Algunas de las víctimas aseguraron a la Fiscalía que, cuando quedaban en estado de embarazo, eran sedadas y les inducían abortos. Seis personas fueron capturadas.
Anuncios clasificados que circulaban en diarios locales de Norte de Santander, con ofrecimientos de trabajos como camareras, empleadas domésticas o meseras en Panamá y Ecuador, y promesas de pago exorbitantes, sería el gancho que usaba una red de trata de personas para atraer a jóvenes entre 18 y 22 años, en zona de frontera con Venezuela.
Muchas de las mujeres que creían en la oferta, algunas colombianas en condición de vulnerabilidad o migrantes, eran llevadas a las casas de los presuntos integrantes de la estructura criminal y sometidas a ‘pruebas’ que, al parecer, se convertían en abusos y vejámenes sexuales a los que un hombre las sometía para permitirles continuar con el aparente proceso de incorporación laboral.
Lo que venía después, según el testimonio de las víctimas, consistía en chantajes y amenazas de muerte para obligarlas a ofrecer servicios sexuales en Cúcuta y otros municipios de Norte de Santander. Luego de unos meses, la señalada cabecilla de la estructura y algunos de sus familiares, supuestamente, se encargaban de obtener pasaportes y otros documentos para coordinar el traslado de las jóvenes a Panamá y Ecuador.
De acuerdo con el material de prueba obtenido por la Fiscalía, la situación empeoraba en el extranjero. Las jóvenes que viajaban, aparentemente, eran encerradas y sus papeles retenidos hasta que cumplieran con el pago de multas que les imponían por los traslados, la manutención y estadía.
Según los testimonios, la única forma de suplir la deuda consistía en reunir entre 400 y 600 dólares diarios ejerciendo actividades sexuales. Asimismo, las versiones que indican que las mujeres que quedaron embarazadas habrían sido sedadas y les indujeron abortos. Por estos hechos se han recibido hasta el momento cinco denuncias; sin embargo, hay indicios de que esté ilícito se presentaba desde 2013.
La presunta articuladora de este entramado criminal es conocida como ‘Mamá Johanna’ o ‘Ivonne’; mientras que los cómplices serían su esposo, mamá y tres hermanos.
Este clan familiar fue capturado en diligencias realizadas de manera conjunta por la Fiscalía y la Dijin – Interpol de la Policía Nacional en Cúcuta. En los procedimientos fueron incautados documentos, pasaportes y cédulas de ciudadanía de mujeres, un arma de fogueo y medicamentos para la terminación anticipada del embarazo, entre otros elementos.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los detenidos los delitos de trata de personas y concierto para delinquir agravado. Todos los procesados recibieron medidas privativas de la libertad, cuatro en centro carcelario y dos más en el lugar de residencia.
Los afectados con las decisión son:
Faysure Ivonne Silva, alias Mamá Johanna o Ivonne. Presunta cabecilla, y la encargada de recibir y asumir la custodia de las jóvenes en el exterior. Inicialmente, estaba radicada en Panamá, pero habría salido de ese país luego de que una víctima escapó y la denunció en 2019. Desde entonces hay en su contra notificación roja de Interpol. Las investigaciones dan cuenta que, desde entonces, trasladó el negocio ilícito a Ecuador.
Edwin Antonio Ruiz Zapata, alias Don Ricardo, esposo de ‘Mamá Johanna’. Al parecer, era uno de los encargados de transportar y custodiar a las mujeres en Colombia y Panamá.
Omaira Elena Silva Gómez, alias Doña Omaira, Viky o Mayito Durán, madre de ‘Mamá Johanna’. Estaría involucrada en el transporte y custodia de las jóvenes en Panamá y Ecuador.
Willid Leonardo Chacón Silva, alias Willi o Sicario, hermano de ‘Mamá Johanna’. Las víctimas indicaron que este hombre sería el encargado de abusarlas sexualmente en lo que la red delictiva denominaba ‘primera prueba’ y, supuestamente, las amenazaba con arma de fuego para que no huyeran.
Milangela Julieth y Wendy Mishel Durán Silva, hermanas de ‘Mamá Johanna’. Hay elementos de prueba que las involucraría en la ubicación y contacto de posibles víctimas. Recibieron medida de aseguramiento en el lugar de residencia.