Luego de ser radicados los nueve proyectos de ordenanza anunciados por el Gobernador Carlos Caicedo, el mandatario departamental informó que convocará a sesiones extras a la Asamblea del Magdalena para que estudien ordenanzas para mejorar la situación de los pobladores..
Y es que, como es de conocimiento público, hace un año la Asamblea aprobó el Plan de Desarrollo Departamental ‘Magdalena Renace’, el cual condensa los objetivos orientados a la superación de la pobreza y el fortalecimiento institucional para garantizar la gobernabilidad, por lo que para la Gobernación del Cambio resulta esencial contar con los instrumentos necesarios para su cumplimiento.
“Convocaremos a sesiones extras a la Asamblea, teniendo en cuenta las apremiantes necesidades y los significativos beneficios que traerán estos proyectos al pueblo, con el propósito de que la Asamblea cuente con el tiempo requerido para la revisión, estudio y aprobación de los proyectos. Esta corporación está llamada a honrar sus funciones y competencias para las cuales fue elegida, con el fin que les cumpla a los magdalenenses sus aspiraciones y apremiantes necesidades. Señores diputados en sus manos está la oportunidad de contribuir al cambio que eligió el pueblo y que tanto necesita nuestro Departamento”, indicó el Gobernador.
Cabe recordar que los proyectos de ordenanza son:
facultades para comprometer vigencias futuras destinadas a la inversión en Agua Potable y Saneamiento en el Magdalena por más de 146 mil millones de pesos entre 2023 y 2032, que a valor presente serán $96.400 millones, los cuales servirán para financiar al menos 8 proyectos de gran impacto que beneficiarán a 449 mil 022 y con el fin de financiar acueductos urbanos y rurales en los municipios de Puebloviejo, Zona Bananera, Ciénaga, Aracataca, El Banco, Pivijay, Ariguaní y el Distrito de Santa Marta: alcantarillados urbanos y rurales en Plato, Puebloviejo, Ciénaga, Sitionuevo, Pivijay, Santa Ana, Fundación, Pijiño del Carmen; y esquemas regionales de aseo en El Banco, Ariguaní, Concordia y en Santa Ana.
El segundo consiste en la tasa pro deporte y recreación para fomentar y estimular el deporte, la recreación y la educación física de niños, jóvenes y la población en general, incluyendo adultos mayores y personas en condición de discapacidad.
Los beneficios son de gran impacto en inclusión: deporte formativo en edad escolar para beneficiar a 180 mil niños, niñas y jóvenes de los 30 municipios; deporte asociado para 3 mil 600 deportistas en proyección; entre otros.
El tercero busca crear la Secretaría de Equidad y Poder Popular. Esta Dependencia será la responsable de la articulación y conducción de las políticas públicas para la superación de la pobreza, atención de los distintos grupos poblacionales y promoción de la participación ciudadana.
El cuarto le apuesta a adicionar el superávit fiscal de la vigencia 2020 del SGP y la realización de ajustes para la liquidación del presupuesto general de ingresos y gastos de vigencia 2021, por más de 35 mil millones de pesos, para beneficiar a los sectores de educación y salud del departamento.
El cuarto busca que se ceda a título gratuito bienes fiscales a la población más necesitada, lo que permitirá el proceso de titulación de predios como estrategia de los proyectos del cambio para la superación de la pobreza, con el fin de: solucionar el déficit habitacional; sanear la propiedad actual en condiciones de posesión y mejorar la base del recaudo del impuesto predial y contribuir a mejorar el ordenamiento territorial.
Mientras que el quinto es para establecer beneficios tributarios al impuesto de vehículos automotores. Los ingresos de la Secretaría de Tránsito se han reducido significativamente debido a la disminución de la capacidad de pago de los contribuyentes por la pandemia. La meta mínima es de 308 vehículos matriculados, para recaudar 260 millones que serán destinados a acciones a favor de la seguridad vial.
El sexto es para establecer una condición especial para el pago de impuestos, tasas, contribuciones y multas recuperando la cartera morosa y aliviar la situación económica de los deudores debido a la pandemia por Covid 19.
El séptimo es para un vigencias futuras para financiar proyectos de alta prioridad en la garantía de derechos y atención de la población, como la construcción de tres centros de vida día y noche; construcción, adecuación y/o dotación de seis Centros Cambia en las subregiones, como sedes permanentes del Programa Universidad Pública al Pueblo en los municipios de Pivijay, Ciénaga, Plato, el Banco, Fundación y el Distrito de Santa Marta. El octavo y el novwno solicitan facultades y autorizaciones extraordinarias pro tempore hasta el 31 de diciembre de 2021, que permitan avanzar en la modernización institucional de la gobernación que fortalezca la capacidad institucional para la óptima gestión administrativa y la atención de la ciudadanía.