Bogotá, 25 de marzo de 2026. La iniciativa constituye una de las reformas más relevantes para la organización territorial del Estado desde la Constitución de 1991, al redefinir la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales.
Con base en lo anterior, el ministerio del Interior adelantó la socialización en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes de la iniciativa que fue radicada en diciembre de 2025, la cual desarrolla el Acto Legislativo 03 de 2024 que modificó el esquema del Sistema General de Participaciones.
Proyecto de ley de Competencias que fortalece la autonomía territorial
Durante la sesión, el viceministro General del Interior, Jaime Luis Berdugo Pérez, señaló que este momento marca el comienzo de un debate estructural para el país, en la medida en que consideró que “este proyecto no es una ley de recursos, es una ley de poder público. Su propósito es ordenar la relación entre la Nación y los territorios, definiendo con claridad quién hace qué, con qué recursos y bajo qué condiciones”.
La iniciativa busca corregir un problema estructural del modelo territorial colombiano como la asignación de responsabilidades sin el correspondiente fortalecimiento de capacidades y fuentes de financiación.
En ese sentido, propone un sistema más coherente entre competencias, recursos y capacidades institucionales.
Entre sus principales elementos, el proyecto:
• Define con mayor precisión las competencias de la Nación y de las entidades territoriales en sectores prioritarios como salud, educación y agua potable.
• Establece principios e instrumentos institucionales para orientar la descentralización y mejorar la coordinación entre niveles de gobierno.
• Introduce un enfoque de descentralización asimétrica, que reconoce las diferencias en capacidades y condiciones entre territorios.
• Incorpora mecanismos de articulación territorial, como esquemas asociativos y acuerdos de colaboración, para abordar problemáticas que trascienden los límites administrativos.
De acuerdo con el Ministerio, el proyecto es resultado de un proceso técnico y de concertación desarrollado durante nueve meses en 2025, en el que participaron entidades del Gobierno nacional, representantes de las entidades territoriales, gremios, academia y distintos actores institucionales.
Durante la presentación, el Gobierno reiteró que esta iniciativa será objeto de un amplio proceso de deliberación en el Congreso, con el objetivo de fortalecer su alcance técnico, su viabilidad fiscal y su impacto territorial.
La iniciativa espera su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara.
Con información del Ministerio del Interior
