El régimen de Venezuela intensificó la violencia y el acoso judicial contra periodistas; cerró ocho emisoras, y las páginas digitales de los medios sufren bloqueos discrecionales. Tras la suspensión temporal de la página de Nicolás Maduro en Facebook, el gobierno anunció un proyecto de ley para regular las redes sociales.
El informe sobre Venezuela fue presentado en la Reunión de Medio de Año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) la semana pasada. La organización también emitió una resolución en la que condena la violencia sistemática a las libertades de expresión y de prensa, y exige el cese de la persecución y ataques contra periodistas y medios.
La situación de la libertad de expresión sigue en el mismo nivel crítico de los últimos años. Se trata de una dictadura implacable que considera el periodismo independiente como un enemigo permanente.
Al menos ocho estaciones de radio han sido sacadas del aire en todo el territorio nacional. La utilización de la ley Resorte que regula el espectro radioeléctrico de manera discrecional y punitiva es el instrumento para silenciar la radio. Por lo pronto las estaciones de radio que todavía existen están auto censuradas por el terror que genera esta ley Resorte.
El 11 de marzo la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, señaló que su oficina registró desde septiembre de 2020 una “reducción del espacio cívico”, tiempo en el que documentaron “al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios”. Se refirió a las incautaciones y restricciones de las que fueron víctimas los medios. “Tan sólo en el mes de enero se ejecutaron al menos 3 operaciones de registro e incautación en los locales de medios de comunicación. En distintos grados, se incautó equipamiento, se cerraron oficinas, se intimidó al personal y se suspendieron emisiones.”
Bachelet también hizo referencia de al menos 15 casos de intimidación y acoso contra periodistas en las elecciones del 6 de diciembre.
La mayoría de los medios que difunden informaciones críticas han migrado a internet. Sin embargo, el gobierno, a través de las compañías telefónicas, bloquean las páginas de acuerdo a lo que consideran noticias perniciosas para la Revolución. Son bloqueos discrecionales, puntuales y temporales.
A muchos periodistas se les ha iniciado investigaciones penales ordenadas por jerarcas del gobierno con la finalidad de silenciarlos e intimidarlos.
El 12 de octubre la Comisión del Sebin allanó la casa del abogado David Natera Febres, director de diario Correo del Caroní, en el estado Bolívar. No permitieron el ingreso del abogado a la vivienda. Los funcionarios aseguraron que luego de que rindiera una declaración lo llevarían de regreso a casa.
Luego de pasar cerca de cuatro horas en la sede del Sebin, en Puerto Ordaz, Natera fue liberado. Días después, la Comisión del Sebin allanó la sede del diario. No permitieron el ingreso del abogado y del director Natera, y a quienes estaban adentro, se les impidió el uso del teléfono. Luego de más de seis horas los funcionarios se llevaron ilegalmente a Susana Reyes, secretaria de Natera, y a la periodista María Ramírez Cabello. Fueron liberadas seis horas después.
En la calle la intimidación a los periodistas es una constante permanente. Son incontables los casos de amenazas, robo de equipos, mini secuestros, agresiones físicas por parte de los distintos órganos represivos del Estado, así como de parte de colectivos, grupos paramilitares armados, protegidos y empleados por el gobierno.
Los personeros del gobierno utilizan los medios audiovisuales para generar odio contra los periodistas. Se estima que cinco mil periodistas se fueron del país.
El 10 de febrero el diputado de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, sugirió al Ministerio Público abrir una investigación contra el portal de noticias Efecto Cocuyo. Amenazó al medio por informar sobre el reportaje publicado por la revista Semana de Colombia, acerca de la presencia de líderes guerrilleros de las FARC en territorio venezolano.
Sigue la persecución contra corresponsales extranjeros, un ejemplo es el secuestro a dos periodistas de NTN24. Los permisos de entrada al país son engorrosos.
La Asamblea Nacional, electa fraudulentamente el 5 de enero por el régimen, anunció que redactará una ley para regular las redes sociales y definir penalmente lo que entienden por traición a la patria.
El ministro de Comunicación, Freddy Ñañez, informó que con la reforma de la ley se busca defender “no solo la libertad de expresión de Nicolás Maduro, sino el derecho a estar informado de manera veraz y oportuna a más de 1.200.000 personas que hacen parte de esta cuenta por donde se emite información de interés público”. La excusa fue el bloqueo de la cuenta de Nicolás Maduro en Facebook, después de recomendar el uso de carvativir para contrarrestar los efectos de la pandemia.