Por Amylkar D. Acosta Medina [1]
“Las personas podrían aprender de sus errores si no estuvieran tan ocupadas negándolos”: Carl Jung
LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Empezando por la Transición energética: Colombia, como lo está haciendo el resto del mundo, debe concebir la Transición energética como la integración de las FNCER a la matriz eléctrica, diversificándola aún más de lo que está, no como reemplazo o sustitución de las energías convencionales sino como complemento, de tal modo que las unas le sirvan de respaldo a las otras. Solo así se puede garantizar la confiabilidad y firmeza de la prestación del servicio de energía.
Hay necesidad de retomar la Hoja de ruta de la Transición energética definida en el Documento CONPES 4075 de 2022. El actual gobierno en lugar de construir sobre lo construido, se propuso, sin lograrlo, darse la Hoja de ruta de la Transición energética justa prevista en la Ley 2294 de 2023 del PND. A pesar de que la ex ministra Irene Vélez anunció en la COP 27 en noviembre de 2022 que para mayo de 2023 se tendría esa Hoja de ruta, hasta la fecha, a 5 meses del fin de su cuatrienio sólo existen unos “documentos” que han debido servir de insumos para la misma. Eso es como tener las piezas de un lego al alcance de la mano pero sin armarlo.
Y hablando de Transición energética, Colombia debe sintonizarse con el resto del mundo que prioriza la seguridad energética sobre la Transición. Esta no debe poner en riesgo a aquella, como tampoco debe poner en riesgo la soberanía energética. En este orden Colombia no puede precipitarse a marchitar prematuramente la industria del carbón y de los hidrocarburos, sus dos principales renglones de exportación, principales fuentes de divisas, de financiación del Estado y de la propia Transición. A este propósito, Brasil, que produce 3.5 MMBD de petróleo y proyecta producir para el 2027 5.4 MMBD creó un Fondo para financiar su Transición teniendo como fuente de financiación los recursos provenientes de los hidrocarburos. Colombia debe imitarla.
La Conferencia de las partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático (CMNUCC) ha sido reiterativa en el principio de que aunque la responsabilidad en la lucha contra el Cambio climático es solidaria debe ser diferencial. Y este es el caso. Colombia, que solo emite el 0.5% de las emisiones totales de GEI, no tiene la misma responsabilidad que China, India, EEUU y la UE, que concentran el 66% de ellas. Además nuestra hoja de ruta, como país que produce y depende de la extracción de los hidrocarburos y del carbón no se parece en nada a la de otro país como Alemania que dependen de las importaciones de los mismos.
Con fundamento en lo anterior, sin desmedro de la Transición energética, el próximo gobierno deberá poner término a la moratoria de la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, así como del uso en Colombia de la técnica del fracking 6.0, la cual mitiga su impacto ambiental, única manera de espantar el fantasma de la importación de petróleo y recuperar la autosuficiencia perdida de gas natural. Tenemos que acoger el consejo de Keynes a Roosevelt: “apresurarse sería dañino cuando lograr la meta de largo plazo es más importante que el resultado inmediato.
EL FUTURO DE ECOPETROL Y LA ANH
La primera y principal medida a tomar con respecto a la estatal ECOPETROL, que sigue siendo la joya de la Corona, es recuperar su gobierno corporativo, la independencia y autonomía de su Junta directiva, tan venida a menos, reintegrando de paso su Junta directiva con personas serias, idóneas y conocedores de la industria de los hidrocarburos y con ello restaurar su reputación, tan averiada como está y con ella su valor.
Sin perjuicio de continuar con su compromiso con la Transición energética y la reducción de su huella de carbono, tal como quedó planteado desde antes de esta administración en su estrategia Energía que transforma, volver a centrarse en el Core de su negocio que debe seguir siendo la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos. De esta manera se garantizará el mejor desempeño administrativo, operativo y financiero, generando mayores utilidades, las que servirán de fuente de financiamiento de la Nación, particularmente de su Hoja de ruta de La Transición energética.
Todo lo anterior pasa por un viraje y una rectificación de la política energética nacional de este gobierno, que tiende y propende por el marchitamiento prematuro de la actividad extractiva del país. Para ello, el primer paso a dar es la reanudación de las rondas tendientes a la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, poniéndole término, además, a la moratoria de la utilización de la técnica del fracking en Colombia para el desarrollo de yacimientos no convencionales (YNC).
Concomitantemente, con la recuperación de ECOPETROL se impone la necesidad de recuperar a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la cual fue creada mediante el Decreto 1760 de 2003, que ordenó la escisión de la estatal ECOPETROL y del Decreto 4137 de 2011, que cambió su naturaleza, pero que a la ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez se le antojó cambiarle su rumbo expidiendo la Resolución 40234 de 2023, contraviniendo lo dispuesto por la norma superior. La ANH, apartándose de su fin misional, que es la administración de los recursos hidrocarburíferos del país y en lugar de abrir rondas para contratar la exploración de bloques prospectivos de los mismos se distrajo en la apertura de una “ronda Colombia eólica Costa afuera”, la que, según se anunció “marca el inicio de una nueva etapa”. La ANH debe volver a lo suyo!
EL PLAN DE CHOQUE PARA EL SECTOR ELÉCTRICO
El sector eléctrico enfrenta un alto riesgo de un apagón financiero, como lo han advertido reiterativamente los organismos de control (Procuraduría y Contraloria), que puede derivar en un efecto dominó que, como lo ha anticipado la firma XM, que opera el Sistema interconectado nacional (SIN), puede causar un efecto dominó que comprometería la confiabilidad y firmeza en la prestación del servicio.
Al gobierno entrante le corresponderá implementar un plan de choque que desactive esta bomba de tiempo que tiene al sector eléctrico sumido en una crisis inducida por parte del mismo gobierno. Se debe proceder a la mayor brevedad al pago de la deuda contraída por parte de la Nación con las empresas comercializadoras por concepto de los subsidios al Consumo de energía de los estratos 1, 2 y 3 ($3.6 billones) y buscarle una salida al pago a las mismas del saldo de la deuda por la opción tarifaria ($3.2 billones), mediante la titularizacion de las mismas.
Colombia actualmente tiene un déficit de la Oferta de energía firme (OEF) para 2026 de 2.2% que representa aproximadamente 250 a 300 MW de capacidad firme faltante, equivalente a todo el consumo de una ciudad como Bucaramanga. Esta cifra se estima basándose en una demanda máxima proyectada que supera los 12.000 MW, siendo un riesgo cubierto parcialmente por el cargo por confiabilidad. Ello obedece al atraso en la ejecución de más de 4.000 MW de capacidad instalada, situación que tiende a agravarse dado que se requieren 6.000 MW más antes de 2027, mientras que la demanda de energía crece por encima del 4%!
Entre las prioridades del próximo gobierno está destrabar la ejecución de los proyectos de generación y de transmisión, especialmente de los 16 parques eólicos en La Guajira y los de transmisión. Son varias las acciones que deberán acometerse: catalogarlos como proyecto de interés nacional estratégico (PINES: Documento CONPES 3762 de 2013) y darles el tratamiento de tales, aplicar la norma prevista en las leyes 56 de 1981, 1715 de 2014, 2099 de 2021 y el Decreto 1537 de 2022, que establecen que los proyectos eléctricos son de utilidad pública e interés social, de tal suerte que debe primar el interés general sobre el interés de los particulares. Se deberá promover, además, el trámite en el Congreso de la República del proyecto de ley que reglamente las consultas previas.
Y hacia el futuro, más allá del 2027, es urgente salvar la subasta en curso de Cargo por confiabilidad, derogando la Resolución de la CREG 101 066 de 2024 y descartando la pretendida reforma de la Ley que reforma la Ley de servicios públicos (142 de 1994) y eléctrica (143 de 1994), que son torpedos que pueden llevarla al fracaso.
Con la recuperación y puesta en marcha de los parques eólicos en La Guajira, además de robustecer, diversificar aún más la matriz eléctrica e imprimirle a esta una mayor resiliencia frente al fenómeno de El Niño, toda vez que su carácter contracíclicas les permite un mayor rendimiento y eficiencia, dado que justamente en esa temporada es cuando los vientos son más fuertes y se dispone de más horas de sol y mayor radiación solar. Al propio tiempo se le deberá abrir paso a la producción de hidrógeno verde y al cluster que nos permitirá contar con él, además de emplearlo para el almacenamiento de la energía renovable y como combustible, utilizarlo como materia prima para producir fertilizantes, amoníaco, metanol, SAF para aviones y generación de energía.
El sector eléctrico requerirá inversiones del orden de los $10 billones anuales, las cuales correrán por cuenta del sector privado. Para que ello se concrete se requiere recuperar la confianza inversionista y la seguridad jurídica pérdidas. Bien dijo el Nobel de Economía Joseph Stiglitz que “las inversiones en confianza no son menos importantes que las inversiones en capital humano y maquinaria”. Por ejemplo, en este momento está abierta una subasta de Oferta de energía en firme(OEF), con base en el cargo por confiabilidad, mientras el gobierno arremete contra este e impulsa en el Congreso un proyecto de ley de reforma de la Ley de servicios públicos (142 de 1994) y la Ley eléctrica (143 de 1994), que lo desconfigura y se expide por parte del MADS el Decreto 0177 de 2026 interviniendo la operación del SIN, suplantando y arrogándose las competencias del Consejo Nacional de Operaciones de XM!
En este sentido el Congreso de la República se debe abstener de aprobar la propuesta del Ministro de Minas y Energía que pretende quitarle la autonomía e independencia de la CREG para convertirla en apéndice del Ministerio, atenta contra el carácter técnico de la misma, al reducir los requisitos de experiencia y experticia que deben tener los 6 expertos comisionados, los que ahora pretenden reducir a solo 5.
LA HORA DE LOS BIOCOMBUSTIBLES
En relación a los biocombustibles, bueno es recordar que es la propia Agencia Internacional de Energía (AIE), a la cual Colombia acaba de ser admitida, la que dice que “son una pieza clave dentro de la estrategia global para descarbonizar la economía”. Decimos esto, a propósito de la desprotección y desincentivo por parte del actual gobierno, propiciando la invasión del etanol subsidiado desde los EEUU, recurriendo a prácticas de dumping, sumiendo a esta industria en una gran crisis, afectando toda la cadena agroindustrial, el empleo y el ingreso.
Se debe restablecer la norma que la protegía, permitiendo las importaciones solo para cubrir el déficit de oferta nacional. Es más, el próximo gobierno debería incrementar el porcentaje de las mezclas de los biocombustibles, con lo cual se reduciría las importaciones de gasolina (hoy 40%) y de diésel (hoy 15%), ampliaría la frontera agrícola, generaría más empleo e ingreso, especialmente en el campo.
Quien quiera que sea que asuma la conducción de los destinos nacionales a partir del 7 de agosto de 2026 debe saber que sólo triunfa quien pone la vela donde sopla el viento, jamás quien pretenda que el viento sople en donde pone la vela!
Bogotá, mayo de 2026
www.amylkaracosta.net
[1] Miembro de Número de la ACCE
