La resolución, adoptada por unanimidad por los 15 miembros del Consejo, insiste en la “importancia del establecimiento de un gobierno inclusivo y representativo” y reclama la “participación plena, igual y significativa de las mujeres, y del respeto de los derechos humanos, incluidas las mujeres, la infancia y las minorías”.
El texto fue redactado por Estonia y Noruega, país que se felicitó por el “mensaje unido” que el Consejo envía a Afganistán. En agosto, una resolución del Consejo de Seguridad que pedía la libertad de movimiento para los afganos que desearan abandonar el país, solo recabó 13 votos, pues Rusia y China se abstuvieron.
En su último documento, el Consejo de Seguridad subraya el “papel importante que la Organización de Naciones Unidas seguirá desempeñando en la promoción de la paz y la estabilidad en Afganistán”.
La resolución reconoce asimismo “la necesidad de redoblar los esfuerzos para proporcionar una ayuda humanitaria a Afganistán” y resalta la “importancia de la lucha contra el terrorismo” en el país.
Según fuentes diplomáticas, los talibanes no se han opuesto a la prolongación de la misión de la ONU.
“Están obligados a ser más flexibles” y “son más pragmáticos” que durante su gobierno precedente a fines de los años 90, consideró un especialista del tema Afganistán en Naciones Unidas que pidió permanecer en el anonimato. “Los talibanes necesitan a la ONU y es nuestra puerta para influir en sus decisiones”, dijo a la AFP.
Los miembros del Consejo de Seguridad piden asimismo en su resolución al secretario general de la organización Antonio Guterres que les informe de la situación en Afganistán y de las actividades de la Manua cada dos meses hasta mediados de marzo. Asimismo, le ruegan que les presente un informe escrito para el 31 de enero sobre el futuro del mandato de la misión de la ONU.
Este documento deberá incluir “recomendaciones operacionales y estrategias en vista de los acontecimientos políticos, de seguridad y sociales recientes”, precisa la resolución.
En las últimas semanas, varias ONG como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, insistieron en que la ONU y sus cerca de 2.000 representantes en Afganistán mantuvieran su presencia en el país para poder rendir cuentas de los abusos que se puedan perpetrar contra los derechos humanos en el país.
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