Viernes, 21 noviembre 2025. El Gobierno Nacional ha puesto en marcha una nueva línea de crédito para el mejoramiento de vivienda, mediante la cual se pretende aminorar el déficit cualitativo habitacional del país e impulsar la economía popular.
Esta innovadora herramienta está dirigida a los asociados de cooperativas de crédito y ahorro, y fondos de empleados, facilitando el acceso a recursos sin la necesidad de una garantía hipotecaria.
El crédito es fruto de un esfuerzo articulado entre el ministerio de Vivienda, la Superintendencia de Economía Solidaria (Supersolidaria), Findeter y el Fondo Nacional de Garantías (FNG).
La ministra de Vivienda, Helga María Rivas, destacó que esta estrategia busca fortalecer e impulsar a los sectores asociativo y cooperativo, que tienen una profunda comprensión de las necesidades de los hogares en los territorios.
“Como Gobierno del Cambio valoramos el aporte y la iniciativa de los hogares para autogestionar sus soluciones habitacionales”, dijo la Ministra, resaltando que su cartera ha expedido 17 decretos para sentar la base de esta transformación política integral del hábitat.
La Superintendenta de Economía Solidaria, María José Navarro, informó que, al no requerir garantía hipotecaria, permite a miles de familias de estratos 1 y 2 acceder al crédito, elevando su calidad de vida y cumpliendo con el Pacto por la Democratización del Crédito Asociativo, Solidario y Popular.
Para hacer realidad este mecanismo, Findeter amplió la cobertura de redescuento a cooperativas, habilitando los mejoramientos sin garantía hipotecaria y vinculando a 13 nuevos intermediarios financieros del sector solidario. La vicepresidenta Comercial de Findeter, Claudia Alzate, anunció una ambiciosa gestión para la adición de recursos por un billón de pesos, para ampliar su alcance y garantizar que más familias accedan a mejores oportunidades de financiación.
El vicepresidente del Fondo Nacional de Garantías, Jorge Enrique Arévalo, señaló que el FNG actúa como facilitador, y en esta línea de crédito se subió el techo a 36 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), un monto significativo para la transformación social del país.