En un evento organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), en el cual se reunió el Comité de oficiales de cumplimiento del sector salud, el asesor del despacho de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la Repùblica, Camilo Jaimes, reveló un estudio sobre corrupción y las actuaciones adelantadas en materia anticorrupción.
Ante los participantes del encuentro, el funcionario señaló como punto de partida que la principal modalidad de corrupción en el sector salud, está en la celebración de contratos, y en la compra y entrega de medicamentos incumpliendo requisitos legales:
“Sigue el recobro; la adquisición de medicamentos vencido o de contrabando; la formulación para pacientes inexistentes; la reclamación de medicamentos vía tutela para venta posterior; y medicamentos para enfermos mentales”.
En el tema de prestación de servicios no requeridos, el funcionario informó que, así como fue el cartel de la hemofilia, se encuentra un cartel para la atención de pacientes con VIH con las mismas características que el cartel de la hemofilia y lo mismo para personas con síndrome de Down; adicionalmente, manifestó que se encontró la simulación de prestación de servicios hospitalarios que nunca se prestaron y señaló que: ” hay simulación en la prestación de servicios de promoción y prevención de educación en salud.
Una nueva modalidad de corrupción que se encontró fue la instrumentalización de la administración de justicia, en la que los jueces y magistrados entregan los medicamentos a sabiendas que las facturas son falsas o que la prestación del servicio no se puede hacer. Adicionalmente a estas denuncias, en los estudios con las entidades de control, también se reporta el cobro inadecuado de cuotas moderadoras con la suplantación de la calificación de las personas para el acceso al sistema.
Entre otras modalidades, continúa la relación entre IPS y EPS, que son proveedores de servicios de medicamentos para laboratorios que son propiedad de los familiares de los accionistas comprándose entre ellos mismos y la modalidad en la que los médicos reciben incentivos para formular medicamentos o tratamientos.
El funcionario presentó este reporte de denuncias de la corrupción en el sector salud, en un trabajo mancomunado con la Comisión Nacional de Moralización, cuya Secretaría Técnica la tiene la Secretaría de Transparencia.
A partir de esos hallazgos, informó que se ha avanzado en medidas para subsanar esa corrupción, destacando las siguientes:
Ø Identificación de afiliados al régimen de salud que viven en el exterior ( Convenio interadministrativo Adres y Migración Colombia)
Ø Cruce de información con la Dian para identificar los beneficiarios del régimen subsidiado subsidiado
Ø Resoluciones para fijar valores máximos de recobro y medicamentos (Resolución 3078 de 2019/ Resoluciones 205 y 206 de 2020)
Ø Listado de medicamentos que deben ser regulados en precio
Aplicación del decreto PEP en el sector salud
Luego de presentar las acciones anticorrupción, Camilo Jaimes, explicó la aplicación y el alcance del decreto PEP ( personas políticamente expuestas) en el sector salud, y señaló que siendo las EPS empresas descentralizadas de servicios en unos casos, o sociedades de economía mixta, en otros, el decreto aplica porque el régimen jurídico aplica a sus miembros considerados funcionarios públicos sin perjuicio de que el régimen jurídico que impera en su vinculación sea el de derecho privado.
El debate sobre el alcance de la norma en el sector dejó la creación de una mesa técnica para estudiar más a fondo el asunto, dado que en el tema de proveedores surgieron dudas que ameritan según los oficiales de cumplimiento, mayor precisión.