Un informe de Fundesarrollo advierte que en las principales ciudades del Caribe colombiano trabajar no siempre significa dejar de ser pobre.
La informalidad, los bajos ingresos y las brechas de género explican por qué el mercado laboral no está logrando romper el círculo de la pobreza.
En la región Caribe colombiana, tener trabajo no siempre significa tener estabilidad. Tampoco garantiza ingresos suficientes ni una salida real de la pobreza.
Esa es una de las conclusiones más inquietantes del informe La pobreza en la región Caribe: el rol de las dinámicas laborales, de Fundesarrollo, que pone el foco en una verdad incómoda: miles de personas trabajan todos los días, pero siguen atrapadas en condiciones de precariedad.
La idea central del documento rompe con una creencia bastante extendida: que generar empleo basta para reducir la pobreza.
El estudio muestra que el problema no radica solo en la falta de ocupación, sino en la calidad del trabajo disponible. En buena parte del Caribe, el empleo existe, pero es inestable, mal remunerado y, en muchos casos, informal. Así, el trabajo deja de ser una vía segura de ascenso social y se convierte apenas en una forma de supervivencia.
El informe advierte que en la región se consolida con fuerza la figura del trabajador pobre: personas que participan activamente en el mercado laboral, pero cuyos ingresos no alcanzan para sacar a sus hogares de la pobreza monetaria.
No se trata, entonces, de ciudadanos desconectados de la economía, sino de trabajadores que, aun con esfuerzo constante, no logran cubrir con suficiencia sus necesidades básicas.
Una de las claves para entender este fenómeno es la informalidad laboral, que sigue siendo dominante en las capitales del Caribe. Según el análisis, entre cinco y siete de cada diez ocupados trabajan en condiciones informales.
Y el dato más revelador es que las ciudades con mayor informalidad suelen ser también las más pobres. En Riohacha, Sincelejo y Valledupar, por ejemplo, la informalidad oscila entre el 60% y el 70%, mientras la pobreza monetaria ronda niveles cercanos a la mitad de la población.
La relación entre informalidad y pobreza no es accidental. El empleo informal suele estar asociado a ingresos variables, poca o ninguna protección social, ausencia de estabilidad y mínimas posibilidades de crecimiento económico.
En ese contexto, un gasto inesperado, una enfermedad o la pérdida temporal de ingresos puede desestabilizar por completo a un hogar. El informe deja ver que en el Caribe muchos hogares viven precisamente en ese borde: trabajan, pero viven expuestos a caer o recaer en la pobreza con enorme facilidad.
El análisis de los ingresos laborales refuerza esa realidad. En las ciudades estudiadas, las personas en condición de pobreza reciben, en promedio, entre $200.000 y $320.000 mensuales.
En el caso de la población vulnerable, es decir, aquella que no es pobre pero puede caer en pobreza con facilidad, los ingresos promedio se ubican entre $548.000 y $657.000. Son montos que muestran hasta qué punto el trabajo puede resultar insuficiente cuando las remuneraciones apenas alcanzan para sostener lo básico.
Ahí aparece uno de los mensajes más fuertes del informe: la pobreza no puede medirse únicamente por la ausencia de ingresos, sino también por la insuficiencia de los ingresos existentes.
Una persona puede tener ocupación, cumplir una jornada, producir, vender o prestar un servicio y, aun así, seguir lejos de una vida digna. La discusión, por tanto, no debería limitarse a cuántos empleos se crean, sino a qué tipo de empleos se están generando y cuánto permiten vivir.
El documento también muestra que esta problemática tiene matices territoriales importantes. Algunas ciudades registran niveles relativamente altos de ocupación y, sin embargo, mantienen tasas de pobreza elevadas.
El caso de Barranquilla A.M. y Montería resulta particularmente ilustrativo, porque evidencia que una mejor dinámica de empleo no necesariamente se traduce en una reducción proporcional de la pobreza. Ese desfase revela que el problema del Caribe no es solo cuánta gente trabaja, sino bajo qué condiciones lo hace.
Otra dimensión decisiva del informe es la brecha de género. Las mujeres enfrentan en varias ciudades del Caribe mayores niveles de desempleo y también mayores tasas de pobreza que los hombres.
En Barranquilla A.M., por ejemplo, la tasa de desempleo femenino alcanza el 15%, frente al 8% de los hombres. La incidencia de la pobreza también resulta más alta entre las mujeres. El patrón, según el estudio, se repite en otras ciudades de la región, donde las diferencias en desempleo entre hombres y mujeres van de cinco a ocho puntos porcentuales.
Pero el informe no se queda en el dato. También explica que estas brechas responden a factores estructurales. El trabajo de las mujeres no puede entenderse solo desde el empleo remunerado, ya que sobre ellas sigue recayendo buena parte de las tareas de cuidado y reproducción social dentro de los hogares.
Esa carga reduce sus posibilidades de insertarse en empleos estables, limita su autonomía económica y las empuja, muchas veces, hacia ocupaciones más precarias o compatibles con las exigencias domésticas. La pobreza, vista desde esta perspectiva, también tiene rostro de mujer.
El estudio de Fundesarrollo presenta así una lectura integral de la pobreza en el Caribe. No la muestra como un fenómeno aislado ni como un simple resultado del desempleo, sino como la suma de varias capas de exclusión:
informalidad persistente,
bajos salarios,
desigualdades territoriales,
vulnerabilidad económica y brechas de género.
Todo ello configura un escenario en el que el crecimiento del empleo, si no viene acompañado de calidad, resulta insuficiente para transformar las condiciones de vida de la población.
En sus conclusiones, el informe sugiere que reducir la pobreza de manera efectiva exige ir más allá de las estadísticas laborales y construir políticas más amplias.
Habla de fortalecer la protección social, impulsar la formación para acceder a empleos más productivos, avanzar en la formalización y ampliar las oportunidades económicas.
También plantea la necesidad de garantizar servicios esenciales como salud, educación y transporte, de modo que los hogares vulnerables no queden asfixiados por gastos que profundizan su fragilidad.
La conclusión de fondo es contundente: el Caribe no necesita únicamente más empleo. Necesita mejor empleo. Necesita trabajos que paguen lo suficiente, que ofrezcan protección, que permitan estabilidad y que de verdad funcionen como una puerta de salida de la pobreza.
Mientras eso no ocurra, seguirá creciendo una paradoja dolorosa: la de una región donde miles de personas trabajan sin descanso, pero no consiguen dejar de ser pobres.
