Bogotá, D. C., jueves 9 de abril de 2026. En la Corte Suprema de Justicia se llevó a cabo una reunión interinstitucional con el fin de conversar y analizar la situación de hacinamiento carcelario que se registra en el país y que se extiende a estaciones de policía y sedes de la Fiscalía.
En este espacio se destacó la importancia de fortalecer la articulación entre las diferentes entidades del Estado, con el propósito de impulsar acciones coordinadas que contribuyan a garantizar condiciones dignas para la población privada de la libertad y a mejorar la capacidad del sistema carcelario colombiano.
Se revisaron los avances en temas, los cuales ha venido trabajando la Corte con la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación, como las brigadas jurídicas, la interpretación y aplicación de la Ley de Utilidad pública, el fortalecimiento de modelos de atención al ciudadano y la mayor presencia en las regiones con una mejor coordinación de las diferentes entidades.
En el encuentro participaron el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez; el presidente de la Sala de Casación Penal, Carlos Roberto Solórzano Garavito; la presidenta de la Corte Constitucional Paola Andrea Meneses Mosquera, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, Fredy Hernando Ibarra Martínez, presidente de la Sección Tercera del Consejo de Estado; el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán; la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón; la vicedefensora del Pueblo, Paula Cristina Aponte Urdaneta y el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco.
Esta reunión da continuidad a los esfuerzos institucionales iniciados en junio de 2024, para avanzar en el necesario trabajo común que permita adoptar medidas para enfrentar adecuadamente el hacinamiento carcelario.
Conclusiones. Durante la jornada, cada institución, identificó acciones individuales de acuerdo con su misionalidad y propuestas conjuntas para enfrentar esta problemática estructural del sistema penitenciario, y de esta manera fortalecer el seguimiento permanente que viene desarrollando la Corte Constitucional, desde 1998, cuando declaró el estado de cosas inconstitucional (ECI) en las cárceles nacionales.
El magistrado Lenis Gómez, destacó la importancia del trabajo armónico para que, desde sus respectivas competencias y objetivos misionales, las entidades convocadas a la reunión puedan trabajar en objetivos comunes que se traduzcan en soluciones prontas y perdurables para enfrentar la problemática en los sitios de reclusión.
Hubo consenso en que es necesario revisar la política pública criminal, la política de seguridad y su armonización con la carcelaria, así como el régimen de competencias y recursos a cargo de las entidades territoriales en este asunto.
Además, en la necesidad de compartir los reportes entre el INPEC, la Policía y el Consejo Superior de la Judicatura para fortalecer los sistemas de información de la Defensoría (Aurora, Celeste y María) para lograr más efectividad en las actividades que desarrolla esta entidad en relación con las personas privadas de la libertad
Fuente: Corte Suprema de Justicia
