LOS ATAQUES de los gobiernos a la libertad de expresión, combinados con la circulación de desinformación en todo el mundo durante la pandemia de covid-19, han tenido un impacto devastador en la capacidad de la gente para acceder a información exacta y oportuna que la ayude a afrontar la creciente crisis de salud global, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe.
El documento Silenciamiento y desinformación: La libertad de expresión, en peligro durante la pandemia revela cómo el recurso durante la crisis a la censura y el castigo por parte de gobiernos y autoridades ha reducido la calidad de la información que llega a la población.
“La pandemia ha creado una peligrosa situación en la que los gobiernos están utilizando nuevas leyes para silenciar la información independiente, así como para atacar a las personas que critican directamente su respuesta al covid-19, o incluso a las que han intentado investigar esa respuesta”, señala el documento.
Rajat Khosla, director general de Investigación, Incidencia y Política de Amnistía Internacional, dijo: “A lo largo de la pandemia, los gobiernos han lanzado un ataque sin precedentes contra la libertad de expresión, restringiendo seriamente los derechos de las personas. Se ha puesto en el punto de mira a los canales de comunicación, se han censurado las redes sociales y se han cerrado medios de comunicación, todo lo cual ha tenido un terrible impacto en la capacidad de la población para acceder a información vital sobre cómo enfrentarse al covid-19”.
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“En mitad de una pandemia, se ha silenciado y encarcelado a periodistas y profesionales de la salud. La consecuencia es que la gente no ha podido acceder a información sobre covid-19, incluida la que les podría ayudar a protegerse y proteger a sus comunidades. Aproximadamente cinco millones de personas han perdido la vida a consecuencia de la pandemia, y la falta de información probablemente ha sido un factor que ha contribuido a ello”.
El gobierno de China tiene un largo historial de control de la libertad de expresión. Ya en diciembre de 2019, muy al principio de la pandemia, hubo profesionales de la salud y periodistas ciudadanos que intentaron disparar las alarmas, pero el gobierno los puso en el punto de mira por informar sobre el brote de lo que por entonces se trataba de una enfermedad desconocida. En febrero de 2020 se habían abierto 5,511 investigaciones penales contra personas que habían publicado información sobre el brote por “inventar y difundir deliberadamente información falsa y perniciosa”, señala Amnistía Internacional.
Otros muchos países han introducido leyes opresivas que restringen el derecho a la libertad de expresión y silencian la disidencia en el marco de la pandemia o so pretexto de ella. Entre estos países se encuentran Tanzania, Rusia y Nicaragua, explica el documento.
“Amnistía Internacional pide a los Estados que dejen de utilizar la pandemia como excusa para silenciar el periodismo independiente, que levanten todas las restricciones indebidas sobre el derecho a la libertad de expresión y que proporcionen información creíble, fiable y accesible para que la opinión pública pueda estar plenamente informada sobre la pandemia.
“La desinformación no se combate con censura, sino con unos medios de comunicación libres e independientes y una sociedad civil fuerte”, exigen las conclusiones del informe. N
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