La causa
Santa Marta, julio 1° de 2026
Señor Presidente electo Abelardo De La Espriella,
Quienes suscribimos esta comunicación somos ciudadanas y ciudadanos del Caribe colombiano que, desde distintos espacios de la vida pública, académica, empresarial, social y cultural, hemos expresado durante años nuestra preocupación por las profundas desigualdades que afectan a nuestra región y limitan las posibilidades de bienestar de millones de compatriotas.
Las cifras oficiales muestran con claridad la magnitud del desafío. Este no es un tema menor, pues nuestra región tiene el 22% de la población nacional e infortunadamente, el Caribe colombiano registra los mayores niveles de pobreza multidimensional del país y un PIB per cápita 40% inferior al promedio nacional. Entre el 2000 y el 2024, el crecimiento económico del producto interno bruto per cápita de los siete departamentos continentales de la Región Caribe fue del 1.9% anual, comparado con una cifra de 2.4% para el resto del país.
Como resultado, de acuerdo con el índice de pobreza multidimensional del 2025, en el Caribe vive el 40% de los pobres que hay en el país. Esta realidad no sólo expresa una deuda histórica con la región, sino también una limitación estructural para el desarrollo de Colombia en su conjunto. No habrá prosperidad sostenible para Colombia mientras persistan las brechas que hoy separan al Caribe, y a toda la periferia del país, de la región central.
La gravedad de este escenario resulta aún más desconcertante si se considera la riqueza de nuestra región: su potencial agropecuario y forestal; su ubicación estratégica sobre el mar Caribe; sus recursos hídricos y mineros; su diversidad climática y ambiental; su patrimonio cultural; y su capacidad para convertirse en una de las principales plataformas logísticas, turísticas, agroindustriales, de energías alternativas y exportadoras de Colombia.
No pretendemos detenernos en un diagnóstico exhaustivo sobre las causas de este rezago histórico. Sin embargo, sí consideramos indispensable reconocer que las políticas de desarrollo regional implementadas durante décadas no han tenido como prioridades explícitas la superación de la pobreza, ni la reducción de las desigualdades territoriales, ni la construcción de oportunidades equitativas para las regiones periféricas del país.
Por ello, al inicio de su mandato, queremos proponerle una ruta de largo plazo, orientada a construir prosperidad, equidad y capacidades productivas para el Caribe colombiano y, con ello, contribuir al fortalecimiento del proyecto nacional. Para garantizar su viabilidad y evitar que este esfuerzo se disipe en agendas transitorias, proponemos formalmente que esta hoja de ruta se articule de manera vinculante como un capítulo regional dentro del nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Consideramos que este propósito debería orientarse, entre otros, por los siguientes principios:
La superación de las desigualdades regionales no debe entenderse únicamente como un imperativo moral, sino también como una condición necesaria para el crecimiento y la estabilidad futura de Colombia. Estamos convencidos de que un país que invierte en cerrar sus brechas territoriales es un país que amplía sus posibilidades de prosperidad colectiva.
La reducción de la pobreza y las desigualdades (étnicas, de género, territoriales, etarias y de oportunidades sociales) debe convertirse en un objetivo central de la política pública. Esta política debería concebirse de tal manera que genere interdependencias y mutuos beneficios entre el crecimiento económico y la equidad. La lucha contra el hambre, la erradicación del analfabetismo, la universalización de la educación inicial, la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación de calidad, una oportuna prestación del servicio de salud y la ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento básico, deben asumirse como inversiones estratégicas para el desarrollo y no únicamente como políticas asistenciales.
El Caribe y la periferia colombiana requieren una estrategia que los convierta en uno de los motores de crecimiento económico, basado en la generación de empleo formal y el fortalecimiento del tejido empresarial. El robustecimiento de encadenamientos productivos entre el campo, la industria, la logística, las energías alternativas, el turismo, el comercio, y los servicios, deben ser una fuente sostenida de empleo formal, productividad y diversificación económica. Impulsar la producción agrícola y ganadera con valor agregado resulta indispensable para elevar los ingresos de los hogares y ampliar las oportunidades de inclusión económica.
La diversificación y reconversión productiva debe ser una prioridad nacional. Colombia requiere avanzar hacia un modelo de desarrollo menos dependiente de los sectores extractivos tradicionales y más orientado al fortalecimiento de la agroindustria, la innovación, los servicios, las exportaciones con alto valor agregado y la seguridad alimentaria. La creación de valor agregado debe ser el centro de la diversificación. Esta transformación representa una oportunidad histórica para dinamizar las regiones con mayores rezagos sociales, entre ellas el Caribe colombiano.
La cultura, el turismo, la economía creativa y los servicios con alto contenido de capital humano deben asumirse como sectores estratégicos del desarrollo regional. El Caribe colombiano posee uno de los patrimonios culturales más ricos de América Latina. Su fortalecimiento no sólo contribuye a preservar nuestra identidad, sino también a generar empleo, emprendimiento e inclusión social. Para ello se requiere ampliar la infraestructura cultural, fortalecer la formación artística y garantizar mecanismos de financiamiento accesibles y sostenibles para el sector.
El desarrollo regional exige instituciones capaces de construir sobre lo construido. Toda política pública debe partir de una evaluación rigurosa de los avances y errores del pasado. Reconocer aprendizajes, preservar capacidades institucionales y dar continuidad a las iniciativas exitosas permitirá superar la improvisación y fortalecer la confianza ciudadana. Este propósito exige, además, transparencia, eficiencia y un manejo responsable de los recursos públicos.
A estos principios deben sumarse apuestas decididas por la infraestructura y la conectividad regional, la adaptación al cambio climático, la transición energética, las nuevas tecnologías, la protección de los ecosistemas estratégicos y el fortalecimiento de las capacidades humanas mediante una educación pertinente y de calidad.
Señor Presidente electo Abelardo De La Espriella: estos principios sólo podrán traducirse en resultados concretos si se reconocen plenamente las profundas diferencias sociales, económicas y territoriales que existen entre y dentro de las regiones del país. Ello exige abandonar la idea de que las prioridades del gasto público pueden definirse de manera homogénea para todos los territorios, como si las necesidades de Bogotá fueran equivalentes a las de los pequeños municipios del Chocó, La Guajira o Sucre, por mencionar apenas algunos ejemplos. La construcción de una política regional efectiva demanda, por el contrario, criterios de asignación diferenciados, capaces de responder a las particularidades y rezagos de cada territorio, de sus poblaciones y clases sociales.
Como podrá advertirse, esta comunicación no se detiene en una estimación detallada de los recursos presupuestales requeridos para materializar la ruta aquí propuesta. Se trata de una omisión deliberada. Antes de discutir cuánto debe invertirse, consideramos indispensable construir consensos sobre las prioridades nacionales y regionales que deben orientar el gasto público. Sólo después de ello será posible definir, con criterios de responsabilidad y equidad, cuánto corresponde aportar a la Nación y cuánto a las entidades territoriales, de acuerdo con sus capacidades y potencialidades.
En este sentido, resulta especialmente valioso el trabajo adelantado por organismos como el Centro de Estudios Económicos Regionales CEER, del Banco de la República; Fundesarrollo, Cámaras de Comercio y universidades del Caribe colombiano, y otros centros de pensamiento, cuyos rigurosos análisis e iniciativas como Casa Grande Caribe, han permitido identificar una hoja de ruta para cerrar las brechas que aún separan a la región del resto del país en materias fundamentales como educación escolar, nutrición y primera infancia, salud, acueducto y alcantarillado.
Tampoco hemos querido detenernos extensamente en la corrupción, más allá de insistir en la necesidad del uso transparente y eficiente de los recursos públicos. Y ello responde igualmente a una decisión deliberada. Consideramos que la corrupción no constituye únicamente un problema administrativo, sino uno de los más graves desafíos políticos y éticos que enfrenta hoy Colombia, en la medida en que debilita las instituciones, erosiona la confianza ciudadana y limita la capacidad del Estado para transformar las condiciones de vida de la población.
Compartimos estas reflexiones con el propósito de contribuir a que su mandato sea recordado como el momento en que Colombia inició una transformación profunda de sus relaciones territoriales y sociales. Una transformación real capaz de hacer posible que, hacia mediados del siglo XXI, el Caribe colombiano sea una región habitada por una población más sana y mejor educada; que conviva en equilibrio con su riqueza natural; donde el campo genere empleo digno y estable mediante una estructura productiva más incluyente; donde las ciudades y el campo crezcan de manera ordenada, segura y sostenible; y donde tanto en las zonas urbanas como rurales existan amplias coberturas de servicios públicos y oportunidades reales de bienestar para todos sus habitantes.
Señor Presidente electo Abelardo De La Espriella: el Caribe colombiano no reclama privilegios. Reclama oportunidades justas para desplegar plenamente sus capacidades y contribuir, desde su riqueza humana, cultural y productiva, a la construcción de un país más equitativo, competitivo y cohesionado.
Con respeto y esperanza, ponemos estas reflexiones a consideración de su gobierno y del debate nacional que habrá de definir el rumbo del país, con la idea de que esto contribuye a la superación de las desigualdades regionales y a su preocupación sobre el fortalecimiento de las regiones en los próximos años.
Firman:
Oriana Álvarez, Amilkar Acosta, Jaime Bonet, Aaron Espinosa , Raúl García, Antonio Hernández, Carlos Jaramillo, Cecilia López, Adolfo Meisel, Juliana Méndez, Juan Carlos Quintero., Adriana Santarelli y Joaquín Viloria, entre otros.
Esta comunicación ha sido socializada al presidente electo través de medios de comunicación, canales de la iniciativa Casa Grande Caribe, y aliados firmantes, para promover la adhesión de más ciudadanos del Caribe y de Colombia, que quieran unirse a esta serie de reflexiones y propuestas dispuestas al Presidente electo, Abelardo De La Espriella.
Casa Grande Caribe Creador de la petición
