En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general de 12 años para el ejercicio de funciones públicas al exalcalde de El Carmen de Bolívar, Bolívar, Francisco José Vega Arrauth (2012 – 2015); al exsecretario de Planeación de Obras Públicas y Saneamiento Básico, Mario José Melo Villa (2014 – 2016); y de 11 años a Wiston Hernández Amaya, representante legal de la firma Peralta Romero Asociados SAS, entidad interventora, por las irregularidades en la construcción del acueducto rural de Caracolí, en jurisdicción de ese municipio.
El órgano de control comprobó que las obras se iniciaron sin tener la licencia ambiental expedida por la Corporación Autónoma Regional, Cardique, lo que obligó a la suspensión de las mismas; y que los predios en los que estaban siendo ejecutadas no pertenecían a El Carmen de Bolívar.
Adicionalmente, la entidad estableció que Vega Arrauth hizo una adición presupuestal y extendió el plazo de ejecución, lo que implicó recalcular porcentajes de los valores inicialmente estipulados.
Por otra parte, la Procuraduría demostró que el exalcalde autorizó pagos que superaron el 50 % del valor contratado, no obstante, el avance de las obras no llegaba al 42 %, situación que generó la suspensión del contrato por parte del municipio y de la autoridad ambiental.
La Procuraduría calificó la falta de forma definitiva como gravísima a título de culpa gravísima.
La Procuraduría también sancionó con destitución e inhabilidad de 12 años al secretario de planeación y supervisor del contrato, Mario José Melo Villa, por omitir el deber de informar a la administración municipal la falta de permisos y la situación de titulación del lugar en el que se adelantaban los trabajos; y de 11 años al representante legal de la firma interventora Peralta Romero Asociados SAS, Wiston Hernández Amaya.