En el marco de la jornada especial de intervención que se desarrolla en el departamento de La Guajira, en la que se buscan adoptar acciones verificables y de inmediato cumplimiento que solucionen las problemáticas de la salud territorial, la Superintendencia Nacional de Salud presentó los resultados del diagnóstico del aseguramiento para la población indígena.
El análisis fue socializado ante los representantes regionales de las EPS Cajacopi, Anas Wayuu, Dusakawi, EPS Familiar de Colombia, AIC, y autoridades locales de la región con el fin de verificar garantía de la prestación del servicio de salud de la población afiliada teniendo en cuenta la contratación y el flujo efectivo de recursos.
La Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud, María Isabel Ángel, reveló que en las 5 EPS auditadas se identificaron 14 de los 27 casos reportados de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años durante este año, así: 1 en AIC; 2 en EPS Familiar de Colombia; 7 en Dusakawi y 4 casos en Anas Wayuu.
“Desde el Gobierno Nacional existe una triple preocupación por esta región del país relacionada con la mortalidad materna, la desnutrición en menores de 5 años y el uso eficiente de los recursos y las funciones del aseguramiento de las EPS. No podemos seguir permitiendo las fallas en la prestación que siguen cobrando vidas”, dijo el Superintendente Nacional de Salud, Ulahí Beltrán López.
Y agregó: “Lo que ocurre en La Guajira es preocupante y no puede continuar, debemos actuar de inmediato para garantizar un aseguramiento oportuno, integral y de calidad a los ciudadanos. Hoy la Supersalud está actuando de manera presencial y funcional”.
Por otra parte, frente a la red de prestación de servicios se identificó un deficiente análisis con respecto a la suficiencia de la red contratada por cada una de las EPS que opera en el territorio, lo que evidencia la falta de suficiencia e integralidad que se requiere para garantizar la oportuna atención a la población afiliada, razón por la cual la Superintendencia urgió a los representantes de las EPS para que ejecuten las acciones necesarias que permitan mejorar los indicadores de salud que se registran.
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EPS no transfieren recursos a red pública
Adicional a este ejercicio, se verificó el comportamiento del flujo de recursos entre las entidades responsables de pago y la red de servicios, representado en los pagos a los prestadores. Como resultado, se evidenciaron bajos porcentajes de transferencia de recursos, a pesar de tratarse de EPS del régimen subsidiado.
“En el diagnóstico realizado identificamos una concentración de contratación y pagos hacia las IPS indígenas, en detrimento de la red pública habilitada en el departamento, lo que deja en riesgo la prestación de los servicios de salud”, aseguró la Delegada de la Supersalud.
A marzo de 2023, las cuentas por pagar de estas entidades con la red de atención sumaban más de $67.000 millones, representados así: Anas Wayuu, $31.157 millones; Dusakawi, $21.689 millones; EPS Familiar de Colombia, $9.659 millones; AIC, $2.294 millones; y Cajacopi, $2.273 millones.
En simultanea al proceso de socialización de los resultados y las alertas respectivas, se desarrollan auditorías a 5 de las EPS con presencia en el departamento para verificar:
1-. La garantía en la prestación de servicios y entrega de medicamentos.
2-. Seguimiento a los casos por desnutrición infantil en menores de 5 años.
3-. Garantía a la libre escogencia de EPS y unificación del grupo familiar a través del seguimiento a las reclamaciones radicadas por los usuarios.
4-. Cumplimiento a los acuerdos de pago y flujo efectivo de recursos.
Las acciones desarrolladas serán objeto de estricto seguimiento por parte de la Supersalud que aborden los aspectos, que hoy se clasifican de extrema criticidad, para reducir las barreras en el acceso a los servicios de salud. Este despliegue evidencia el esfuerzo por proteger la salud y la vida de los usuarios, especialmente la más afectada y vulnerable.