El Gobierno del presidente Gustavo Petro expidió el Decreto 0030 del 19 de enero de 2026 mediante el cual se deroga el Decreto 2170 de 2013 que estableció la prima especial de servicios para los congresistas (senadores y representantes a la Cámara) equivalente a $16’914.540 mensuales.
Esta prima especial es diferente a la prima de servicios que reciben todos los trabajadores formales en Colombia, que se mantiene vigente y corresponde a un salario mensual cada año. La prima especial de servicios derogada es uno de los tres componentes que conforman la remuneración mensual de los congresistas.
En su cuenta de la red social X, el mandatario escribió: “Se la pasan aprobando reformas tributarias contra los pobres, y hunden las que les ponen impuestos a los ricos. Por eso creo que es muy justo reducir el salario a los congresistas’.
La derogatoria de la prima especial de servicios no es retroactiva, es decir, ese beneficio se mantiene para los actuales legisladores, pero entrará a regir a partir del próximo 20 de julio cuando asuman los nuevos senadores y representantes que serán elegidos el 8 de marzo entrante.
La prima especial de servicios para los congresistas fue establecida mediante el Decreto 2170 del 4 de octubre de 2013, cuando el Gobierno nacional de entonces la incorporó al régimen salarial y prestacional de los legisladores previsto en la Ley 4 de 1992.
Dicho decreto, sustituyó las primas de localización, vivienda y salud de los congresistas por una ‘prima especial de servicios’, que constituye factor salarial para la liquidación de la prima de servicios y la prima de Navidad.
Pero agrega: “No obstante, la evolución del marco constitucional, fiscal y administrativo del Estado hace necesario revisar y ajustar los componentes del régimen remuneratorio, con el fin de asegurar su coherencia con los principios de sostenibilidad fiscal, racionalidad del gasto público, transparencia y equidad’.
En este sentido, el Decreto 0030 de 2026 advierte que “la remuneración percibida por los congresistas resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país’, lo cual “hace imposible el cierre de brechas’ propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’.
Y señala: “Se hace necesario reorientar una senda de gastos y unas medidas de austeridad inmediatas y necesarias, en tanto no afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos en este caso en particular de los congresistas’.
El anuncio de la derogatoria de esta prima especial de servicios fue uno de los objetivos vinculados a los cerca de 20 proyectos de ley que se hundieron en el Congreso de República y que buscaban reducir el salario de los congresistas colombianos, uno de los más altos de la región.
El Decreto 0030 de 2026 lleva las firmas del ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, y de Mariela Barragán, directora del Departamento Administrativo de la Función Pública “órgano competente para conceptuar en materia salarial y prestacional. Ningún otro órgano puede arrogarse esta competencia’, señala.
Con información del ministerio de Hacienda y Crédito Público
CASTIGO CONTRA UN CONGRESO INDEPENDIENTE
En su cuenta de X (Antes Twitter) el Presidente del Senado Lidio García Turbay hizo un duro cuestionamiento a la decisión del gobierno del eliminar la prima de servicios que se paga a los congresistas.
“Gustavo Petro recibió durante casi 20 años la prima de servicios como congresista y jamás expresó inconformidad. La cobró en silencio mientras hacía parte del mismo Congreso que hoy cuestiona. Por eso este decreto no es una cruzada de austeridad, sino un mensaje de lo que equivocadamente considera un castigo político contra un Congreso que decidió ser independiente y no someterse al Ejecutivo. Aun así, acatamos la decisión porque respetamos el Estado de Derecho. Que quede claro: la independencia del Congreso no se negocia ni se castiga. Seguiremos legislando y ejerciendo control. Eso es democracia, y nosotros somos demócratas”, dijo el senador García,.
EL RECORTE PRESUPUESTAL
La semana pasada el Presidente del Congreso, Senador Lidio García Turbay, expresó su rechazo frente al presupuesto asignado al Legislativo para la vigencia 2026, al considerar que la disminución de recursos compromete la autonomía del poder legislativo y pone en riesgo aspectos clave para su funcionamiento institucional.
A través de su cuenta oficial de X, el Senador García Turbay se pronunció sobre el tema.
“Desfinanciar a una rama del poder público es afectar directamente su autonomía. Reducir los recursos del Congreso pone en riesgo su funcionamiento, la seguridad física y digital y la protección de la información institucional”, manifestó el líder del Legislativo.
García Turbay denunció, “de manera clara, esta decisión, que consideramos deliberada y orientada a debilitar al Congreso y a aumentar la vulnerabilidad y el nivel de riesgo de la institución”.
“Desde la Presidencia del Congreso tomaremos todas las medidas necesarias para proteger su funcionamiento, su seguridad y su autonomía constitucional”, manifestó el Presidente García Turbay.
Esta semana la Dirección General Administrativa del Senado envió una carta al Senador García Turbay y a la Comisión de Administración en la que expone la situación presupuestal de la corporación y advierte que los recursos aprobados son inferiores tanto al anteproyecto presentado, como al presupuesto de 2025.
De acuerdo con el documento, el Senado solicitó para 2026 un presupuesto de más de 656 mil millones de pesos; sin embargo, el monto asignado mediante el decreto de liquidación presupuestal representa una reducción del 35 % frente a lo solicitado y del 2 % frente al presupuesto de 2025.
Esta situación, según se advierte en la comunicación, dificulta la cobertura de gastos de funcionamiento e inversión, especialmente en materia de modernización tecnológica y fortalecimiento de la seguridad.
También se advirtió que, de no realizarse ajustes presupuestales oportunos, se impactarían tanto las labores legislativas, como la protección de las instalaciones y de la información institucional.
