Bogotá, 7 de julio de 2026. Frente a la Resolución No. 0527 del 6 de julio de 2026, mediante la cual la Superintendencia del Subsidio Familiar ordenó la intervención administrativa total de Comfamiliar Atlántico y la remoción de su Director Administrativo, del Consejo Directivo y de la Revisoría Fiscal, Asocajas expresa su preocupación por la adopción de una medida de esta naturaleza en un contexto de incertidumbre jurídica frente al régimen de intervención administrativa de las Cajas de Compensación Familiar.
En ese sentido, manifestó:
1. Preocupa que se sigan ejerciendo facultades de intervención total con fundamento en regulación declarada contraria a la Constitución
La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-298, declaró inexequibles las normas que regulan las facultades de intervención administrativa de la Superintendencia del Subsidio Familiar al concluir que no establecen con suficiente claridad las causales, los procedimientos, la duración ni las garantías que deben rodear una medida de esta magnitud, afectando principios como la reserva de ley, el debido proceso y el derecho de defensa. Si bien la Corte difirió los efectos de la decisión hasta junio de 2027 para que el Congreso expida un nuevo régimen, la misma Corte señaló unos postulados mínimos que se deben tener en cuenta en estos procedimientos y realizó un llamado claro a fortalecer las garantías constitucionales que deben regir estas actuaciones.
2. Existen precedentes judiciales recientes que deben ser considerados
Con posterioridad a la Sentencia C-298, la Superintendencia ordenó las intervenciones administrativas totales de Comfanorte y Comfamiliar Risaralda. Ambas decisiones fueron revocadas por los tribunales de Norte de Santander y Risaralda, al advertir vulneraciones al debido proceso y al derecho de defensa. Estos precedentes evidencian la necesidad de que cualquier actuación de esta naturaleza observe con el mayor rigor las garantías constitucionales y legales.
3. La preocupación se incrementa cuando se adopta la medida más intensa prevista en el ordenamiento
La intervención administrativa total supone la separación inmediata y definitiva de los órganos de dirección, administración y control de una Caja de Compensación Familiar y su reemplazo por un agente especial el cual será objeto de un contrato laboral a término indefinido.
En el caso de Comfamiliar Atlántico, resulta indispensable que las autoridades expliquen de manera suficiente las razones por las cuales se acude a la intervención total y definitiva y no a medidas graduales y menos lesivas, conforme a los criterios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad establecidos por la Corte Constitucional. De igual manera, una decisión de esta naturaleza exige que el derecho de defensa pueda ejercerse específicamente frente a la medida de intervención y no únicamente dentro de las actuaciones ordinarias de inspección o vigilancia.
4. La intervención de Comfamiliar Atlántico profundiza una tendencia que preocupa al Sistema
Esta decisión de intervención total y definitiva a Comfamiliar Atlántico se suma a las 10 Cajas de Compensación Familiar hoy intervenidas y cuya administración está a cargo de la Superintendencia del Subsidio Familiar. Estas medidas han sido prorrogadas durante el actual Gobierno y se han extendido por ocho, seis y cuatro años, lo que implica la sustitución de los órganos de dirección, administración y control elegidos conforme al modelo de gobernanza previsto en la ley, por agentes especiales designados por la Superintendencia.
Esta situación genera preocupación porque altera de manera prolongada el esquema de administración paritaria que caracteriza al Sistema del Subsidio Familiar, construido sobre la participación de empresarios y trabajadores en el gobierno de las Cajas.
5. Solicitamos el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación
Por la trascendencia institucional de este proceso y teniendo en cuenta los recientes antecedentes constitucionales y judiciales en esta materia, Asocajas considera necesario el acompañamiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación, con el fin de verificar que durante todo el proceso se garantice el respeto por la legalidad, el debido proceso y los derechos de todas las partes involucradas.
Asocajas reitera que el fortalecimiento del Sistema del Subsidio Familiar requiere autoridades con plenas facultades para ejercer la inspección, vigilancia y control, pero también un marco jurídico claro que garantice la seguridad jurídica, el debido proceso y el derecho de defensa.
Mariana Mejía, Director
