A riesgo de ser calificado, o mejor descalificado, como catastrofista, como agorero de desastres, hace rato hemos venido advirtiéndole al país el riesgo de que se repita en Colombia la pesadilla del apagón que se registró entre los años 1992 y 1993.

“El valor social de la crítica consiste en prevenir los errores y no en predecir desastres” : Keynes

Por Amylkar David Acosta Medina, Miembro de Número de la ACCE
Cota, mayo 17 de 2024
A riesgo de ser calificado, o mejor descalificado, como catastrofista, como agorero de desastres, hace rato hemos venido advirtiéndole al país el riesgo de que se repita en Colombia la pesadilla del apagón que se registró entre los años 1992 y 1993. Eran sólo alertas tempranas, para llamar la atención de las autoridades competentes para que se tomaran a tiempo las medidas tendientes a conjurar el fantasma de un nuevo racionamiento en la prestación del servicio de energía. De materializarse este riesgo, los usuarios serían los que llevarían la peor parte, pues, como afirma el premio Nobel de economía Joseph Stiglitz “quienes sufren en una crisis son quienes no jugaron ningún rol en crearla”.
DEL RIESGO INMANENTE AL RIESGO INMINENTE
Yo distingo dos tipos de riesgo, el uno inmanente, estructural y el otro inminente[1]. Este último, a su vez, tiene dos componentes. Veamos. En cuanto al primero aludo a la vulnerabilidad de la matriz eléctrica frente a fenómenos extremos como El Niño, habida cuenta que el 58% de la capacidad instalada de generación es hídrica y por lo tanto expuesta a condiciones de hidrología crítica que compromete su operatividad. Tanto más en cuanto que de los veinticuatro embalses que les sirven a las centrales de generación sólo uno de ellos, El Peñol, que le sirve a Guatapé, tienen una capacidad de regulación de más de un año, los demás a lo sumo sólo cuatro meses.

EL RIESGO INMANENTE
Esta vulnerabilidad pudo haberse mitigado de haberse cumplido el compromiso adquirido por parte del Presidente Gustavo Petro de integrar a dicha matriz 6 GW de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), entre eólica y solar – fotovoltaica. Como se recordará entre los años 2019 y 2021 se asignaron 2.400 MW a instalarse en 16 parques eólicos en La Guajira, los primeros de ellos han debido entrar en operación en 2022 y hasta la fecha no ha entrado ninguna. El avance en renovables se reduce a los 1.874,79 MW en operación en granjas solares.
Si contáramos con la capacidad instalada prevista en FNCER el Sistema no estaría en el actual stress, pues las mismas poseen una característica muy singular y es que son contracíclicas, esto es que cuanto mayor es la sequía y más intenso es el verano es cuando hay más viento y este es más fuerte, claves para la generación eólica y también cuando se cuenta con más horas de sol y mayor radiación solar. Gracias a ello, contar con las FNCR tornan más resiliente la matriz eléctrica a las inclemencias de El Niño.
A la vulnerabilidad inmanente e inherente de la matriz eléctrica se vinieron a sumar decisiones que vienen a exacerbar este riesgo. Me refiero, en primer lugar al Decreto 0177 de 2026, expedido desatentadamente, arrogándose las competencias que le confiere la Ley 143 de 1994 al Centro Nacional de Operaciones (CON) de la empresa XM. Esta lo advirtió claramente, al encender las alarmas por “los riesgos para la atención segura y confiable de la demanda de energía. Genera riesgos operativos para el Sistema interconectado nacional”. Y ello, porque “se le estarían otorgando a la ANLA competencias que no son propias de una autoridad ambiental” como lo son el manejo y operación de los embalses que sirven a las centrales de generación.
Lo advirtió, además, la Contraloría General de la República, llamando la atención sobre “el riesgo de modificar unilateralmente la operación de embalses hidroeléctricos sin el debido rigor técnico, lo que podría generar incumplimientos, afectaciones tarifarias e inseguridad”. Y para complicar aún más las cosas, ahora se le ocurrió al Superintendente de Servicios públicos Felipe Durán “poner la lupa a las generadoras hídricas EPM y ENEL”, porque dizque “se observan precios al alza de la energía en Bolsa…También algunas indisponibilidades de plantas del Sistema general, así como una recomposición abrupta de la matriz de generación hacia tecnología térmica, lo cual presiona al aumento de los precios en Bolsa”.
Este exabrupto del Superintendente denota su ignorancia supina sobre cómo opera el Mercado mayorista y las reglas a las cuales deben ceñirse todos los generadores. Resulta que fue la propia XM, responsable de la administración y operación del Sistema interconectado nacional la que, previendo el advenimiento de El Niño en el segundo semestre de este año, la que advirtió que el agregado del nivel de los embalses debería alcanzar el 80% para cuando comience el período de menores precipitaciones. Y es justamente para ello que las hidroeléctricas se ven compelidas a ofrecer energías a precios altos con el objeto de no ser despachadas y dar pábulo para que sean despachadas las térmicas que les sirven de respaldo.
Y, claro, los precios de la energía en Bolsa serán más altos por que la energía térmica es más costosa que la hídrica, no por la “codicia” de las empresas. Huelga decir que de ello no sacan ningún provecho las hídricas. Por el contrario, dado que ellas tienen obligaciones que honrar que se derivan de los contratos bilaterales con las comercializadoras de energía y de ser necesario tendrán que acudir a la Bolsa y comprar la energía al precio al cual se cotice para poder cumplir con sus clientes, incurriendo en pérdidas en lugar de la obtención de ganancias especulativas.
EL RIESGO INMINENTE
En cuanto al riesgo inminente, hablemos primero del déficit de la Oferta de energía en firme (OEF). Como lo ha informado XM existe en este momento un desbalance entre la oferta y la demanda de energía. Se está presentando un déficit de OEF) para 2026 de 2.3% que representa aproximadamente 250 a 300 MW de capacidad firme faltante, equivalente a todo el consumo de una ciudad como Bucaramanga. Esta cifra se estima basándose en una demanda máxima proyectada que supera los 12.000 MW, siendo un riesgo cubierto parcialmente por el cargo por confiabilidad. Ello obedece al atraso en la ejecución de más de 4.000 MW de capacidad instalada, situación que tiende a agravarse dado que se requieren 6.000 MW más antes de 2027, mientras que la demanda de energía crece por encima del 4%. Según XM, para el mes de mayo se registró una demanda récord de energía, de 258.69 GWHD, para un incremento del 7.99%!

De otra parte es cada vez más inminente un apagón financiero de las empresas del sector eléctrico, que es como han llamado los organismos de control (Procuraduría y Contraloría) la crisis financiera a la que están abocadas por la deuda acumulada que las tiene en serias dificultades. Me refiero a las deudas por concepto de los subsidios al consumo de energía de los estratos 1, 2 y 3, que el Gobierno Nacional se ha abstenido de girarles ($2.4 billones), de la opción tarifaria ($3.2 billones), que el Presidente Petro se comprometió pero no cumplió pagar y la cartera de la deuda oficial de energía facturada y no cancelada, del orden de los $1.3 billones.
El caso más patético es el de la empresa Air e, la cual fue intervenida hace 20 meses, ya son 6 agentes interventores los que han desfilado por ella y no sólo no se han superado las causales de insolvencia, iliquidez y falta de caja que determinaron su intervención por parte de la Superintendencia de Servicios públicos, sino que esta se ha convertido en parte del problema y por su negligencia la empresa intervenida hoy no está mejor que cuando estuvo peor. Esta empresa adeuda más $2.1 billones, de los cuales le adeuda a los generadores térmicos $1.5 billones, suma esta equivalente al valor que deben desembolsar mensualmente para pagar el gas que consumen (¡!). Y lo único que se le ocurrió a la Superintendencia fue ordenar, mediante una Circular, que Air e no podía ser sujeto a la “limitación de suministro”, lo cual implica que así no pague la energía contratada el generador está obligado a seguírsela despachando. Ello está a punto de provocar un efecto dominó que terminaría causando un efecto sistémico que puede comprometer la prestación del servicio a todos los usuarios del país.
LA TORMENTA PERFECTA
Este es el estado en el que sorprende al sector eléctrico el anuncio de que el temido fenómeno de El Niño ya no es una probabilidad sino, como lo afirmó la Directora del IDEAM Ghisliane, “una certeza científica…más severo que el del 2024”. En su más reciente reporte dijo que “el fenómeno de El Niño llegará a Colombia antes de lo previsto”, peor aún, “será fuerte o muy fuerte”. Ello llevó al propio Ministro de Minas y Energía Edwin Palma a expresar en la Circular 40023 del 14 de mayo dirigida a la CREG que se cierne “una situación de riesgo inminente para la prestación continua del servicio de energía eléctrica”.
Y no es para menos, puesto que lo peor es que se viene configurando una tormenta perfecta en la que El Niño es sólo el detonante. No es alarmismo. Veamos. El pasado 2024 pasamos, pero por la cornisa, a ras, gracias a que para entonces contamos con una reserva de capacidad de generación excedente de energía del 5% y ahora, como ya quedó dicho, estamos en rojo. Hasta entonces tuvimos la holgura que hoy no tenemos en oferta de gas natural, el que necesitan las térmicas para operar cuando son requeridas y van a ser requeridas.
Recordemos que desde diciembre de 2024 se está importando para satisfacer la demanda esencial y para ello sólo se cuenta con la única regasificadora (la SPEC, en Barú, Cartagena) y la misma está operando al límite de su capacidad de 450 MMPCD. De modo que, muy seguramente, cuando las térmicas pasen de generar el 15% al 55% y se requieran mayores volúmenes de gas importado, nos vamos a enfrentar al dilema de racionar el servicio de energía o racionar el suministro de gas natural como ya sucedió en octubre del año anterior cuando la SPEC entró en mantenimiento programado, o, lo que es peor, enfrentar un racionamiento en simultánea de energía y de suministro de gas.
A este respecto bien vale la pena que el negacionismo y el letargo de los anteriores titulares del Ministerio de Minas y Energía, Irene Vélez y Andrés Camacho, los llevó a desconocer que ya desde el 2024 se presentaba una escasez de gas, confundiéndolo con un acaparamiento del mismo y por ello no veían la necesidad de importarlo y ello impidió que se tomaran a tiempo las medidas tendientes a ampliar la capacidad de importación promoviendo la instalación de nuevas regasificadoras, decisión esta que se tomó tardíamente y por ello ninguna otra alcanzará a estar a punto ante la proximidad de El Niño, que se precipitó antes de lo previsto .
El Ministro Palma, antes de conocerse este último reporte del IDEAM, había anunciado algunas medidas, las cuales lucen tímidas a la luz del mismo. En efecto, a través de la Circular 40021 de mayo de 2026 solicitó a las entidades públicas ahorrar y hacer uso más eficiente de la energía, como medida preventiva frente al fenómeno de El Niño. Como tuve oportunidad de acotarlo, dicho llamado se debería hacer extensiva no sólo a las entidades públicas del orden nacional sino a todas las del Estado y más que una solicitud debería ser una orden terminante.
Es más, más allá de la exhortación, la CREG debería tomar medidas pronta y eficaces para inducir el ahorro y el uso eficiente de la energía por parte de los usuarios regulados y no regulados estableciendo incentivos persuasivos y sanciones disuasivas, como se hizo en 2015 con la estrategia denominada “apagar paga”, gracia a la cual se logró un ahorro de 5% de consumo de energía. Para luego es tarde para tomar medidas como esta. U otras, como la gestión de demanda, para que los usuarios en lugar de consumir megavatios opte por los megavatios, recurriendo masivamente a la tarifa horaria, la cual permitiría aplanar la curva de demanda, incentivando, mediante tarifas más bajas, el traslado del mayor consumo en horas “pico” a horas “valle”. Al respecto, ya se dio el primer paso por parte de la CREG al expedir la Resolución 101 001 de 2022, la cual estableció las condiciones para la implementación de la Infraestructura de Medición Avanzada (AMI, por sus siglas en inglés).
La verdad sea dicha, el Gobierno desperdició un tiempo precioso para tomar las medidas apropiadas para destrabar la ejecución de los proyectos de generación y de transmisión, en cumplir, como es su deber, con el pago de la abultada deuda con las empresas comercializadoras, en adelantar con sentido de urgencia la convocatoria de subastas de reconfiguración y expansión, en conformar una CREG, que ha permanecido la mayor parte del tiempo en interinidad y durante un largo lapso sin quorum siquiera para tomar decisiones.
En su lugar, hemos tenido una política errada y errática, caracterizada por la imprevisión y la improvisación, en medio de una hostilidad permanente contra las empresas, satanizándolas y expuestas constantemente a amenazas y medidas que en lugar de atraer a la inversión y a los inversionistas, que son en últimas los que hacen posible la concreción de los proyectos, erosionando la confianza inversionista y llevándose de calle la seguridad jurídica.
Sus diatribas contra el denostado “modelo neoliberal”, el mismo que ha hecho posible que Colombia sea el único país en Latinoamérica que no ha tenido racionamiento de energía en los últimos 30 años, tuvo su paroxismo en la frustránea iniciativa, sin éxito, de un proyecto de ley que pretendía reformar de tajo las leyes 142 y 143 de 1994. Al final sólo contribuyó a generar un clima adverso y una mayor incertidumbre en el sector. Todo ello, me lleva a afirmar que estamos en presencia de una crisis inducida por parte del mismo gobierno, que nos tiene ad portas de un nuevo apagón!

[1] Amylkar D. Acosta M. Del riesgo inmanente al riesgo inminente. Noviembre, 22 de 2025




