El estudio más grande sobre inversión social y ambiental empresarial hecho en Colombia —318 empresas cuyas ventas equivales al 36% del PIB nacional y tienen más de 8 millones de empleados directos— se presentó en la 5ta Cumbre de Inversión Social Ambiental Privada, en Bogotá
Bogotá D. C., julio de 2026. Las empresas más grandes de Colombia destinaron cerca de $9 billones a inversión social y $10 billones a inversión ambiental durante 2025, un esfuerzo financiero para el desarrollo de Colombia cercano a los $19 billones de pesos, según los resultados de la décima edición del Índice de Inversión Social y Ambiental Empresarial (IISAE), que serán presentados este 23 de julio en el marco de la 5ta Cumbre de Inversión Social Ambiental Privada, en Bogotá.
El estudio, realizado por Arteaga Latam con el apoyo de la Universidad de los Andes, ProAntioquia, ProBarranquilla, ProBogotá, Prorinoquia, ProPacífico y ProSantander, recogió información de 318 empresas de 15 sectores económicos, lo que lo convierte en el mayor ejercicio de medición de inversión social y ambiental empresarial realizado en el país. Las compañías evaluadas facturan en conjunto el equivalente al 36% del PIB colombiano y generan más de 8 millones de empleos directos.
La gran divergencia: lo ambiental gana terreno, lo social retrocede
El hallazgo más significativo de esta edición es la trayectoria opuesta que han tomado los dos frentes de inversión para el desarrollo en los últimos años. Desde 2022, la inversión ambiental de las empresas del índice ha crecido de manera sostenida hasta ubicarse 45% por encima de lo reportado ese año. En el sentido contrario, la inversión social —la que llega a programas de educación, desarrollo rural, salud o vivienda, entre otros— es hoy 16% menor que en 2022.
Gráfico 1. Evolución comparada de la inversión social y ambiental, 2022-2025 (variación acumulada frente a 2022).
Solo entre 2024 y 2025, la inversión ambiental privada creció 13%, mientras la social cayó 3%, lo que confirma que la tendencia no se ha revertido en el último año.
Origen de los recursos: lo social es voluntario, lo ambiental responde a la norma
El informe también evidencia una diferencia estructural en el origen de los recursos. El 81% de la inversión social de las empresas es voluntaria y solo el 19% obedece a una obligación legal; en contraste, el 58% de la inversión ambiental está determinada por el cumplimiento normativo y apenas el 42% es voluntaria.
Gráfico 2. Distribución de la inversión social y ambiental entre voluntaria y obligatoria, 2025.
En lo social, los principales destinos de los recursos fueron desarrollo socioeconómico, educación e investigación, desarrollo rural, y deporte y recreación. En lo ambiental, las prioridades fueron el recurso hídrico, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la economía circular.
El territorio: la inversión social llega a casi todo el país; la ambiental, no tanto
Pese a ser el rubro de mayor volumen, la inversión ambiental tiene una cobertura geográfica más limitada que la social. En 2025, la inversión social de las empresas del IISAE llegó al 98% de los municipios de Colombia, mientras que la ambiental alcanzó el 64%.
Gráfico 3. Cobertura municipal de la inversión social y ambiental empresarial, 2025.
En los territorios afectados por el conflicto armado, las empresas destinaron $482.000 millones a inversión social en municipios PDET durante 2025, aunque solo el 15% de las compañías participantes dirigió recursos a estas zonas.
Compromiso con el mercado local
El estudio también documenta el peso de las empresas grandes en las cadenas de abastecimiento del país: las 318 compañías evaluadas cuentan con más de 1 millón de proveedores. En 2025, el 84% de sus compras se realizaron a proveedores nacionales y el 65% a proveedores locales en las zonas donde tienen operaciones significativas.
Los retos pendientes: género, diversidad y evaluación de impacto
El informe identifica varios frentes en los que el avance empresarial ha sido más lento.
Techo de cristal. La participación de mujeres en cargos directivos apenas pasó de 33% en 2019 a 37% en 2025, un avance de solo 4 puntos porcentuales en seis años. Los sectores con mayor equidad de género son salud, cajas de compensación, financiero, educación superior, y servicio y comercio; los más rezagados son industria, transporte y logística, servicios públicos y minería.
Diversidad e inclusión. El 82% de las empresas cuenta con políticas de diversidad orientadas a prevenir la discriminación, pero solo el 65% las ha socializado y apenas el 41% tiene un instrumento para evaluar su implementación. Los grupos menos cubiertos por estas políticas son la población LGBTIQ+ (67% de cobertura) y las personas en proceso de reintegración o víctimas del conflicto armado (23%).
Evaluación de impacto. Solo el 36% de las empresas evaluó el impacto de sus inversiones sociales y ambientales en 2025 y apenas el 16% midió el retorno de su inversión social (SROI), cifras inferiores a las del año anterior. El informe advierte que la medición y evaluación —y no solo el volumen invertido— será el principal reto de las empresas colombianas hacia adelante.
Alianzas. El último año también se redujo el porcentaje de iniciativas que las empresas ejecutan en alianza con el sector público y con las comunidades, luego de varios años de crecimiento sostenido.
Estándares y estructura de gestión
El Global Reporting Initiative (GRI) es el estándar de reporte de sostenibilidad más utilizado por las empresas del índice, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son la directriz de gestión socioambiental más adoptada, con un 87% de uso. Sin embargo, solo el 38% de las empresas cuenta con un centro de costos exclusivo para sus inversiones ambientales, y el uso de sellos y certificaciones ambientales continúa siendo bajo.
