La gobernadora Margarita Guerra, se pronunció frente a la coyuntura que atraviesa el Parque Nacional Natural Tayrona, luego de la decisión del Gobierno Nacional de ordenar el cierre preventivo y la prohibición de ingreso al área protegida.
La mandataria departamental aseguró que la situación exige “serenidad, altura institucional y compromiso colectivo”, e hizo un llamado a actuar con prudencia y dentro del marco de la ley.
“El camino no puede ser la confrontación. El camino es el diálogo institucional, la concertación y la construcción de acuerdos sólidos, verificables y respetuosos del ordenamiento jurídico”, manifestó la gobernadora.
Guerra recordó que el Parque Nacional Natural Tayrona es un destino turístico mundial y sustento de miles de familias del Magdalena, además de ser territorio ancestral de comunidades indígenas, campesinas y habitantes tradicionales del sector.
Asimismo, destacó que es un espacio estratégico para la conservación ambiental y la sostenibilidad regional. “Proteger el parque es proteger el empleo, la economía regional y el bienestar social de Magdalena y Colombia”, enfatizó.
Desde la administración departamental se reiteró la disposición de trabajar de manera articulada con el Gobierno Nacional, las autoridades ambientales, las comunidades indígenas, pobladores y los actores económicos para garantizar la conservación del área protegida, la estabilidad social y económica de quienes dependen del parque y el respeto al ordenamiento jurídico.
INTERVIENE LA PERSONERÍA DE SANTA MARTA
La Personería Distrital de Santa Marta participó en la instalación de la mesa de diálogo desarrollada en el marco de la situación presentada en el Parque Nacional Natural Tayrona, espacio que reunió al Pueblo Kogui del Magdalena, representado por el gobernador Atanasio Moscote Gil; a Parques Nacionales Naturales de Colombia; al Ministerio del Interior; la Procuraduría General de la Nación; la Defensoría del Pueblo y demás entidades del orden nacional y territorial.
Como Ministerio Público en el Distrito, la Personería actuó en su calidad de garante de los derechos humanos, promoviendo un escenario de concertación que priorice el respeto por los derechos territoriales de los pueblos indígenas, la protección ambiental y la convivencia pacífica.
Durante el encuentro, el Pueblo Kogui reiteró su solicitud de avanzar hacia un diálogo de gobierno a gobierno, planteando la necesidad de participación en la coadministración del parque, reparación a familias afectadas, garantías de seguridad y respeto a sus autoridades tradicionales y derechos ancestrales. Asimismo, manifestó su solidaridad con las comunidades campesinas del sector.
Por su parte, Parques Nacionales informó que la medida de cierre adoptada mediante la Resolución 091 del 17 de febrero de 2026 responde a riesgos ambientales, condiciones climáticas y situaciones que obligan a proteger la vida y la integridad del área protegida, expresando su disposición para construir acuerdos mediante un diálogo estructurado.
Como resultado de la mesa, se acordó:
-El acatamiento del cierre del Parque Tayrona por parte del Pueblo Kogui del Magdalena mientras se instala formalmente la mesa de acuerdos.
-La realización de una nueva reunión el próximo 27 de febrero a las 9:00 a.m. en la Secretaría de Gobierno de Santa Marta, donde se presentarán propuestas estructuradas para definir una hoja de ruta conjunta.
-El acompañamiento del Ministerio del Interior como garante del proceso.
-La gestión de medidas de protección para las familias indígenas que habitan dentro del parque.
-La articulación de espacios de diálogo con comunidades campesinas del sector.
-La presencia institucional en territorio para la notificación formal de la resolución de cierre.
Las partes coincidieron en la necesidad de privilegiar el diálogo, evitar la estigmatización y garantizar un manejo responsable de la información ante la opinión pública.
La Personería Distrital de Santa Marta reitera su compromiso de acompañar este proceso de manera permanente, velando por la protección de los derechos fundamentales, el respeto al patrimonio ambiental y el fortalecimiento de los canales institucionales como vía legítima para la resolución de conflictos.
Finalmente, se hace un llamado a los medios de comunicación y a la ciudadanía a contribuir a un ambiente de respeto, prudencia y construcción colectiva, en defensa de los derechos humanos y la convivencia pacífica en el territorio.
