El 94% de las empresas tiene políticas de sostenibilidad, pero solo una de cada tres evalúa el impacto real de sus iniciativas.
318 de las 1.000 empresas más grandes de Colombia se le midieron a la evaluación del Índice de Inversión Social y Ambiental Empresarial (IISAE)
Menos de una tercera parte aprovecha incentivos tributarios para proyectos sociales, solo el 15,7% utiliza metodologías especializadas para medir resultados y la biodiversidad sigue rezagada en las agendas empresariales.
Los resultados y el ranking del IISAE se conocerán en la Cumbre de Inversión Social y Ambiental Empresarial que se realizará el 23 y el 24 de julio.
Bogotá D. C., julio del 2026. La sostenibilidad dejó de ser un asunto marginal dentro de las empresas colombianas y hoy forma parte de la manera como se toman decisiones estratégicas, se gestionan riesgos y se construyen relaciones con los territorios. Sin embargo, demostrar que esas inversiones generan transformaciones reales sigue siendo una tarea pendiente.
Esa es una de las principales conclusiones del Índice de Inversión Social y Ambiental Empresarial (IISAE) 2026, considerado el estudio más amplio realizado hasta ahora sobre sostenibilidad corporativa en el país. La medición recopiló información de 318 empresas, la cifra más alta en los diez años de historia del índice.
Los resultados muestran avances importantes. Más del 94% de las compañías consultadas cuenta con políticas de inversión social, planes institucionales para ejecutarlas y mecanismos de seguimiento. Además, ocho de cada diez ya tienen áreas especializadas de sostenibilidad y políticas ambientales formalmente adoptadas.
No obstante, el estudio encontró una brecha significativa entre gestionar la sostenibilidad y demostrar sus resultados. Apenas el 36,5% de las empresas realiza evaluaciones de impacto y solo el 15,7% utiliza metodologías como el Retorno Social de la Inversión (SROI), una de las herramientas más reconocidas para establecer qué beneficios concretos generan los recursos destinados a proyectos sociales y ambientales.
“La sostenibilidad empresarial en Colombia está entrando en una nueva etapa. El desafío ya no consiste únicamente en invertir más o reportar mejor, sino en demostrar con evidencia qué transformaciones están produciendo esas inversiones en las personas, los territorios y el ambiente”, afirmó Jaime Arteaga de Brigard, director de Arteaga Latam.
La radiografía también muestra cuáles son las prioridades de la inversión privada. En el frente social, los recursos se concentran principalmente en educación, desarrollo socioeconómico y programas dirigidos a niños, jóvenes, mujeres en condición de vulnerabilidad y comunidades rurales. En contraste, poblaciones como migrantes, personas cuidadoras, población LGBTIQ+ y personas en proceso de reincorporación continúan teniendo una presencia mucho menor dentro de las estrategias empresariales.
En materia ambiental, las empresas reportan avances en acciones relacionadas con cambio climático, gestión del agua y reducción de emisiones. Sin embargo, el informe identifica un rezago en biodiversidad y soluciones basadas en la naturaleza, un hallazgo llamativo para un país reconocido entre los más biodiversos del planeta.
Otro resultado que llamó la atención de los investigadores es el bajo uso de mecanismos creados por el Estado para impulsar la inversión privada en proyectos de desarrollo. Menos de una tercera parte de las compañías reportó utilizar incentivos como Obras por Impuestos o CoCrea, lo que sugiere que existe un amplio margen para movilizar mayores recursos hacia las regiones y las comunidades.
Sobre la Cumbre
Estos y otros desafíos serán analizados durante la 5ª Cumbre de Inversión Social y Ambiental Empresarial, que se realizará los próximos 23 y 24 de julio Hall 74 de Bogotá, bajo el lema ‘Mejor es posible’. El encuentro llega en un momento en el que la sostenibilidad empresarial parece haber alcanzado un punto de madurez en Colombia, pero enfrenta la presión de demostrar resultados concretos y medibles para las comunidades y los territorios.
La Cumbre reunirá durante dos días a representantes de compañías como Coca-Cola Colombia, Colgate-Palmolive, Nestlé, Postobón, PepsiCo, Natura, Amarilo, Aris Mining, Libero Cobre y Minerales Santa Ana, entre otras, junto con fundaciones, gremios regionales como Probarranquilla, Probogotá, Prorinoquia, Prosantander y Compromiso Valle, así como entidades nacionales e internacionales entre las que se encuentran la OIM, la Embajada de Suecia y el CIPE.
La agenda contempla paneles sobre cuidado, desarrollo territorial, transición energética, paz y educación, temas que hoy concentran buena parte de las discusiones sobre sostenibilidad en el país. El encuentro concluirá el 24 de julio con el lanzamiento oficial del Ranking de Gestión de la Inversión Privada 2025, una medición que busca reconocer a las organizaciones que están liderando la evolución de la inversión social y ambiental empresarial en Colombia.
Metodología única en Latinoamérica
Con 10 años, el Índice de Inversión Social y Ambiental Empresarial (IISAE) es el principal estudio sobre la gestión de la inversión social y ambiental del sector privado en Colombia. En su décima edición recopiló información de 318 empresas, la evaluación más alta registrada en la historia del índice, ofreciendo una radiografía de las prácticas, estándares, prioridades y tendencias que están definiendo la evolución de la sostenibilidad empresarial en el país.
La metodología evalúa la inversión social y ambiental a través de cinco ejes: Alineación, Gestión, Esfuerzo Financiero, Sinapsis y Reconocimiento. La edición 2026 incorpora un cambio relevante: el Esfuerzo Financiero —que compara la inversión de cada empresa frente a su EBITDA— ahora pesa el 20% de la calificación, lo que permite que compañías medianas y pequeñas puedan destacarse frente a las grandes si su compromiso, en proporción a sus recursos, es más alto.
El IISAE 2026 deja una conclusión clara: la sostenibilidad ya se instaló en la agenda corporativa de las grandes empresas colombianas. El reto ahora es demostrar, con evidencia y resultados verificables, que esas inversiones están generando cambios reales en las personas, las comunidades y los territorios.
