Pacientes Colombia, organización que agrupa a 200 organizaciones de pacientes de todo el país y que representa a la sociedad civil, manifestó su preocupación respecto del proceso formal que estableció la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para la negociación conjunta de medicamentos y tecnologías sanitarias entre laboratorios y las 9 EPS que hoy en día se encuentran bajo medida de intervención.
Desde el movimiento valoran el esfuerzo de Gobierno nacional por intentar optimizar el gasto en salud y buscar eficiencias en la adquisición de tecnologías en salud, sin embargo, alertan que la Resolución número 35379 de 2025 no establece una implementación organizada y con garantías claras para los pacientes. En este sentido, las organizaciones de pacientes expresan sus principales preocupaciones sobre el proceso y sus posibles repercusiones:
- La metodología no garantiza dispensación efectiva, lo que generaría barreras en la adherencia y la continuidad de los tratamientos.
- No hay garantías de flujo constante de recursos para que los medicamentos no falten, esto preocupa en la medida en la que hoy las EPS intervenidas tienen problemas de flujo de caja para pagar deudas y asumir los pagos actuales.
- La industria farmacéutica no tiene la experiencia ni la capacidad instalada para dispensar directamente a los pacientes. Los gremios farmacéuticos han señalado la incertidumbre respecto al papel y la remuneración de las gestoras farmacéuticas, que son fundamentales para la entrega y distribución de los tratamientos.
- La responsabilidad de dispensación asignada a actores sin capacidad financiera, habilitación y experiencia necesarias. Con la reciente asignación de los activos de Drogas La Rebaja al Gobierno por parte del SAE, se podría pensar que formarán parte de los procesos de entrega de medicamentos.
Desde el movimiento se subraya la necesidad de que cualquier actor involucrado en la dispensación cuente con la trayectoria y la infraestructura probadas para garantizar la continuidad y la calidad del servicio a los pacientes.
- La fragmentación dificultaría el acceso a los medicamentos, especialmente para los pacientes polimedicados: esto se debe a los procesos de negociación que se llevarían a cabo entre cada EPS y laboratorio. La falta de claridad sobre quién centralizará la dispensación es un riesgo significativo.
- La transgresión de la autonomía médica: si en la negociación conjunta solo se proponen tratamientos que cumplen estrictamente con las especificaciones técnicas solicitadas, existe el riesgo de que el médico formule un medicamento y el paciente reciba otro diferente, lo que afectaría a la eficacia del tratamiento.
“Desde Pacientes Colombia, hacemos un llamado urgente a todas las partes implicadas, incluido el Comité para el Seguimiento y Ejecución del Acuerdo de Negociación Conjunta de Tecnologías Sanitarias, para que establezcan un proceso más ordenado, transparente y participativo en el que se tenga en cuenta la voz de todos los agentes de la cadena de suministro de medicamentos. Es imperativo proteger la cobertura y el acceso ininterrumpido a los tratamientos de todos los pacientes colombianos para garantizar su calidad de vida y su derecho fundamental a la salud. Resaltamos que la verdadera y única causa de la falta de medicamentos en el país es la escasez de recursos”, puntualizó Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia.