas, desde la estructuración hasta la ejecución.
Grandes proyectos como la Primera Línea del Metro de Bogotá, el Metro Ligero de Medellín y varias de las troncales 5G (troncales del Magdalena, Malla Vial del Cauca y del Valle del Cauca) continúan su desarrollo y son hoy referentes clave que marcarán en el futuro de nuevas iniciativas.
El éxito de estas obras es determinante, no solo por su impacto social y económico, sino porque generan señales de confianza para inversionistas y financiadores nacionales e internacionales.
Sin embargo, dos factores vienen afectando negativamente su avance. El primero son las decisiones de autoridades ambientales, que han causado retrasos en proyectos como es el caso de RegioTram de occidente y las vías Accesos Norte, Vía al Mar, Bucaramanga – Pamplona, entre otros.
Esto evidencia la necesidad de gestionar los riesgos regulatorios desde la etapa de estructuración.
El segundo tiene que ver con los desafíos de gobernanza y disponibilidad de recursos en proyectos cofinanciados, aquellos en los que se combinan recursos nacionales y regionales, y que podría poner en entredicho la viabilidad financiera de obras futuras.
Paralelamente, una nueva serie de proyectos se encuentra en fase de selección, entre ellos la vía Estanquillo–Popayán, el Aeropuerto del Café, El Dorado Max y la Ciudadela Aeroportuaria de Cartagena. También destacan iniciativas regionales como la PTAR Canoas y la Segunda Línea del Metro de Bogotá, que forman parte de procesos clave para el desarrollo urbano y la modernización de la infraestructura en distintas regiones del país. No obstante, la falta de definición y la extensión en los tiempos de trámite han comenzado a generar incertidumbre en el mercado.
“En estos casos, el factor tiempo comienza a erosionar la confianza de inversionistas y financiadores. Algunos procesos, como Canoas y la Segunda Línea del Metro, llevan años abiertos sin definiciones concretas, situación que también enfrentan varias iniciativas privadas en el sector aeroportuario que iniciaron su trámite hace tres o cuatro años. Para los interesados, enfrentar calendarios tan dilatados representa un desafío significativo y un riesgo difícil de justificar”, explicó Carlos Sánchez, Socio de CMS Rodríguez-Azuero.
También están en curso proyectos en fase de estructuración, muchos de ellos de infraestructura social: hospitales, colegios y redes de transporte como la concesión Chía–Mosquera–Girardot, que en este momento está siendo estructurada por IFC y por el ICCU. En este frente se destaca el papel activo de las regiones, que, con el acompañamiento de la ANI y la FDN, están consolidando nuevas propuestas para responder a las necesidades locales con visión de largo plazo.
En materia de financiación, el modelo de Alianzas Público-Privadas (APP) y concesiones sigue liderando la ejecución de grandes obras, especialmente por su capacidad para movilizar inversión y transferir riesgos al sector privado. No obstante, el contrato de obra financiado con recursos públicos continúa siendo el mecanismo más usado, especialmente en proyectos de menor escala.
“La importancia de estas obras para el país es innegable. En ocasiones funcionan como instrumento contracíclico, estimulando la economía en periodos de baja inversión privada, pero también resultan ser un catalizador del desarrollo regional y nacional. La infraestructura permite la conexión entre empresas y hogares del país y eso permite el desarrollo de múltiples dinámicas económicas que generan crecimiento del consumo interno y de la capacidad de producir y vender recursos al extranjero.” resaltó Sánchez.
Pero hay retos que no pueden pasarse por alto. La volatilidad de los mercados financieros globales ha hecho que los recursos disponibles para infraestructura sean más limitados y costosos.
A esto se suma la necesidad de conservar la confianza de los inversionistas internacionales, algo que el país ha logrado construir en las últimas dos décadas, pero que puede perderse rápidamente si no se garantiza estabilidad institucional, cumplimiento de contratos y una visión compartida entre niveles de gobierno. Finalmente, está el desafío de la planeación: pensar en el largo plazo, con proyectos estructurados sólidamente desde el inicio, será clave para que Colombia siga avanzando en su transformación territorial y económica.