Bogotá, enero de 2025. Colombia se ha consolidado como uno de los destinos más atractivos para la inversión china en América Latina, especialmente en sectores estratégicos como infraestructura, energía y servicios.
Esta relación va más allá del discurso, solo en enero de 2025, las importaciones originarias de China representaron el 28,4 % del total de las compras externas del país, según cifras del Dane, superando a otros socios comerciales tradicionales y confirmando el peso creciente del gigante asiático en la economía colombiana.
De acuerdo con la Asociación de Empresas Chinas en Colombia (AECC) 2025, actualmente se encuentran afiliadas aproximadamente 100 empresas chinas, con presencia en áreas clave como energías renovables, industria farmacéutica, comercio exterior e infraestructura.
Este crecimiento refleja no solo la confianza en el potencial económico colombiano, sino también una apuesta por proyectos de largo plazo que impulsen el desarrollo y la cooperación bilateral.
‘’Sin embargo, que Colombia sea un mercado atractivo no garantiza que las inversiones se conviertan automáticamente en casos de éxito. En la práctica, una deficiente estructuración legal y financiera puede hacer que proyectos millonarios se diluyan entre trámites, sanciones y retrasos administrativos’’, comentó Chune Wei, socia de Ventus projects services, y directora regional china de Ventus consultores
En este contexto, la debida diligencia legal y normativa se convierte en un requisito crítico y no negociable antes de ejecutar cualquier proyecto con capital extranjero.
Este proceso debe realizarse de manera exhaustiva y preventiva, abarcando aspectos como la normativa laboral y de seguridad social, el cumplimiento tributario y cambiario, los requisitos de contratación estatal cuando aplica, así como las licencias ambientales y de construcción necesarias para operar en Colombia.
‘’La omisión de este análisis expone a las empresas a riesgos significativos, entre ellos multas por parte de la Dian, el Ministerio del Trabajo o autoridades ambientales, litigios laborales prolongados, pérdida de habilitación para contratar con el Estado e incluso la paralización total de los proyectos’’, explicó la experta. En un entorno regulatorio complejo, desconocer las reglas locales puede resultar mucho más costoso que anticiparse a ellas.
Finalmente, invertir en una debida diligencia legal y normativa robusta no debe entenderse como un gasto adicional, sino como una medida de prevención estratégica. Su costo resulta ampliamente inferior al impacto económico, reputacional y operativo que generan las sanciones, los litigios o el incumplimiento normativo.
Para las empresas chinas interesadas en Colombia, este proceso debe ser el primer punto del checklist y la base sobre la cual se estructuren proyectos sostenibles, viables y exitosos en el tiempo.6
