En América Latina y el Caribe la violencia suele entrar al debate público por la puerta de las cifras duras: homicidios, extorsiones, robos, capturas, incautaciones. Es el lenguaje de los reportes diarios, de los balances de fin de año y de la disputa política inmediata. Pero hay otra dimensión, menos visible y más profunda, que define con mayor precisión el tamaño real del problema: la violencia como pérdida de bienestar.
Por Jorge Medina Rendón, Redacción La Gran Noticia
La violencia no solo mata. También empobrece, distorsiona la vida cotidiana, encarece las decisiones básicas, erosiona la confianza y obliga a los Estados a gastar cada vez más en reaccionar, muchas veces sin lograr prevenir a tiempo.
Ese es el gran aporte del informe del Banco Interamericano de Desarrollo sobre los costos del crimen y la violencia en el bienestar en América Latina y el Caribe: mover la conversación desde el conteo del delito hacia la medición de sus efectos sobre la vida social y económica.
La pregunta deja de ser únicamente cuántos crímenes ocurrieron y pasa a ser cuánto bienestar perdió una sociedad por convivir con ellos. El cambio parece técnico, pero en realidad es político, urbano y humano. Cambia la manera de leer las ciudades, de evaluar gobiernos y de discutir prioridades públicas.
La tesis del BID es contundente porque obliga a mirar la violencia en tres tiempos: lo que se gasta antes del delito para tratar de evitarlo, lo que se pierde cuando el delito ocurre y lo que se invierte después para responder a sus consecuencias.
En el primer bloque están las rejas, las cámaras, la vigilancia privada, los cerramientos, los protocolos y la arquitectura defensiva que se ha vuelto parte del paisaje en buena parte de la región.
En el segundo están los daños más evidentes y también los más dolorosos: lesiones, muertes, pérdidas materiales, ingresos truncados, proyectos de vida interrumpidos.
En el tercero está la factura institucional: policías, fiscales, jueces, cárceles, sistemas de investigación, peritajes, burocracia penal.
Visto así, el crimen no es solo una amenaza a la seguridad: es una gigantesca maquinaria de costos que consume recursos públicos y privados de manera sostenida.
La fuerza de ese enfoque se vuelve mayor cuando se aplica a una región que, desde hace décadas, aparece como una anomalía violenta.
¿La región más violenta del mundo?
América Latina y el Caribe no carga solamente con una percepción de inseguridad; carga con una desproporción histórica entre su peso demográfico y su participación en la violencia letal global. Esa desproporción ha sido una constante y ha marcado su destino urbano, institucional y económico.
Las tasas de homicidio de muchos de sus países no se explican únicamente por pobreza o desigualdad, y esa constatación desmonta una simplificación frecuente: la violencia regional no es solo un reflejo automático de la exclusión social, sino también de instituciones frágiles, mercados criminales activos, capturas territoriales, impunidad, corrupción y respuestas estatales desarticuladas.
Ahí empieza uno de los debates más incómodos que abre el informe: la región no solo tiene altos niveles de violencia, sino que además paga una factura enorme por sostener una convivencia deteriorada. Una parte de esa factura es visible en los presupuestos públicos; otra queda dispersa en miles de decisiones privadas.
Una tienda que paga más seguridad y menos nómina. Un restaurante que cierra antes. Un barrio que se vacía de noche. Una familia que ya no usa el parque. Un comerciante que posterga una inversión. Una empresa que cambia de zona. Una madre que reorganiza horarios para reducir riesgos. Una ciudad que, sin decirlo, se acostumbra a vivir en modo defensivo. Ese costo, sumado, pesa tanto como los delitos mismos.
El BID propone mirar esa carga como un problema de desarrollo, y no solo de orden público. Esa idea es decisiva porque rompe una inercia latinoamericana: la de discutir seguridad casi exclusivamente en clave policial.
Cuando la violencia se mide como pérdida de bienestar, la agenda cambia. La seguridad deja de ser una conversación encerrada entre patrullas, códigos penales y operativos, y entra en el terreno de la economía urbana, la salud pública, la planificación territorial, la movilidad, la convivencia y la productividad. La pregunta ya no es solo cómo se captura más, sino cómo se vive mejor.
La violencia en América Latina no solo mata: también empobrece
El análisis por países que recoge el documento refuerza esa lectura. Al comparar naciones con metodologías homogéneas, el BID muestra que el costo del crimen y la violencia no tiene una forma única en la región. Cambia según el contexto, la estructura institucional, el tipo de criminalidad predominante y la calidad del dato disponible.
En el ejercicio comparado de cinco países —Chile, Costa Rica, Honduras, Paraguay y Uruguay— aparecen diferencias notables en el peso económico de la violencia sobre el PIB. Ese contraste es importante porque evita la tentación de hablar de “la violencia latinoamericana” como un bloque uniforme.
En algunos casos pesan más los costos institucionales; en otros, la violencia letal y sus efectos sobre hogares y comunidades; en otros, la extensión de mercados ilícitos y formas de control criminal sobre territorios.
Chile y Uruguay, por ejemplo, han sido leídos durante años como referencias regionales de mayor capacidad institucional relativa, aunque eso no signifique ausencia de crimen ni de deterioro reciente.
Costa Rica, con una tradición de estabilidad institucional, también ha enfrentado tensiones severas en seguridad, especialmente cuando la violencia asociada a economías criminales gana espacio.
Honduras y Paraguay, en el otro extremo del ejercicio comparado del BID, ilustran cómo contextos de mayor fragilidad o mayor presencia de circuitos criminales pueden elevar el costo del crimen a niveles que comprometen más intensamente el desarrollo. El punto no es convertir esa comparación en ranking moral, sino entender que la violencia adopta formas nacionales distintas y exige respuestas de política igualmente diferenciadas. La región comparte un problema, pero no comparte exactamente el mismo problema.
Esa mirada comparada ayuda a aterrizar mejor el caso colombiano, donde la discusión sobre seguridad ha estado dominada por cifras de homicidio y por la narrativa de ciclos: mejora, deterioro, repunte, contención.
La complejidad del caso colombiano
El enfoque del BID permite leer algo más complejo: el caso colombiano no solo enfrenta violencia persistente, sino también una dificultad estructural para producir un relato estadístico plenamente consistente sobre ella. En otras palabras, no es solo un problema de crimen; también es un problema de datos, de armonización institucional y de confianza en el registro.
Cuando distintas fuentes oficiales no coinciden en el número de homicidios, el debate público entra en una zona peligrosa. No porque una fuente invalide automáticamente a la otra, sino porque la discrepancia se convierte en munición política antes que en asunto técnico a resolver.
El resultado es una conversación contaminada: se discute cuál cifra conviene, no cómo se construyen los datos, qué metodologías se aplican, qué cortes temporales se usan, qué categorías se consolidan y cómo se corrigen subregistros.
Esa fragilidad estadística no es un detalle de escritorio. Si el diagnóstico es inestable, la política pública también lo será. Se puede sobrerreaccionar donde no toca, subestimar donde el problema se agravó o anunciar mejoras que no resisten una lectura comparada rigurosa.
En Colombia, además, la lectura de la violencia ya no puede hacerse solo desde la tasa nacional. El país muestra una realidad crecientemente territorializada, con patrones muy distintos entre regiones y ciudades.
El Caribe, Atlántico y Barranquilla
Ahí el Caribe colombiano emerge como un caso especialmente relevante, no solo por la violencia letal, sino por la combinación de homicidio, extorsión, control criminal, disputa por rentas urbanas y efectos económicos sobre la vida cotidiana. Es una violencia que no se limita al hecho sanguinario ni a la crónica judicial; se incrusta en la lógica del comercio, del transporte, del uso del espacio público y de la percepción de futuro en los barrios.
En el Caribe, la extorsión cumple un papel central en esa economía del miedo. No siempre produce el mismo impacto mediático que un homicidio, pero puede tener una capacidad más sostenida de deformar la vida local. Un homicidio conmociona; la extorsión administra el miedo en el tiempo. Obliga a pagar, a negociar, a cerrar, a callar, a cambiar horarios, a reducir visibilidad, a moverse con prudencia, a normalizar gastos de protección.
Cuando eso se vuelve rutina, la ciudad entra en un proceso silencioso de empobrecimiento. No necesariamente porque se destruya de forma inmediata, sino porque se encarece en cada decisión y se vuelve más hostil para producir, circular y convivir.
Atlántico, en ese mapa, se ha convertido en una referencia obligada del debate nacional. Las cifras reportadas por distintas fuentes al cierre de 2024 mostraron un deterioro severo en homicidios, aunque con diferencias en los totales según el origen de los datos, el corte de fecha o la categoría usada.
Ese detalle, lejos de debilitar la historia, la fortalece: incluso cuando los números varían, la tendencia de fondo coincide. Hubo una escalada. Y esa escalada no puede leerse como una simple oscilación estadística ni como un episodio aislado. Expresa tensiones más profundas en la seguridad metropolitana y regional, y obliga a una discusión menos complaciente sobre la capacidad de respuesta institucional.
La existencia de cifras distintas para un mismo periodo suele generar un efecto perverso en la conversación pública. Una parte del debate se concentra en la pelea numérica y otra se refugia en la interpretación que más conviene a su narrativa política. Mientras tanto, lo esencial pasa a segundo plano: la experiencia social de la violencia.
Las personas no viven la inseguridad como una tabla comparativa entre fuentes. La viven como miedo, costos, restricciones y deterioro de expectativas. Por eso el enfoque del BID resulta tan pertinente para el Caribe colombiano: permite salir del reduccionismo del dato aislado y preguntarse por la pérdida de bienestar que produce esa escalada, más allá de si el consolidado final arroja una cifra u otra.
Barranquilla sintetiza bien esa complejidad. La ciudad, por su peso económico y simbólico en la región, suele ser leída a través de narrativas rápidas: ciudad en avance, ciudad en crisis, ciudad de contrastes. En seguridad, esas narrativas se vuelven todavía más peligrosas porque pueden simplificar un fenómeno que muta con rapidez.
Los comparativos oficiales del observatorio distrital muestran una señal difícil de ignorar: en el balance 2023-2024 se produjo un aumento fuerte de homicidios, mientras otros delitos reportaban descensos.
Esa combinación obliga a una lectura madura. No alcanza con decir que “la seguridad mejoró” porque bajó un conjunto de indicadores, ni con afirmar que “todo se deterioró” porque subió el homicidio. Lo que aparece es una reconfiguración del problema.
Y esa reconfiguración importa porque cambia el tipo de daño social que sufre la ciudad. Una reducción en ciertos delitos patrimoniales puede aliviar la percepción de riesgo en algunos entornos, pero un aumento de la violencia letal tiene un efecto cualitativamente distinto sobre el bienestar urbano.
El homicidio altera la relación con el territorio, intensifica el miedo, profundiza estigmas barriales, tensiona la convivencia y dispara demandas de respuesta inmediata. Aun cuando otros indicadores muestren alivios, la violencia letal tiene la capacidad de reordenar el clima social de una ciudad. Es un delito que no solo suma víctimas: multiplica temor.
La foto posterior, con comparativos más recientes que muestran disminución de homicidios y al mismo tiempo aumento en otros delitos como el hurto a personas, reafirma que Barranquilla no enfrenta una trayectoria lineal, sino una mutación de riesgos. Ese tipo de comportamiento es precisamente el que desaconseja lecturas triunfalistas o fatalistas.
Una ciudad puede contener parcialmente la violencia letal y, aun así, vivir una expansión de delitos que golpean la experiencia cotidiana de seguridad. Puede mejorar en el indicador más dramático y empeorar en el que más afecta la relación diaria entre ciudadanía y espacio público. La seguridad urbana no se resume en una sola curva.
El costo de la pérdida del bienestar
En ese contexto, la pregunta por el costo de una vida perdida por violencia adquiere una densidad especial. Es una pregunta incómoda porque toca una frontera ética. Hablar del “costo” de una vida puede sonar deshumanizante si se plantea de forma fría o contable. Pero el problema no desaparece por evitar la pregunta.
De hecho, ignorarla suele beneficiar la subestimación del daño. La clave está en cómo se formula. No se trata de ponerle precio moral a una persona. Se trata de medir, con todas las limitaciones del caso, la magnitud del impacto que una muerte violenta produce sobre una familia, una comunidad, una ciudad y el Estado.
Un homicidio activa una cadena de costos directos e indirectos que pocas veces se presentan juntos en el debate público. Está la investigación policial, la actuación de la Fiscalía, los peritajes, Medicina Legal, el sistema judicial, la eventual carga penitenciaria. Está la atención médica previa en casos donde hubo tentativa o supervivencia inicial. Están los gastos funerarios y el golpe económico al hogar.
Está la pérdida de ingresos futuros cuando la víctima era sostén parcial o principal de una familia. Están los efectos sobre hijos, parejas, cuidadores, dependientes. Y está la dimensión más difícil de monetizar, pero no por eso menos real: el trauma, el miedo, la ruptura de la vida barrial, la retracción del espacio público, la caída de confianza, la estigmatización territorial.
En ciudades con economías locales frágiles o sometidas a presión criminal, ese costo se multiplica por contexto. Un homicidio en una zona comercial no afecta solo a la víctima y a su entorno íntimo. Puede alterar el flujo de clientes, provocar cierre anticipado de locales, elevar gastos de seguridad, reducir empleo informal, intensificar pagos extorsivos y profundizar la percepción de abandono.
La responsabilidad de los medios de comunicación
El daño se vuelve territorial. Por eso la idea de “costo por muerto” no puede reducirse a una cifra llamativa dividida entre presupuestos y cadáveres. Esa cuenta, aunque seductora para titulares rápidos, es metodológicamente pobre y políticamente engañosa. El verdadero reto consiste en mostrar capas, no fabricar un número único.
Ahí el periodismo tiene una responsabilidad mayor. Durante años, buena parte de la cobertura de seguridad en la región osciló entre dos extremos: la crónica roja y el parte institucional. Entre el impacto visual del crimen y el boletín oficial, muchas veces quedó fuera la pregunta por el bienestar perdido.
El enfoque del BID abre una oportunidad para contar mejor. No para tecnocratizar el dolor, sino para darle contexto. No para reemplazar a las víctimas por estadísticas, sino para demostrar que la violencia tiene un radio de afectación mucho más amplio que el hecho criminal en sí. Una buena cobertura no solo informa cuántos murieron; también explica qué costo social deja esa muerte y por qué prevenirla es una política de desarrollo.
Esa perspectiva resulta especialmente urgente en el caso colombiano y, dentro de él, en el Caribe.
“La región necesita mejores estrategias de seguridad, pero también mejores conversaciones públicas sobre seguridad”.
Conversaciones menos atrapadas por la coyuntura de un fin de semana violento y más atentas a los patrones territoriales, a la calidad del dato, a la economía del miedo y a los costos de largo plazo. Sin ese cambio, las respuestas seguirán llegando tarde, fragmentadas o desproporcionadas. Se reaccionará al síntoma, no a la estructura.
La gran discusión de fondo no es si una administración puede exhibir una reducción puntual en ciertos delitos o si otra puede atribuir un aumento a factores externos. La discusión que importa es otra: qué tan capaz es una ciudad de proteger el bienestar de su gente frente a la violencia.
Esa capacidad no se mide solo por el número de capturas o por el tamaño del pie de fuerza. Se mide también por la confianza en los datos, la precisión del diagnóstico, la coordinación institucional, la prevención territorial, la protección del comercio, la recuperación del espacio público y la posibilidad de que la ciudadanía viva sin reorganizar cada día alrededor del miedo.
América Latina lleva demasiado tiempo pagando la violencia como si fuera un impuesto inevitable. El informe del BID, leído desde esa perspectiva, propone algo más que una metodología: propone una corrección de mirada. Obliga a reconocer que el crimen y la violencia no son solo un problema de seguridad, sino una máquina de pérdida de bienestar que frena desarrollo, encarece ciudades y erosiona la vida común.
En Colombia, y con particular nitidez en el Caribe, esa advertencia no es teórica. Se siente en las cifras, en los barrios, en los negocios y en la conversación pública.
La pregunta decisiva ya no debería ser solo cuántos homicidios hubo en el año.
La pregunta que puede abrir un debate más serio —y más útil— es cuánto bienestar perdió una ciudad por convivir con la violencia, y cuánto más está dispuesta a perder antes de asumir que la seguridad no se resuelve únicamente con reacción, sino con una política integral capaz de defender la vida, la economía cotidiana y el derecho básico a habitar la ciudad sin miedo.
América Latina y el Caribe arrastra una tragedia que suele medirse en cifras de homicidios, heridos, robos y capturas. Pero hay una dimensión menos visible —y no por eso menos devastadora—: la factura económica y social de la violencia.
No se trata únicamente de lo que se pierde cuando una persona muere o resulta lesionada. Se trata también de lo que se gasta para sobrevivir con miedo, de lo que dejan de producir las familias, de lo que las empresas dejan de invertir, de lo que el Estado desvía hacia contención y respuesta, y de lo que la sociedad resigna en calidad de vida.
Ese es el núcleo del debate que plantea un informe regional sobre los costos del crimen y la violencia en el bienestar en América Latina y el Caribe: la inseguridad no es solo un problema policial o judicial; es también un problema de desarrollo.
Cuando el miedo se vuelve sistema, la ciudad también cambia: hay menos uso del espacio público, menos confianza, menos circulación, menos encuentro. En otras palabras, la violencia reordena la vida urbana.
La gran pregunta: ¿cuánto cuesta el crimen?
Responder esa pregunta no es sencillo, porque no existe una cifra única e indiscutible. Las metodologías varían, los datos no siempre son homogéneos y muchos daños —especialmente los emocionales y sociales— son difíciles de monetizar.
Aun así, medir importa.
No para reducir el drama humano a una contabilidad fría, sino para entender la magnitud real del problema y diseñar mejores políticas públicas. Cuando el crimen se mide solo por número de casos, el debate público suele quedarse en la superficie. Cuando se mide también por sus costos, aparece una verdad más incómoda: la violencia drena recursos que podrían destinarse a salud, educación, empleo, infraestructura y bienestar.
El problema no es solo la cifra, también la calidad del dato
Para 2024, un informe de Probogotá Región (con base en datos de Policía Nacional y contraste con Medicina Legal) señala un punto crítico para cualquier análisis periodístico serio: las cifras no coinciden entre fuentes oficiales. Según ese informe, la Policía reportó 13.364 homicidios en Colombia, mientras que Medicina Legal documentó 13.917, una diferencia de 553 casos. También ubica la tasa nacional en 25,4 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Esa divergencia no es un detalle técnico: afecta la lectura pública del problema, la priorización territorial y la evaluación de resultados de política de seguridad. El debate no debería ser “qué cifra me conviene”, sino cómo se armonizan registros y se transparentan metodologías.
Caribe colombiano: la violencia urbana y la extorsión como motor de costo social
En el caso colombiano, el Caribe aparece con un peso creciente en la conversación de seguridad por la combinación de homicidio + extorsión + disputa criminal urbana. En el mismo informe de Probogotá, Atlántico aparece entre los departamentos con más registros de extorsión en 2024, con 1.339 casos, después de Bogotá (2.497) y Antioquia (1.828).
Este dato es clave para tu enfoque de costos: la extorsión no solo produce denuncia penal; produce miedo económico. Comercios que pagan, negocios que no invierten, horarios que se reducen, zonas que se vacían y familias que normalizan el costo de “protegerse”.
Atlántico: cifras altas, pero también ruido estadístico
En Atlántico, los balances de cierre de 2024 difundidos por medios locales y regionales muestran cifras muy altas, pero con diferencias según la fuente y el recorte utilizado.
- Caracol Radio reportó 901 homicidios en 2024 para el departamento.
- W Radio reportó 947 homicidios y señaló que la mayoría se registraron en Barranquilla (515 casos), atribuyendo el dato a Medicina Legal.
- El Heraldo habló de al menos 948 muertes en ese contexto al cierre del año.
Esto no invalida el diagnóstico. Al contrario: refuerza una conclusión periodística potente —hay una escalada grave y, además, problemas de consistencia/criterio entre registros (homicidio intencional, muerte violenta, cobertura territorial, corte temporal, fuente policial vs. forense).
Barranquilla: la fotografía oficial del distrito sí muestra un deterioro fuerte en homicidios en 2024
La Alcaldía de Barranquilla, a través de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana (OSCC), publica sus comparativos oficiales de delitos de alto impacto. En la infografía de cierre 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 (comparativo 2023-2024), se registra en Barranquilla un aumento de homicidios de 375 a 486 casos, es decir, +30% (111 casos más).
En esa misma pieza oficial del distrito, otros delitos presentan variaciones relevantes en 2024 frente a 2023:
- Hurto a comercio: 2.190 → 1.689 (-23%)
- Hurto a residencias: 688 → 446 (-35%)
- Hurto a motocicletas: 1.221 → 1.064 (-13%)
- Hurto a automotores: 444 → 400 (-10%)
- Lesiones personales: 1.100 → 867 (-21%)
- Hurto a personas: 13.469 → 7.091 (-47%)
- Extorsión: 877 → 800 (-9%)
Ese patrón sugiere una lectura importante: pueden mejorar algunos indicadores patrimoniales o de denuncia, mientras el homicidio se deteriora con fuerza. Es decir, no siempre hay una “mejora general” de seguridad; puede haber reconfiguración del riesgo.
En el Caribe colombiano —y de forma visible en Atlántico y Barranquilla— la violencia no solo se mide por homicidios, sino por su capacidad de reorganizar la economía urbana del miedo: extorsión, control territorial, horarios, comercio, movilidad y percepción.
El país necesita mejores políticas, pero también mejores datos. Sin trazabilidad y armonización entre Policía, Medicina Legal y observatorios territoriales, la discusión pública se contamina y la planeación pierde precisión.
Este informe fue preparado con asistencia de Inteligencia Artificial, bajo la supervisión y redacción final de un periodista.
