El reciente decreto 0368 del 7 de abril de 2026, sancionado por el Gobierno Nacional que reglamenta el marco obligatorio del Sistema de Finanzas Abiertas (Open Finance) en Colombia marca un hito para el ecosistema financiero del país.
Sin embargo, su consolidación aún enfrenta retos importantes, especialmente en términos de conocimiento, acceso y equidad para los actores del sector.
De hecho, el contexto evidencia que la adopción todavía es incipiente: el 56% de los colombianos nunca ha escuchado hablar de open finance, según el más reciente informe de Datacrédito Experian sobre finanzas abiertas en el país.
Este reto cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta el crecimiento del ecosistema.
Actualmente, Colombia cuenta con más de 410 fintech locales activas y cerca de 678 empresas en total, incluyendo actores internacionales, lo que posiciona a la nación como uno de los hubs más dinámicos de innovación financiera en América Latina, según el Fintech Radar Colombia 2025 de Finnovista.
Para Marcela Santiago Rizo, CEO de la fintech TumiPay, el decreto representa un avance significativo. “Después de años en los que las fintech impulsamos la conversación demostrando casos de uso reales y probando que compartir datos genera valor, ver que el país finalmente lo reglamenta representa orden, legitimidad y un marco claro para algo que ya venía ocurriendo”, afirmó.
Desde la perspectiva del ecosistema, la normativa reconoce a los Terceros Receptores de Datos No Vigilados y establece reglas para las entidades financieras, lo que abre la puerta a una mayor participación de las fintech.
Además, impulsa un cambio estructural en el manejo de la información financiera, trasladando el control de los datos hacia los usuarios y habilitando nuevas oportunidades basadas en interoperabilidad y APIs abiertas. Para pasarelas de pago como la de TumiPay,esto significa evolucionar de simples infraestructuras de movimiento de dinero a jugadores de inteligencia financiera, con insights más profundos hacía el usuario.
No obstante, persisten tensiones relevantes. Aunqueel marco establece principios de no discriminación, en la práctica el acceso a los datos continúa siendo en gran medida voluntario para los bancos, lo que mantiene una relación asimétrica.
A esto se suma una barrera estructural: para competir en igualdad de condiciones, muchas fintech deben convertirse en entidades vigiladas, lo que implica altos requisitos de capital, gobierno corporativo, cargas de cumplimiento y supervisión permanente de la Superintendencia Financiera.
Bajo este escenario se plantea un riesgo para el desarrollo del ecosistema. Si el acceso a la información depende de acuerdos bilaterales y criterios interpretables, la innovación podría concentrarse en pocos jugadores y convertirse en una promesa incumplida de democratización del Open Finance.
“Colombia necesita un modelo donde las fintech participen en igualdad de condiciones, compitiendo por producto, experiencia y valor, no por filtros regulatorios. La innovación no surge del control, sino de la fricción que resolvemos”, señaló Rizo.
A pesar de los desafíos que persisten, el balance es positivo. El decreto representa un primer paso hacia un sistema financiero más abierto, pero el siguiente paso será lograr un equilibrio entre un acceso más abierto y estandarizado, cargas compartidas y un reconocimiento de que las fintech no son un riesgo, sino un motor acelerador.
Esto permitirá que el Open Finance impulse verdaderamente la inclusión financiera en Colombia y la región, posicionando a las pasarelas de pago como actores clave en la capa de valor, con agilidad tecnológica para convertir datos en productos concretos.
“Este es un momento clave. Regular era necesario, pero ahora es urgente equilibrar. Solo así Open Finance cumplirá su promesa: un ecosistema interoperable donde la innovación fluya libremente, beneficiando usuarios, empresas y al país entero”, concluyó la CEO.
