Por Amylkar D. Acosta Medina [1]
EL ROL DE LA CREG
De acuerdo con lo establecido en las leyes 142 y 143 de 1994 y en concordancia con lo estipulado a través de las resoluciones de la Comisión de regulación de energía y gas (CREG), todas las empresas prestadoras de los servicios se rigen por dos principios fundamentales: la suficiencia financiera y los costos eficientes. Estos dos factores son los determinantes de la estructura tarifaria y su fijación, en ciclos quinquenales, que es competencia de la CREG, con base en el expediente tarifario que le presentan para su consideración y evaluación cada una de las empresas operadoras de red (OR), que son las que prestan el servicio al usuario final, sea regulado o no regulado.
Es de anotar que la promesa de la Ley eléctrica, que ya cumple 30 años de su vigencia y en cuyo texto se recogieron las lecciones aprendidas del racionamiento eléctrico al que estuvo sometido el país entre los años 1992 y 1993, era de alcanzar la universalización en la cobertura en 20 años, que se cumplieron ya hace 10 sin lograrlo. Huelga decir que el acceso al fluido eléctrico depende en primera instancia de la disponibilidad del mismo, la cual depende tanto de la capacidad instalada de generación como de la de transmisión y también, como es apenas obvio, de la capacidad adquisitiva de los usuarios, así como de las tarifas aplicables al consumo de energía. Este se viene incrementado a un ritmo que supera el 7%, promedio nacional y entre tanto en la región Caribe sobrepasa el 11%, consumiendo 1.978.18 GWH/mes!
SE DISPARAN LOS PRECIOS Y LAS TARIFAS
En los último dos años se dispararon tanto los precios en la Bolsa como la tarifa al usuario final de la energía. En ello han influido tanto factores externos como internos. Entre los factores externos se destaca la inflación global, que comenzó en la Unión Europea y se expandió por todo el orbe, aupada por el conflicto bélico que desató la invasión rusa a Ucrania. El contagio de la estanflación llevó a que la inflación en Colombia cerrara el año 2022 en 13.12% y el 2023 en 9.28%, muy por encima de la inflación objetivo fijada como meta por la Junta directiva del Banco de la República, que sigue siendo del 3% anual. Y precisamente el aumento de los precios y las tarifas de energía superaron con creces la inflación global.
Para un mejor entendimiento de la causalidad y los efectos de estas alzas de la tarifa de energía, veamos cuáles son las variables (cargos) de la ecuación que determinan la tarifa o costo unitario del KWH (CU):
Es de aclarar que el cargo por generación (G) está determinado ya sea por el precio acordado en los contratos bilaterales y/o por el precio de la energía en bolsa, dependiendo del grado de exposición de cada empresa en esta.
Uno de los factores que más contribuyó en un momento dado al alza de las tarifas fue el cambio de la metodología por parte del DANE para el cálculo del indexador aplicado a varios de los cargos, al tomar como referencia el Índice de precios al productor (IPP), que estaba desfasado, el cual por fortuna se acordó con las empresas su cambio. Otro factor, que aún sigue gravitando sobre las tarifas, empujándolas hacia arriba es el cargo por restricciones (R). Esta es una verdadera clavija en la fórmula, que data desde el año 2000, cuando la CREG, mediante la Resolución 063 dispuso que el 100% de las restricciones, causadas fundamentalmente por el atraso en la entrada de los proyectos, se le cargaran al usuario a través de la tarifa. Este cargo es mayor en la región Caribe que en el resto del país.
Ahora bien, el impacto de las alzas en las tarifas es mayor para los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, los más vulnerables, que son sujetos de los subsidios, debido a que estos sólo cubren un porcentaje del denominado consumo básico o de subsistencia, del 60% para el estrato 1, hasta 50% para el estrato 2 y 15% para el estrato 3, de 130 KWH/mes para los usuarios que habitan en territorios por encima de los 1.000 metros del nivel del mar y 173 KWH/mes los que se sitúan por debajo de esa cota. El mayor consumo que se viene dando, como excede este límite se debe pagar por parte de estos usuarios con tarifa plena, sin subsidio. Es más, si el mayor consumo excede en un 50% el consumo de subsistencia se pierde el derecho al subsidio, así lo prevé el artículo 114 de la Ley 1873 de 2017 (¡!).
Aunque las alzas en las tarifas se sienten en todo el país, sobre todo cuando se empieza a hacer efectivo el cobro de la deuda de los consumidores con las prestadoras del servicio por concepto de la opción tarifaria, que supera los $5 billones, en la región Caribe se siente más porque las mismas se dan sobre una base superior, toda vez que, a diferencia del resto del país, en donde el cargo de las pérdidas reconocidas (PR) se limitan a las pérdidas de carácter técnico que, como ya vimos, oscilan alrededor del 8%, los 2.6 millones de usuarios de la región Caribe debemos pagar además las no técnicas, que no son otras que aquellas atribuibles al robo de energía, así como a las instalaciones fraudulentas, que sumadas fluctúan en torno al 24% (¡!).
CUADRO COMPARATIVO DE LAS TARIFAS DE ENERGÍA
LOS BANDAZOS DEL GOBIERNO
Como afirmó el Arzobispo de Barranquilla Pablo Emilio Salas, “las altas tarifas de energía podrían terminar en un estallido social”. Y no es para menos. Este ha sido un verdadero viacrucis para los usuarios, mientras el Gobierno Nacional ha venido dando bandazos, con decisiones erráticas que no responden al clamor ciudadano. Primero fue en septiembre de 2022 cuando el Presidente Gustavo Petro anunció en el Congreso de ANDESCO que intervendría la Comisión de regulación de energía y gas (CREG) para detener la escalada alcista de las tarifas de energía. Lo intentó sin éxito expidiendo el Decreto 227 del 16 de febrero de 2023, el cual fue suspendido el 2 de marzo del mismo año en sus efectos, por considerar en su providencia que el Presidente de la República no podía arrogarse las competencias de la CREG, las cuales les han sido otorgadas por la Ley 142 de 1994, de servicios públicos.
Pero, a poco andar el mismo Consejo de Estado dejó en manos del Presidente Petro la CREG al declarar nulo el nombramiento de los expertos comisionados de la misma. Y desde entonces no ha sabido qué hacer con ella, manteniéndola en interinidad al no cumplir con el nombramiento en propiedad de sus reemplazos sino en calidad de encargados, lo cual ha abocado a la CREG a su virtual parálisis y aún sigue sin el quorum indispensable para tomar sus decisiones, desoyendo al Tribunal de Cundinamarca que se lo ordenó y a la Procuraduría que se lo demandó. Este sigue siendo el nudo gordiano de la problemática de las tarifas que no se resolverá hasta que el Gobierno Nacional decida desatarlo[2].
La ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez propició el que denominó un Pacto por la Justicia tarifaria, el cual se tradujo en una irrisoria baja en las tarifas del 4% frente a un acumulado del 24% de incremento en promedio a nivel nacional y de más del 40% en la región Caribe, dejando insatisfecho a los usuarios[3]. Y de contera se suspendió temporalmente el cobro de la deuda contraída por los usuarios con las empresas por concepto de la opción tarifaria, que difirió las alzas en pandemia, que ya superaba los $5 billones, la cual al reanudarse su cobro a partir de enero de este año, según lo autorizó la CREG, ha venido a atizar la espiral alcista de las tarifas.
Y más recientemente tuvo lugar una Cumbre de los parlamentarios y gobernadores en el Palacio de Nariño con el Presidente Petro, seguida por otras dos en, Sincelejo y Cartagena, con el mismo fin, encontrarle una salida a esta encrucijada. Mientras los gobernadores, alcaldes y parlamentarios le han presentado propuestas al Gobierno este sigue sin concretar sus respuestas[4]. Cuando no es que se le achaca la culpa de las alzas de las tarifas a la especulación por parte de los generadores que le atribuye el Presidente Petro a la venta de ISAGEN, se le endilga por parte del Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho al modelo “neoliberal”[5]. También se ha dicho que la única solución a todos los “entuertos” en la prestación de los servicios públicos estaría en la aprobación de la anunciada reforma de la Ley 142 de 1994 de servicios públicos.
Y últimamente han dado en la flor de agendar la deliberación y definición de la fórmula tarifaria en el anunciado por el Presidente Petro “proceso constituyente”, para que, según el Ministro Camacho “la gente tenga la posibilidad de tomar decisiones sobre esas soluciones que le estamos planteando…y tomar decisiones indica que en un tema tan estructural como las tarifas de energía”, porque, según él “detrás de esto hay un saqueo de la energía en Colombia”. Vaya usted a saber qué quiso decir el Ministro!
EL STRESS DEL SIN
En mi concepto, sin perjuicio de los cambios que requiere el despacho y la formación del precio en Bolsa de la energía, para evitar distorsiones y malas prácticas por parte de los generadores, a las cuales da lugar el cuestionado modelo marginalista, basado sólo en precios y no en costos, que debe replantearse, mientras no se destraben y acelere la ejecución de los proyectos de generación y transmisión, que están súper atrasados, el Sistema interconectado nacional (SIN) va a seguir estresado y presionando hacia el alza los precios en Bolsa y por consiguiente las tarifas de energía. Claro está que el impacto de los precios en Bolsa en las tarifas que paga el usuario final se da en proporción directa al grado de exposición en Bolsa del respectivo prestador del servicio.
A guisa de ejemplo, de los 6.608 MW nuevos de expansión de la capacidad instalada de generación que han debido entrar en 2023 sólo lo hicieron 1.141 MW, el 17%. Y de contera, también se registran atrasos considerables en la ejecución de los proyectos de transmisión de energía, los cuales han abocado a la región Caribe, como lo ha reportado la firma XM, que opera el sistema interconectado nacional (SIN), a tener “demanda no atendida”, que es el eufemismo usado para no hablar de racionamiento. Según el Presidente del Grupo Energía Bogotá Juan Ricardo Ortega, los atrasos en los proyectos de transmisión en el Centro del país ya están pasando factura en la Sabana de Bogotá, donde nuevos desarrollos industriales y de vivienda están aplazados o paralizados por no contar con la disponibilidad del fluido eléctrico. La preocupación es mayor luego de conocerse el resultado de la última subasta, largamente aplazada, cuya oferta de energía en firme para el 2027 – 2028 de 249 GWHD será insuficiente para satisfacer la demanda de 263 GWHD.
Ello se viene a sumar a la gran vulnerabilidad que acusa el SIN frente al Cambio climático, el cual se soporta en un 68% de la capacidad de generación de origen hídrico, habida cuenta de que de los 24 embalses que sirven a las hidroeléctricas, sólo uno de ellos, El Peñol, tiene una capacidad de regulación superior a un año, el resto no resisten más de cuatro meses sin aporte hídrico[6]. Ello explica en gran medida la crisis a la que está abocado el SIN frente al fenómeno de El Niño. El 23 de marzo, según XM, el nivel agregado de los embalses se situó en el 33.54%, 1.08% por debajo del mínimo histórico de los últimos 20 años para el mes de marzo. Ello llevó el precio de la energía en Bolsa a $1.015 el KWH, a sólo $19 del precio de escasez (1.034 el KWH), techo este estimado como máximo que paga la demanda por la energía. Llegado a este punto, de condición crítica del Sistema, se activa el cumplimiento de las obligaciones de oferta de energía firme (OEF) con cargo por confiabilidad.
Cota, abril de 2024
www.amylkaracosta.net
[1] Miembro de Número de la ACCE
[2] Amylkar D. Acosta M. La CREG al garete. Noviembre, 11 de 2023/ De vuelta a la interinidad de la CREG. Febrero, 23 de 2024/La comedia de la CREG en 6 actos. Febrero, 2 de 2023
[3] Amylkar D. Acosta M. El fiasco de la Justicia tarifaria. Diciembre4, 7 de 2023
[4] Amylkar D. Acosta M. Propuestas sin respuestas. Marzo, 16 de 2024
[5] Cuenta X. Marzo, 5 de 2024
[6] Amylkar D. Acosta M. El riesgo inmanente de racionamiento de energía. Mayo, 20 de 2023
Con foto tomada de https://www.sectorelectricidad.com/