Aerocivil tendrá que revocar licitación de radioayudas por riesgo patrimonial de $18 mil millones

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Luego de hallar graves inconsistencias en los trámites procedimentales, la Procuraduría le pidió a la Aeronáutica Civil revocar el acto de apertura de la licitación con la que busca adquirir equipos de radioayudas para los aeropuertos de Bogotá, Cartagena, Rionegro y Cúcuta.

Tras la revisión de documentos, el Ministerio Público evidenció, al parecer, fallas en el cumplimiento de los cronogramas que podrían transgredir los principios de la contratación estatal.

Advierte el procurador Marcio Melgosa, delegado primero para la vigilancia de la Función Pública, que la Aeronáutica Civil, por medio de adendas, cambió las fechas establecidas desde el mismo inicio de la apertura del proceso (27 de diciembre de 2023), trasgrediendo no solo normas de la contratación, sino también intereses de los mismos oferentes.

Repara el delegado del Ministerio Público que la entidad prorrogó el plazo de la licitación en más de la mitad del inicialmente fijado, es decir, que la fecha establecida era hasta el 6 de febrero de 2024, y la extendió hasta el 13 del mismo mes, contrariando lo dispuesto por el Estatuto General de la Contratación.

Otro de los puntos cuestionados por el ente de control fue el plazo de adjudicación que estaría enmarcado entre los días del 24 al 29 de febrero de 2024, pero esta se prorrogó hasta el 7 de junio, yendo en contravía de los rigores normativos de la Ley 80 de contratación.

Así las cosas, el procurador delegado advirtió que estos hechos “podrían derivar en una nulidad o ineficacia del pleno derecho por violación a una norma imperativa de orden público y del principio de economía (artículo 1741 del Código Civil y artículo 44 de la Ley 80 de 1993)”. 

En consideración, el representante del órgano de control pidió a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil revocar el acto de apertura de la licitación con el fin de adecuar su actividad contractual a los principios orientadores de la contratación pública.

Advirtió que se encuentran en riesgo patrimonial más de 18 mil millones de pesos debido a las fallas evidenciadas en el procedimiento contractual.