La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, alertó sobre una disposición que avanza a cuarto debate en el Congreso de la República y que, según afirmó, permitiría condicionar el acceso a créditos a la compra obligatoria de cursos y servicios no solicitados por los consumidores.
“Este es un mensaje urgente que nos concierne a todos. ¿Sabían que el Congreso está a punto de legalizar que le cobren cursos obligatorios que usted no quiere solo para poder pedir un préstamo? Sí, así como suena, una venta atada, vestida de educación”, manifestó Rusinque.
La funcionaria explicó que meses atrás se había advertido sobre el proyecto denominado ‘Compra Informado, Compra Protegido’, iniciativa que busca modificar el Estatuto del Consumidor. Sin embargo, aseguró que la propuesta, presentada inicialmente como una herramienta para fortalecer los derechos de los consumidores, “terminó siendo exactamente lo contrario”.
Según indicó la funcionaria, en medio del cierre de la legislatura y de la coyuntura electoral, el proyecto incorporó “sin discusión pública y sin debate suficiente” una disposición que, a su juicio, legaliza las ventas atadas bajo el argumento de la educación financiera.
Rusinque sostuvo que el artículo 7 del proyecto permitiría exigir la adquisición de servicios educativos como requisito para acceder a créditos otorgados mediante mecanismos alternativos de financiación. “En la práctica, esto significa que quien necesite un préstamo tendrá que pagar cursos y servicios que nunca pidió”, señaló.
Asimismo, advirtió que el artículo 2 excluiría esos cobros del cálculo de intereses, lo que derivaría, según dijo, en créditos más costosos y en una mayor carga económica para los consumidores, especialmente para las personas más vulnerables.
La superintendente afirmó además que esta disposición contraviene el artículo 36 de la Ley 1480 de 2011, norma que prohíbe las ventas atadas. “El derecho del consumidor a elegir libremente no puede convertirse en moneda de cambio para favorecer a quienes hacen negocio de la necesidad ajena”, expresó.
De igual forma, aseguró que los principales afectados serían los ciudadanos de menores ingresos que no tienen acceso al sistema financiero tradicional y que podrían enfrentar mayores riesgos de endeudamiento por costos que calificó de “injustificados e innecesarios”.
“La SIC del cambio rechaza categóricamente estas disposiciones y exige su eliminación total del proyecto. No permitiremos que se legalice lo que hoy prohíbe la ley. No permitiremos tampoco que se encarezca el crédito bajo el disfraz de argumentos pedagógicos”, añadió.
Finalmente, la superintedente Rusinque hizo un llamado a la ciudadanía para exigir el retiro de la disposición cuestionada. “Que el trámite acelerado no sepulte nuestras garantías. El consumidor se respeta”, concluyó.
