Por Martha Villalba Hodwalker
En Colombia hemos naturalizado una práctica electoral que, aunque fue creada con buenas intenciones, hoy merece una profunda revisión: realizar las consultas presidenciales de los partidos el mismo día de las elecciones al Congreso.
Esta posibilidad fue establecida por la Ley 1475 de 2011 con dos objetivos claros: reducir los costos electorales y facilitar la participación ciudadana en la selección de candidatos presidenciales. Sin embargo, la experiencia de los últimos procesos electorales demuestra que esta coincidencia de votaciones genera efectos indeseados que terminan debilitando el sistema democrático.
El primer problema es la presidencialización de las elecciones legislativas. Cuando las consultas presidenciales coinciden con las parlamentarias, el debate político se concentra casi exclusivamente en los aspirantes a la Presidencia. Los medios, la opinión pública y las campañas giran alrededor de esa disputa nacional, mientras que las propuestas legislativas, las agendas regionales y la representación territorial quedan relegadas a un segundo plano.
El Congreso de la República debería ser elegido en función de su papel como escenario de deliberación democrática y representación de los territorios. Sin embargo, cuando las consultas presidenciales se realizan el mismo día, las elecciones legislativas terminan subordinadas a las dinámicas de la política presidencial.
Un segundo efecto es el arrastre electoral. Los candidatos presidenciales con mayor visibilidad movilizan votación que termina favoreciendo de manera automática a las listas al Congreso de su misma coalición o partido. Esto genera desequilibrios en la competencia electoral y reduce las condiciones de igualdad entre las distintas fuerzas políticas.
También se produce una afectación directa a muchos candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes. En medio de una jornada electoral dominada por las consultas presidenciales, resulta mucho más difícil posicionar debates legislativos, explicar propuestas regionales o visibilizar liderazgos territoriales. En la práctica, la contienda presidencial termina absorbiendo la discusión parlamentaria.
A esto se suma un elemento adicional: la confusión del elector. El ciudadano llega a las urnas enfrentando varias decisiones simultáneas: votar por Senado, votar por Cámara y participar en una o varias consultas presidenciales. Esta saturación electoral aumenta los votos nulos y dificulta que el votante comprenda con claridad el alcance de cada elección.
Por estas razones, Colombia debería avanzar hacia una reforma que separe las consultas presidenciales de las elecciones parlamentarias.
Esta modificación no solo permitiría debates electorales más claros, sino que fortalecería tres pilares fundamentales de nuestra democracia: los partidos políticos, el Congreso de la República y la calidad del voto ciudadano.
Un calendario electoral más equilibrado podría establecer consultas presidenciales varios meses antes de las elecciones al Congreso, permitiendo así que cada proceso tenga su propio escenario de deliberación democrática.
Revisar esta práctica no es un asunto menor ni un simple ajuste técnico. Es una decisión que puede contribuir a mejorar la calidad de nuestro sistema político y a garantizar que las elecciones legislativas recuperen su verdadero sentido: representar a los territorios y construir las leyes que orientan el futuro del país.
Fortalecer la democracia también significa tener la capacidad de revisar nuestras reglas electorales cuando la experiencia demuestra que pueden mejorarse.
