Mujeres afrocolombianas entregaron este miércoles a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) un informe sobre 109 casos de delitos sexuales perpetrados entre 1991 y 2021 que muestran que este tipo de violencia, ejercida por diferentes actores del conflicto armado, fue sistemática.
“Con la entrega de este informe buscamos que se avance en las investigaciones de estos delitos para que se sancione a los responsables, se conozcan las motivaciones que tuvieron para cometer dichas atrocidades y se repare integralmente a las víctimas”, dijeron las integrantes del colectivo La Comadre, que hace parte de la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes).
La mayor parte de los casos documentados ocurrió durante la adolescencia de las víctimas, cuando tenían entre 12 y 18 años de edad, y con ellos el colectivo espera seguir demostrando que la violencia sexual en el conflicto armado “ha marcado los cuerpos y las vidas de las mujeres en todas sus dimensiones”.
Las integrantes de La Comadre, quienes extendieron un telar pintado con mensajes de mujeres de Soacha, localidad al sur de Bogotá; víctimas y desmovilizadas, comenzaron la entrega del informe con un ritual especial y cánticos de plegaria.
Además presentaron una obra de teatro sobre lo que han vivido en el conflicto armado para visibilizar sus historias de resiliencia, lucha y búsqueda de la verdad, así como para exigir la implementación integral del acuerdo de paz firmado con las FARC en noviembre de 2016.
“La paz no es posible mientras nuestros cuerpos sigan siendo botín de guerra”, dijo la secretaria general de Afrodes, Luz Marina Becerra, al explicar que el informe significa para las víctimas “la esperanza que tenemos a través de la JEP de acceder a la justicia, que la justicia ordinaria no nos ha brindado”.
VIOLENCIA SEXUAL COMO ARMA DE GUERRA
Las víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado han insistido a la JEP para que abra un macrocaso en el que investigue y sancione estos delitos por los cuales, según el Observatorio de Memoria y Conflicto, hay al menos 15.738 víctimas registradas entre 1958 y 2018.
“Hacemos un llamado a la JEP para que algún día se pueda avanzar en las investigaciones, esclarecer la verdad y judicializar a los responsables”, reclamó Becerra.
Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, la violencia sexual ha sido una modalidad de violencia que cumple distintos fines de acuerdo con los objetivos de los actores armados y de los distintos momentos de confrontación, pero con el común denominador de que perpetúa el despojo de humanidad de los cuerpos femeninos.
“La palabra de cada una de las víctimas nos da la posibilidad de llegar a los comparecientes para conocer la verdad”, reconoció la presidenta de la Sala de Reconocimiento de la JEP, magistrada Nadiezhda Henríquez, al recibir el informe.
La togada aclaró que aunque el tribunal, creado por el acuerdo de paz, solo investiga hechos ocurridos antes del 1 de diciembre de 2016, los casos registrados en el documento que hayan ocurrido después de esa fecha serán trasladados a las autoridades correspondientes.
“Este informe constituye una forma ejemplar de conmemorar la lucha permanente de las mujeres afrodescendientes en el país”, aseguró por su parte la representante adjunta de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Montserrat Solano Carboni.
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