Blanca Durán, ha venido haciendo un seguimiento juicioso a los casos, algunos de los cuales fueron conocidos en su momento cuando ejercía como directora del IDRD.
La exfuncionaria asegura que la Fiscalía no está haciendo la tarea para investigar y hacer justicia en los casos de las deportistas víctimas de abuso sexual y acoso, mientras que el IDRD abandonó los programas de prevención y apoyo para las deportistas bogotanas.
Bogotá D.C., septiembre de 2025. La impunidad sigue siendo la regla frente a los casos de abuso y acoso sexual en el deporte colombiano. Entre 2021 y 2023, se interpusieron 41 denuncias por violencia sexual en escenarios deportivos de Bogotá, varias de ellas de menores de edad y personas con discapacidad.
Hoy, después de múltiples derechos de petición y Tutelas, la Fiscalía General de la Nación reconoció lo que lamentablemente ya las víctimas sabían: no hay avances, cero resultados.
Casos emblemáticos como el de un joven con síndrome de Down en el Complejo Acuático Simón Bolívar o el de un menor de 14 años víctima de actos sexuales fueron cerrados rápidamente: el primero terminó en preclusión, el segundo fue archivado por “conducta atípica” en menos de un mes.
De los 41 casos remitidos, la Fiscalía solo logró identificar 27, de los cuales 15 ya están inactivos. La mayoría fueron archivados por “conducta atípica”, “inexistencia del hecho” o preclusión. Apenas ocho siguen en etapa de indagación o juicio.
“Estas cifras no pueden quedarse sólo en números fríos. Son las historias de mujeres, niños y niñas que se atrevieron a denunciar, pero la justicia les dio la espalda, recibieron el silencio y la indiferencia como respuesta. La inacción demuestra la falta de debida diligencia de la Fiscalía” señala Blanca Durán, quién se ha puesto al frente del apoyo a las investigaciones.
El panorama es aún más preocupante si se observa en contexto. En Bogotá, el IDRD reportó 63 casos de violencias basadas en género en 2024 y 41 más en lo corrido de 2025 (radicado 20251010283561). A nivel nacional, el Instituto Nacional de Salud registró en 2024 un total de 13.973 casos de violencia sexual contra mujeres, lo que refleja una problemática sistemática que desborda al sistema judicial y a las instituciones encargadas de la protección de niñas, adolescentes y mujeres deportistas.
La falta de resultados judiciales y la desaparición de programas de apoyo institucional terminan enviando un mensaje devastador: denunciar no sirve. Muchas familias terminan optando por apartar a sus hijas del deporte por miedo a que se convierta en un espacio de riesgo y no de oportunidades. Esta es una pérdida enorme para el desarrollo del talento deportivo y para la construcción de sociedades más igualitarias.
“Hay muchas niñas y jóvenes con talento que no llegan a entrenar o que sus papás prefieren alejarlas del deporte por miedo a que caigan en manos de entrenadores o dirigentes que abusan de su cargo, de su poder y de su influencia. Es inaceptable que el deporte siga siendo un espacio de riesgo cuando debería ser un lugar de sueños y oportunidades”, afirmó Durán.
Retroceso en Bogotá
Durante la administración anterior, el IDRD había creado el Protocolo de prevención, detección y atención de violencias basadas en género (Resolución 981 de 2021), acompañado de un Comité Asesor. Este sistema fue pionero en el país y permitió que las víctimas pudieran denunciar y recibir acompañamiento institucional.
Como parte de esta estrategia se atendieron 104 reportes, 97 de ellos de mujeres. En los casos, predominan violencias psicológicas y sexuales. De estos casos, 41 fueron denunciados ante la Fiscalia. Actualmente, y gracias a la respuesta a un Derecho de Petición, el IDRD señala haber recibido 104 denuncias e identificado a 22 contratistas como presuntos agresores.
Sin embargo, la actual administración desmanteló prácticamente el programa: no hay recursos ni personal asignado para operarlo, lo que deja a deportistas sin garantías efectivas y sin un respaldo real. Esta falta de continuidad en las políticas públicas abre la puerta a que los abusos se perpetúen y las víctimas sigan enfrentando soledad, silencio e indiferencia.
La situación evidencia la desidia de las autoridades judiciales y la falta de interés de la actual administración por trabajar en programas de prevención y acompañamiento. Para el caso de la Fiscalía, el alto número de archivos por “conducta atípica” es un indicio de investigaciones superficiales y sin enfoque de género. Incluso para obtener respuesta de las autoridades, la propia Durán tuvo que recurrir a una Acción de Tutela con la que logró obtener la información de la Fiscalía.
La exdirectora del IDRD hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que asuma con diligencia estos procesos y deje de archivar casos sin investigación real. Y se exhorta al Ministerio del Deporte y al Gobierno Distrital a retomar programas de prevención, apoyo y acompañamiento a víctimas, garantizando rutas claras de protección.