El Presidente de la República, Iván Duque Márquez, y el Secretario General de la ONU, António Guterres, adelantarán este martes una histórica jornada de trabajo en el Urabá Antioqueño, que incluye una visita al antiguo ETCR de Llano Grande, en Dabeiba, Antioquia, y la presentación de los principales logros alcanzados durante los tres años de implementación de la Política de Paz con Legalidad, evento que se realizará en el municipio antioqueño de Apartadó.
Agenda en Dabeiba
El Presidente Duque y el Secretario Guterres –quien cumple una visita de dos días a Colombia, por invitación del Mandatario colombiano–, iniciarán su agenda de trabajo con un recorrido por el antiguo Espacio de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de la vereda Llano Grande, en Dabeiba, donde serán recibidos por el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila. Allí inspeccionarán el proyecto productivo del Taller de Confecciones y sostendrán un diálogo con líderes de los reincorporados y de la comunidad.
Igualmente, en este mismo lugar, Duque y Guterres (junto con la delegación del Gobierno Nacional y de la comunidad internacional) participarán en la entrega de un predio para vivienda a representantes de la población en reincorporación de Palmira, Valle del Cauca, y asistirán a la firma de un convenio para la construcción de viviendas en beneficio de reincorporados de Ituango (Antioquia).
También presenciarán la entrega de una edición especial de café y de una muestra de barismo, actividades que hacen parte de los proyectos productivos impulsados por el Gobierno Nacional.
Al término del recorrido, se llevarán a cabo las intervenciones del Presidente Duque, el Secretario Guterres, el Consejero Archila y de representantes de la comunidad internacional y de la población en reincorporación del país.
Agenda en Apartadó
Tras esto, el Presidente Duque y el Secretario General de la ONU se trasladarán a la zona rural del municipio de Apartadó, Antioquia, donde visitarán las instalaciones del nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI) del corregimiento de Churidó, construido gracias al esfuerzo conjunto entre la Alcaldía de Apartadó, Comfama y Uniban.
Este CDI refleja la forma como los entes territoriales y el sector privado, con el acompañamiento del Gobierno Nacional, se pueden unir para aportarle a la Paz con Legalidad en el país.
A continuación, se trasladarán al Parque Zungo, ubicado en la sede de Comfama, en Apartadó, donde visitarán los stands de la Feria de Emprendimiento de la Política de Paz con Legalidad, que congrega los frutos de proyectos adelantados por víctimas de la violencia, comunidades de municipios PDET y beneficiarios de los programas de reincorporación y sustitución de cultivos ilícitos.
En esta Feria observarán muestras de productos como confecciones, calzado, bolsos, artesanías, sombreros tradicionales, telas típicas, jabones ecológicos, miel, café, cacao, panela, frutas, plátano y coco, entre otros.
Acto seguido, allí mismo, se llevará a cabo la presentación de logros de la Política de Paz con Legalidad, evento que incluye un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de la violencia, muestras culturales y las palabras del Presidente Duque, el Secretario General de la ONU, el Gobernador de Antioquia y el Alcalde de Apartadó (en representación de los alcaldes de los municipios PDET), así como de representantes de la comunidad internacional y de un vocero de los reincorporados.
Igualmente, en este evento intervendrán los ministros, consejeros y directores de las entidades encargadas de presentar el balance de la Política de Paz con Legalidad, en sus siete componentes principales: garantías jurídicas y políticas, apoyo a las víctimas, reincorporación de excombatientes, programas de sustitución de cultivos ilícitos, Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), Desarrollo Rural y enfoques de género, étnico y desminado humanitario.
Además, en el marco del certamen, el Gobierno Nacional realizará actos de reparación colectiva a comunidades víctimas de Arenillo (Valle del Cauca) y del Consejo Comunitario de Badillo (Valledupar).
Así mismo, hará un reconocimiento público a la lideresa indígena Rosmery Uribe, de la comunidad de Caimán Alto, localizada en el Urabá Antioqueño; entregará el proyecto productivo número 1.000 del departamento de Antioquia a la beneficiaria Estrella Echeverri, del municipio de San Rafael, y hará entrega de un proyecto de riego para beneficio de productores agropecuarios de Turbo, Antioquia.
Delegaciones
En la jornada participarán, junto con el Presidente Duque y el Secretario General de la ONU, el Consejero Emilio Archila; el Alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo; el Director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), Andrés Stapper; el Director de la Unidad de Víctimas, Ramón Rodríguez; el Director de Sustitución de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), Hernando Londoño, y los ministros de Defensa, Diego Molano; del Interior, Daniel Palacios, y de Agricultura, Rodolfo Zea.
Igualmente, el Embajador del Reino de Noruega en Colombia, John Petter Opdahl; el Embajador de Cuba, José Luis Ponce; la Ministra para el Vecindario Europeo y las Américas del Reino Unido, Wendy Morton; el Enviado Especial de la Unión Europea (UE) para el Proceso de Paz en Colombia, Eamon Gilmore, y el Presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, entre otros.
Avances en la implementación
Anunciada en la campaña presidencial y ratificada en la posesión del Presidente Iván Duque, la Política de Paz con Legalidad se formuló durante los primeros 100 días de su Gobierno y se lanzó oficialmente el 17 de diciembre de 2018, bajo el enfoque de dar prioridad a la reparación a las víctimas, cumplir los compromisos con las personas y familias genuinamente comprometidas con el proceso de reincorporación y con los programas de sustitución de cultivos ilícitos, y liderar el camino hacia la estabilización de los territorios más afectados por la violencia y la pobreza.
De acuerdo con el Consejero Presidencial para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, “gracias a la gestión del Gobierno Duque, en el marco de la Política de Paz con Legalidad, la implementación es irreversible. En cada ámbito, siguiendo las directrices del Presidente, hemos dado una señal política de cumplir, realizado las planeaciones de largo plazo y cumplido ejecutorias por mucho más de lo que correspondería a tres años” de un proceso previsto para durar quince.
Al respecto cabe indicar que –según el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO), del DNP–, aunque solo ha transcurrido el 33,3% del tiempo estipulado para la implementación, los avances a la fecha superan con creces los resultados que se deberían presentar a esta altura de la administración del Presidente Duque.
Es así como, según el SIIPO, a la fecha se registra un avance del 46,8% en reforma rural integral, del 34,9% en participación política, del 65,1% en el denominado fin del conflicto, del 51,4% en solución a las drogas ilícitas, del 48,1% en atención y reparación a las víctimas y del 55,9% en las tareas relacionadas con verificación.
Todos estos indicadores de avances son, de hecho, muy superiores al 33,3% esperado en este momento del actual Gobierno, lo cual, en gran medida, se debe a la eficacia y pertinencia de la Política de Paz con Legalidad.
Recursos crecientes
Una muestra del compromiso al respecto se relaciona con la asignación creciente de recursos públicos para la implementación.
En este sentido, cabe destacar que en el Plan de Desarrollo 2018-2022, formulado por la administración del Presidente Duque, se estableció la inclusión de un trazador especial en el Presupuesto General de la Nación (PGN), que permite identificar el monto de recursos públicos destinados, en cada vigencia, a los programas de construcción de paz que son ejecutados por distintas entidades públicas.
Es así como, según cifras de los anexos del proyecto del PGN de 2022, para el próximo año se previó destinar cerca de 11 billones de pesos para los programas de construcción de paz, un monto superior a los 10,7 billones de pesos aprobados en el PNG de 2021.
Además, en la Ley del PNG de 2022 se mantuvieron las significativas partidas presupuestales para las entidades encargadas de ejecutar la Política de Paz con Legalidad, así como para las diferentes instancias de la Justicia Transicional, lo cual garantiza la independencia y colaboración armónica entre las instituciones del país.
Logros históricos
Como parte del balance de logros que se presentará durante la jornada en el Urabá, la Consejería para la Estabilización ha destacado el apoyo a los cerca de 13 mil excombatientes que dejaron las armas, y la ejecución sin precedentes del presupuesto para la atención de víctimas, que en 2020 fue de un billón de pesos, el más alto de la historia.
De la misma manera, se resalta la vigencia del programa de sustitución de cultivos ilícitos, que vincula a 100 mil familias, correspondientes a unos 400 mil colombianos, que le dijeron no a la coca, así como los 184 municipios declarados libres de sospecha de minas antipersonal y los resultados del trabajo para tener un campo más inclusivo, con obras y oportunidades, a través de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
“Celebramos que ya 10 departamentos se hayan sumado a este empeño adoptando sus propias políticas de Paz con Legalidad, y, con el mismo patriotismo, invitamos a los futuros gobernantes para que se construya sobre lo ya construido y no se desaproveche esta oportunidad única de mejorar la vida de millones de colombianos”, afirma el Consejero Archila.
Hitos recientes
Cabe mencionar, además, los más recientes hitos de la Paz con Legalidad, entre los cuales se destaca la promulgación por parte del Presidente Iván Duque del acto legislativo que crea las 16 circunscripciones especiales de paz y la adopción de medidas para que dichas circunscripciones beneficien a las víctimas y no a los victimarios. Estas nuevas curules de la Cámara de Representantes se aplicarán en los períodos legislativos 2022-2026 y 2026-2030.
Así mismo, se resalta la ampliación del mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia hasta el 31 de octubre de 2022, por solicitud expresa del Presidente Duque al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con el objetivo de que la Misión realice el seguimiento y monitoreo a las sanciones propias que se impongan por parte de la JEP.
De igual manera, a solicitud del Gobierno del Presidente Duque, se prorrogó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras hasta 2031, es decir por diez años más, con lo cual se dieron garantías para la continuidad de la política pública de víctimas, dando cumplimiento a un componente esencial de su estrategia de Paz con Legalidad.