Cuando la tierra tembló en Colombia, ¿quién salvó a los animales?
Jorge Medina Rendón
El terremoto no preguntó quién era humano y quién no.
Cuando la tierra comenzó a estremecerse el 10 de agosto de 2026, las paredes cayeron sobre familias enteras, hospitales, viviendas y animales.
Perros y gatos quedaron encerrados dentro de apartamentos; otros desaparecieron cuando sus familias corrieron hacia la calle. En el campo, ganado, caballos, aves y otros animales quedaron expuestos a derrumbes, destrucción de instalaciones, falta de alimento y agua.
Y en los ecosistemas golpeados por el sismo había otra población imposible de evacuar por sus propios medios: la fauna silvestre.
Colombia comenzó entonces a contar la tragedia.
Muertos. Heridos. Desaparecidos. Familias damnificadas. Viviendas destruidas. Edificios afectados. Hospitales averiados.
Pero existe otra contabilidad sobre la que el país todavía tiene muchas menos respuestas:
¿Cuántos animales murieron?
¿Cuántos resultaron heridos?
¿Cuántos desaparecieron?
¿Cuántos fueron abandonados involuntariamente cuando sus familias tuvieron que evacuar?
¿Cuántos permanecieron durante horas o días dentro de edificios a los cuales sus propietarios tenían prohibido regresar?
¿Cuántos animales de producción murieron o quedaron lesionados?
¿Y qué ocurrió con la fauna silvestre?
No son preguntas marginales.
Son preguntas que el propio Estado colombiano se obligó a contestar.
LA LEY LLEGÓ ANTES DEL TERREMOTO
El país no fue sorprendido por el terremoto sin legislación.
El 9 de julio de 2025 entró en vigencia la Ley 2474, mediante la cual Colombia modificó su sistema nacional de gestión del riesgo para reconocer e incluir expresamente a los animales dentro de esa política.
La ley reformó la Ley 1523 de 2012 y convirtió la protección animal durante los desastres en una obligación del sistema nacional de gestión del riesgo.
Ya no se trataba exclusivamente de salvar personas, proteger infraestructura y restablecer servicios.
Los animales entraron formalmente en la ecuación.
La legislación ordenó incorporar enfoques de protección, bienestar y salud animal a la gestión del riesgo y extender esa responsabilidad a la organización nacional y territorial del sistema.
Pero incluso antes de esa ley existía un instrumento operativo.
En diciembre de 2024, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres había adoptado el Protocolo de Atención para los Animales en Situaciones de Emergencia.
Su alcance tampoco era ambiguo.
Comprendía animales de compañía, animales de producción y fauna silvestre.
Colombia sabía, por tanto, qué debía hacer.
Y sabía que un terremoto podía ocurrir.
DE LA SIMULACIÓN AL DESASTRE REAL
Hay una circunstancia que vuelve especialmente revelador lo ocurrido.
Durante 2025, el sistema colombiano de gestión del riesgo realizó actividades de preparación que incluían precisamente atención animal en emergencias y escenarios simulados de sismo.
La Ungrd reunió coordinadores territoriales y desarrolló ejercicios sobre atención de animales y operaciones de búsqueda y rescate en escenarios sísmicos. El país había ensayado la emergencia. El 10 de agosto de 2026 dejó de ensayarla.
Un terremoto de magnitud 7,4 golpeó el occidente colombiano y afectó con particular fuerza regiones como Valle del Cauca, Chocó y el Eje Cafetero. Ahora el interrogante es inevitable:
¿Funcionó lo que Colombia había diseñado?
LOS ANIMALES TAMBIÉN QUEDARON BAJO LOS ESCOMBROS
Las imágenes comenzaron a responder parcialmente.
Hubo rescates. Perros fueron encontrados vivos entre estructuras colapsadas. Equipos de emergencia atendieron animales atrapados y ciudadanos buscaron desesperadamente mascotas perdidas.
Tres días después del terremoto, un perro fue extraído con vida de los escombros de un edificio en Cali cuando las operaciones se acercaban al final de la denominada ventana crítica de las primeras 72 horas.
La emergencia adquirió tal dimensión que llegó a Cali un grupo brasileño especializado en rescate animal integrado por bomberos civiles, veterinarios y biólogos. La solidaridad también apareció rápidamente.
Organizaciones ciudadanas recolectaron concentrado, medicamentos, alimentos húmedos, guacales y suministros destinados a animales afectados.
Todo eso demuestra que hubo respuesta.
Pero no responde todavía la pregunta principal:
¿Cuál fue la respuesta del sistema que Colombia había creado específicamente para este momento?
Porque una cosa es encontrar historias extraordinarias de rescate.
Otra muy distinta es disponer de una política pública nacional capaz de identificar, evacuar, atender y registrar a la población animal afectada por una catástrofe.
EL NÚMERO QUE NO CONOCEMOS
A una semana del terremoto, esta investigación no encontró todavía publicado por las autoridades nacionales un balance integral, municipio por municipio y especie por especie, que permita conocer con precisión:
- animales muertos;
- animales heridos;
- animales desaparecidos;
- animales rescatados;
- animales evacuados;
- animales albergados temporalmente;
- animales reunificados con sus familias;
- animales de producción afectados;
- fauna silvestre afectada.
Han circulado cifras provenientes de ciudades, centros de atención y organizaciones, e incluso reportes periodísticos que hablan de cientos y más de un millar de animales afectados.
Pero precisamente allí aparece el problema.
¿Existe una cifra oficial nacional consolidada?
Si existe, debe hacerse pública.
Si no existe, Colombia enfrenta un vacío mucho más importante que la ausencia de una estadística.
Enfrenta una dificultad para planificar la protección que la ley le ordenó garantizar.
NO SE PUEDE RESCATAR LO QUE NO SE SABE QUE EXISTE
Colombia conoce con bastante detalle cuántas personas habitan cada municipio.
Sabe cuántos hogares existen. Puede establecer edades, condiciones económicas, características de las viviendas y muchas de sus vulnerabilidades. El Dane tiene precisamente la misión de producir la información estadística oficial que permite al Estado tomar decisiones.
¿Tenemos el equivalente respecto de los animales?
La respuesta es mucho menos clara.
El propio Dane ha realizado mediciones relacionadas con mascotas. La Encuesta Multipropósito de Bogotá y Cundinamarca, por ejemplo, pregunta a los hogares si tienen perros y gatos y cuántos viven permanentemente con ellos.
Es un antecedente valioso. Pero Colombia necesita ahora hacerse una pregunta diferente.
¿Existe una estadística nacional suficientemente detallada para integrar a los animales a los mapas de riesgo del país?
Porque decir cuántas mascotas existen no basta. La gestión de desastres requiere saber dónde están. ¿Cuántos animales viven en una zona de alto riesgo sísmico? ¿Cuántos están dentro de sectores susceptibles de inundación? ¿Cuántos animales de producción se encuentran en zonas expuestas a incendios forestales?
Otros interrogantes tienen que ver con:
¿Cuántos hogares no evacuarían si no pudieran llevar consigo sus animales?
¿Cuántos refugios temporales pueden recibirlos?
¿Cuántos vehículos existen para evacuarlos?
¿Cuántas clínicas veterinarias continuarían funcionando después de un terremoto?
¿Dónde se almacenarían alimentos y medicamentos?
¿Qué ocurriría con cien caballos?
¿Con cinco mil bovinos?
¿Con diez mil perros y gatos evacuados simultáneamente?
Un país que no conoce esas respuestas difícilmente puede dimensionar los recursos que necesitará cuando llegue la emergencia.
LA PROTECCIÓN NO TERMINA EN PERROS Y GATOS
Existe además el riesgo de reducir la discusión a las mascotas. La legislación colombiana no lo hace. La política contempla diferentes categorías animales.
Por eso el terremoto obliga a mirar también hacia el campo. El Instituto Colombiano Agropecuario, el Ministerio de Agricultura, las secretarías departamentales y municipales y los gremios correspondientes deben poder establecer qué ocurrió con los animales de producción.
¿Cuántas explotaciones pecuarias fueron afectadas?
¿Cuántos bovinos, porcinos, equinos y aves murieron?
¿Cuántos quedaron heridos?
¿Cuántos perdieron acceso a agua?
¿Cuántos tuvieron que ser trasladados?
¿Qué pasó con los animales cuyos propietarios murieron o quedaron hospitalizados?
La pregunta alcanza igualmente al Ministerio de Ambiente, las corporaciones autónomas regionales y las autoridades responsables de fauna.
Porque un desastre natural también modifica hábitats, destruye refugios, desplaza especies y puede producir heridas y mortalidad sobre animales silvestres.
¿Quién los contó?
LAS ALCALDÍAS Y GOBERNACIONES TIENEN RESPONSABILIDADES
El sistema colombiano de gestión del riesgo es territorial. Eso significa que una parte fundamental de esta investigación no debe hacerse solamente en Bogotá.
Debe hacerse en cada ciudad y departamento afectado. Alcaldes y gobernadores tienen que responder si sus estrategias territoriales de respuesta habían incorporado efectivamente el protocolo nacional de atención animal.
No basta mostrar el documento. Hay que demostrar su capacidad operacional. A cada administración debería preguntársele:
¿Cuántos veterinarios estaban disponibles el 10 de agosto?
¿Cuántos fueron activados?
¿Cuántos vehículos estaban destinados al traslado de animales?
¿Dónde estaban previstos los albergues?
¿Cuántos animales podían recibir?
¿Había alimento almacenado?
¿Existían medicamentos?
¿Había guacales?
¿Existían equipos para rescatar animales grandes?
¿Bomberos estaban capacitados para hacerlo?
¿Se había realizado algún simulacro?
¿Cuándo?
¿Cuántos animales participaron?
¿Qué falló durante el terremoto?
¿Qué debió improvisarse?
¿Cuánto dinero se había presupuestado?
¿Cuánto se gastó realmente?
UNA PREGUNTA INCÓMODA PARA LOS ALBERGUES
Existe otro asunto que puede parecer pequeño hasta que ocurre una catástrofe.
Una familia consigue salir viva de su vivienda. Lleva consigo a su perro. Las autoridades le indican que debe acudir a un albergue.
¿Puede entrar con él?
Si la respuesta es negativa, el Estado coloca al ciudadano frente a una decisión extraordinariamente difícil: proteger su propia vida abandonando al animal o permanecer fuera del sistema de refugio para no dejarlo atrás. Eso también es gestión del riesgo.
Las investigaciones internacionales sobre evacuaciones han demostrado desde hace años la importancia del vínculo entre personas y animales durante los desastres.
Colombia debe establecer claramente qué ocurrió esta vez.
¿Cuántos albergues recibieron animales?
¿Cuáles no?
¿Dónde permanecieron?
¿Fueron separados de sus familias?
¿Quién garantizó alimentación, agua y atención veterinaria?
LA CONSTITUCIÓN ECOLÓGICA
La discusión va todavía más lejos que la Ley 2474.
Desde hace años la Corte Constitucional colombiana desarrolla una jurisprudencia alrededor de lo que se denomina la Constitución Ecológica.
Los animales dejaron jurídicamente de ser tratados simplemente como cosas.
La legislación los reconoce como seres sintientes, y la Corte ha reiterado que gozan de especial protección constitucional y legal.
La jurisprudencia no ha llegado a declarar que los animales sean titulares de los mismos derechos fundamentales reconocidos a las personas.
Esa diferencia es importante.
Pero tampoco permite regresar a la vieja concepción según la cual su sufrimiento resulta jurídicamente irrelevante.
La Constitución impone deberes de protección ambiental; la legislación impone protección animal y el sistema nacional de gestión del riesgo acaba de recibir un mandato explícito para incorporarlos.
Surge entonces una cuestión constitucional que Colombia tendría que discutir:
¿Hasta dónde llega la obligación del Estado de proteger la vida animal cuando una catástrofe amenaza simultáneamente a seres humanos y animales?
Y otra quizá todavía más importante:
¿Puede existir un déficit constitucional de protección cuando el Estado reconoce jurídicamente a una población vulnerable pero no dispone de información, recursos o capacidad suficiente para protegerla?
¿PUEDE INTERVENIR LA CORTE CONSTITUCIONAL?
La respuesta merece precisión.
No basta enviar una petición a la Corte Constitucional solicitándole que produzca una sentencia general.
Los tribunales constitucionales actúan sobre procesos y mecanismos jurídicos determinados.
Pero eso no significa que esta discusión esté cerrada.
Un caso concreto en el cual una omisión estatal comprometa derechos fundamentales de personas y el deber constitucional de protección animal podría llegar a tutela y eventualmente ser seleccionado para revisión.
También pueden existir acciones populares relacionadas con derechos colectivos, ambiente y obligaciones de las administraciones.
Y, dependiendo de la existencia de normas presuntamente contrarias a la Constitución, pueden darse acciones públicas de inconstitucionalidad.
Lo verdaderamente trascendente sería que un caso relacionado con una emergencia permitiera a la justicia determinar cuál es el contenido mínimo de la obligación estatal de proteger animales durante una catástrofe.
No estamos afirmando que la Corte deba reconocer a los animales un derecho fundamental idéntico al derecho humano a la vida.
Estamos planteando una pregunta diferente:
Si la Constitución exige proteger la fauna, la legislación reconoce a los animales como seres sintientes y una ley específica ordena incorporarlos a la gestión del riesgo, ¿qué ocurre cuando el Estado incumple materialmente esa obligación?
COLOMBIA TAMBIÉN TIENE COMPROMISOS INTERNACIONALES
La discusión tampoco ocurre aislada del mundo.
Colombia pertenece a la Organización Mundial de Sanidad Animal —Omsa—.
Este organismo internacional ha desarrollado directrices de gestión de desastres y reducción de riesgos relacionadas con sanidad y bienestar animal y salud pública veterinaria.
Su filosofía parte de una idea sencilla: los animales deben estar integrados a la preparación para los desastres y no incorporarse cuando la catástrofe ya comenzó.
Eso implica planificación.
Servicios veterinarios.
Coordinación institucional.
Recursos.
Comunicación.
Evacuación.
Recuperación.
Planes adaptados a diferentes amenazas y territorios.
No todas las catástrofes son iguales.
Un incendio forestal exige una respuesta.
Una inundación, otra.
Un terremoto, otra.
Y dentro del mismo terremoto no es igual rescatar un gato de un apartamento que evacuar cincuenta bovinos de una finca.
EL TERREMOTO COMO AUDITORÍA
El desastre del 10 de agosto produjo, involuntariamente, la auditoría más dura posible a la nueva política colombiana.
Ya no necesitamos preguntarnos qué ocurriría. Ocurrió. Ahora tenemos que reconstruir la respuesta. Minuto a minuto. Municipio por municipio. Institución por institución. La pregunta no debería ser si hubo personas heroicas que rescataron animales. Las hubo.
La pregunta debe ser si el Estado funcionó como sistema. Porque las políticas públicas no pueden depender exclusivamente del heroísmo.
15 PREGUNTAS QUE EL ESTADO DEBE RESPONDER
La Gran Noticia plantea públicamente estas preguntas a la Presidencia de la República, la Ungrd, el Dane, el ICA, los ministerios de Ambiente y Agricultura, gobernaciones, alcaldías y autoridades ambientales:
1. ¿Cuántos animales murieron como consecuencia directa o indirecta del terremoto del 10 de agosto?
2. ¿Cuántos resultaron heridos?
3. ¿Cuántos permanecen desaparecidos?
4. ¿Cuántos fueron rescatados?
5. ¿Cuántos fueron evacuados preventivamente?
6. ¿Cuántos fueron alojados en refugios temporales?
7. ¿Cuántos pudieron reunirse posteriormente con sus familias?
8. ¿Cuántos animales de producción resultaron afectados y cuál fue el impacto económico y sanitario?
9. ¿Qué información existe sobre fauna silvestre afectada?
10. ¿Qué municipios afectados habían incorporado antes del terremoto el protocolo nacional de atención animal a sus estrategias territoriales?
11. ¿Cuáles habían realizado simulacros?
12. ¿Qué presupuesto estaba disponible para atender animales durante la emergencia?
13. ¿Qué fallas detectó la UNGRD durante la aplicación real del protocolo?
14. ¿Existe en Colombia un sistema estadístico nacional capaz de establecer cuántos animales están expuestos a cada escenario de riesgo?
15. Si no existe, ¿quién debe crearlo y cuándo?
EL DANE TIENE UNA PREGUNTA POR CONTESTAR
De esta tragedia puede surgir una reforma importante.
Colombia debería analizar si su sistema estadístico nacional necesita incorporar sistemáticamente información sobre animales de compañía y articular esos datos con los registros pecuarios, ambientales y territoriales existentes.
No se trata necesariamente de convertir el censo humano en un «censo animal».
Se trata de construir información pública suficientemente robusta para planificar.
El Dane debe decir qué información ya produce, cuál pueden aportar otras entidades, qué vacíos existen y cómo podrían integrarse. El terremoto demostró por qué importa.
LA VIDA QUE NO APARECE EN LAS ESTADÍSTICAS
Cuando un perro es rescatado de los escombros después de tres días, existe una noticia.
Cuando centenares desaparecen y nadie sabe exactamente cuántos eran, existe otra.
Mucho más grande.
Porque el problema deja de ser exclusivamente animal.
Se convierte en un problema del Estado.
Colombia dio un paso histórico al incorporar a los animales a su política nacional de gestión del riesgo.
Ahora tiene la obligación de demostrar que esa decisión significa algo cuando la tierra tiembla.
El 10 de agosto de 2026 llegó la primera gran prueba.
Hay perros que volvieron a los brazos de sus familias.
Hay otros que no aparecieron.
Probablemente existen animales muertos que nunca entrarán en ninguna estadística.
Existen animales rurales cuya historia todavía no conocemos.
Y existe fauna silvestre que quizá nunca será contabilizada.
Por eso este reportaje no termina aquí.
Comienza aquí.
La pregunta queda abierta para alcaldes, gobernadores, organismos de socorro, entidades nacionales, universidades, veterinarios, organizaciones animalistas, juristas, constitucionalistas y ciudadanos:
Si Colombia ya decidió por ley que los animales deben ser protegidos durante un desastre, ¿estaba realmente preparada para salvarlos?El terremoto acaba de darnos la oportunidad —y la obligación— de averiguarlo.
